Las empresas de las obras públicas señaladas por Víctor de Aldama han sido objeto de atención mediática tras revelarse su participación en adjudicaciones gubernamentales. Estas compañías se impusieron a una veintena de competidores en diversos procesos de licitación, generando cuestionamientos sobre la transparencia de dichos contratos.

De acuerdo con las declaraciones de Aldama, varias constructoras obtuvieron adjudicaciones bajo condiciones presuntamente irregulares. Estas acusaciones han desatado una ola de investigaciones que buscan esclarecer si existió un esquema de favoritismo en la concesión de obras públicas.

Documentos presentados por Aldama han puesto en el centro de la polémica a empresas como Obras Públicas y Regadíos S.A. (OPR) y Levantina, Ingeniería y Construcción S.L. (LIC), ambas vinculadas con contratos millonarios durante la gestión del exministro José Luis Ábalos.

El proceso de licitación de estas obras ha sido objeto de análisis debido a que, en varias ocasiones, las empresas adjudicatarias lograron imponerse a múltiples competidores, algunos de los cuales alegan irregularidades en la selección. La competencia en el sector de la construcción es intensa, y la capacidad de ciertas compañías para obtener contratos repetidamente ha levantado sospechas entre expertos y analistas del sector.

El listado presentado por Aldama menciona 128 contratos públicos otorgados a constructoras supuestamente vinculadas a Koldo García Izaguirre entre 2018 y 2021. Estos contratos, cuyo valor asciende a 54 millones de euros, han sido puestos bajo la lupa por su posible relación con pagos de comisiones indebidas. Además, otros documentos sugieren que el sector ferroviario también podría haber estado involucrado en estas prácticas.

Por su parte, las empresas señaladas han negado cualquier irregularidad en sus procesos de adjudicación y han anunciado que emprenderán acciones legales para defender su reputación. En un comunicado oficial, representantes de OPR y LIC afirmaron que sus licitaciones fueron ganadas bajo los criterios establecidos por la normativa vigente y que cualquier insinuación sobre prácticas ilícitas carece de fundamento.

Asimismo, el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, expresó su sorpresa ante el listado de obras presentado y negó conocer a Aldama. Herrero insistió en que los procesos de adjudicación en su área se llevaron a cabo con total transparencia y que las acusaciones no cuentan con sustento documental suficiente.

También destacan dos de las obras señaladas para un mismo tramo de la provincia de Valladolid. En el documento remitido al Supremo, aparece destacada con un subrayador amarillo ambas obras localizadas entre Olivares y Tudela de Duero.

En un principio se adjudicaron por un total de 79 millones de euros modificándose en el año 2023 su precio inicial en 11 millones de euros. Para cada una de las obras se postularon un total de 20 empresas. 

Actualmente, el Tribunal Supremo ha abierto una investigación para determinar si existieron irregularidades en estos contratos. El caso ha despertado un intenso debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control en las adjudicaciones de obras públicas y garantizar la transparencia en la gestión de los fondos destinados a infraestructuras.

En conclusión, las denuncias de Aldama han puesto en el foco la manera en que se asignan las obras públicas en España. Aunque aún no hay pruebas concluyentes de irregularidades, el proceso judicial y las investigaciones en curso determinarán si existió algún tipo de favoritismo en las licitaciones mencionadas. Mientras tanto, la controversia sigue creciendo y amenaza con afectar la confianza en el sistema de contratación pública.

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