En un nuevo giro de su agenda reguladora, el Gobierno socialista de España ha puesto su mirada en un ámbito tan cotidiano como la cría de gallinas para autoconsumo, desatando críticas entre los pequeños productores rurales.

Una normativa impulsada por el Ejecutivo, basada en el Real Decreto 637/2021, obliga ahora a registrar incluso las aves de corral destinadas al consumo familiar, bajo amenaza de multas que podrían alcanzar los 3.000 euros.

La medida, que entró plenamente en vigor el 1 de enero de 2024, ha sido interpretada por detractores como un paso más hacia la burocratización excesiva de la vida rural.

El decreto, aprobado hace cuatro años pero con disposiciones que se han activado recientemente, exige que cualquier persona con gallinas —aunque sea un puñado en el patio de su casa— las inscriba en el Registro General de Explotaciones Ganaderas.

Según el texto legal, esta obligación aplica tanto a grandes granjas comerciales como a quienes solo buscan huevos frescos para su mesa. «Es un ataque a las tradiciones y a la autonomía de las familias», denunció María Lozano, portavoz de la Asociación de Productores Rurales Independientes, quien calificó la norma de «absurda» para los hogares que no tienen fines comerciales.

Detalles de la normativa
La regulación no se detiene en el registro. Entre las nuevas reglas, los propietarios de gallinas deben designar un veterinario de referencia para atender posibles problemas sanitarios, garantizar una cama adecuada para las aves y abstenerse de realizar intervenciones quirúrgicas —como el recorte de picos— salvo que sean aprobadas por las autoridades y ejecutadas por personal cualificado.

Además, cualquier incumplimiento, desde no registrar las aves hasta descuidar su bienestar, puede derivar en sanciones que oscilan entre los 600 y los 3.000 euros, según lo estipulado en leyes complementarias como la Ley de Sanidad Animal de 2003.

El Gobierno defiende la medida como un esfuerzo para mejorar la trazabilidad y la bioseguridad en el sector avícola, especialmente tras brotes de gripe aviar en Europa. «No se trata de perseguir a nadie, sino de proteger la salud pública y animal», afirmó la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Clara Sánchez, en una reciente comparecencia.

Sin embargo, la explicación no convence a todos. Para muchos, la obligatoriedad de trámites administrativos en algo tan simple como tener gallinas en casa es una muestra más de la tendencia intervencionista del Ejecutivo socialista.

Reacciones y polémica
En las zonas rurales, donde la cría de gallinas es una práctica arraigada, la noticia ha generado desconcierto y malestar. «Tengo tres gallinas para mis nietos, ¿ahora debo pagar a un veterinario y rellenar formularios?», se preguntó indignado José María Pérez, un jubilado de un pueblo de Castilla-La Mancha.

Por su parte, el Partido Popular y Vox han aprovechado para cargar contra el Gobierno, acusándolo de «asfixiar» a los ciudadanos con regulaciones innecesarias. «Primero fueron los impuestos, ahora hasta las gallinas. ¿Qué sigue, multar por plantar tomates?», ironizó el diputado conservador Álvaro Ruiz en redes sociales.

Un cambio cultural
La regulación llega en un momento en que el autoconsumo y la producción local han ganado adeptos en España, impulsados por la búsqueda de sostenibilidad y el rechazo a los productos industriales.

Paradójicamente, lo que para algunos es un retorno a las raíces ahora enfrenta trabas burocráticas que podrían desincentivar esta práctica. Mientras el Gobierno insiste en que las multas serán excepcionales y que el foco está en las grandes explotaciones, el mensaje no termina de calar entre quienes ven en esta ley un nuevo ejemplo de control excesivo.

Con la normativa ya en marcha, el debate está servido: ¿es esta una medida sensata para el siglo XXI o un paso innecesario que entorpece la vida cotidiana? Por ahora, las gallinas —y sus dueños— están bajo el ojo vigilante de Madrid.

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