Despedidos dos empleados del Senado por acceso ilegal a documentos confidenciales de senadores

La Mesa del Senado ha aprobado, por unanimidad, el despido inmediato de dos trabajadores tras detectarse un acceso no autorizado a documentos sensibles y portafirmas digitales pertenecientes a senadores y altos cargos de la institución.

Los implicados, identificados por sus iniciales J.A.R. y N.M.G., están siendo investigados por una presunta intromisión masiva en los sistemas informáticos del Senado. La gravedad de los hechos ha llevado no solo a la apertura de un expediente disciplinario, sino también a la remisión del caso a la Fiscalía, al considerar que podría constituir un delito.

La decisión fue adoptada durante una reunión ordinaria de la Mesa celebrada el 21 de mayo, a propuesta de la Letrada Mayor de la Cámara. Se basa en lo establecido en el artículo 35.4 del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Senado, que permite sanciones disciplinarias ante infracciones de especial gravedad.

Tras analizar los hechos recogidos en el expediente, la Mesa ha determinado que ambos empleados incurrieron en una falta disciplinaria muy grave, recogida en el artículo 33.4 a) del mismo convenio, que contempla casos de “fraude, deslealtad y abuso de confianza en las gestiones encomendadas”.

Según fuentes internas, los trabajadores habrían accedido sin autorización a herramientas digitales clave para la gestión administrativa del Senado, incluyendo portafirmas digitales de varios parlamentarios. También descargaron documentos confidenciales, algunos de carácter personal, sin justificación profesional alguna.

El PSOE habla de “espionaje parlamentario”
El Grupo Parlamentario Socialista ha calificado el incidente como un grave caso de “espionaje parlamentario”. En un comunicado, denuncian que la intrusión informática tuvo lugar en un contexto especialmente sensible, coincidiendo con la actividad de varias comisiones de investigación en curso.

Algunos de los senadores cuyos datos se vieron comprometidos formarían parte de estas comisiones, lo que, a juicio del PSOE, podría poner en peligro no solo la intimidad de los parlamentarios, sino también el normal desarrollo de los trabajos legislativos y el principio de separación de poderes.

“Estamos ante una vulneración muy seria de los derechos digitales de los representantes públicos”, señala el comunicado. Los socialistas exigen una investigación a fondo para determinar el alcance real de la infiltración y conocer con precisión qué información fue accedida y con qué posibles consecuencias.

Aunque aún no se ha concretado cuántos senadores resultaron afectados, fuentes cercanas a la investigación apuntan a que el acceso irregular podría haberse extendido durante semanas y afectar a decenas de documentos sensibles.

Desde Presidencia del Senado se ha subrayado que los hechos están siendo tratados con la “máxima seriedad y celeridad”, y se recalca que la remisión a la Fiscalía responde al firme compromiso institucional con la legalidad y la defensa de los derechos de los miembros de la Cámara.

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