Tribunal de Justicia Europeo: Los médicos deben ser penalmente responsables de las muertes y lesiones causadas por las vacunas contra la COVID-19
Según una sentencia del TJUE, todos los profesionales sanitarios que hayan incitado o vacunado a pacientes son responsables civil y penalmente
En una decisión impactante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que los médicos deben ser considerados penalmente responsables de las muertes y lesiones causadas por las “vacunas” contra la Covid que administraron o recomendaron.
Según una sentencia del TJUE, todos los profesionales sanitarios que hayan incitado o vacunado a pacientes son responsables civil y penalmente.
La decisión se tomó en un caso ante el TJCE dirigido por el profesor Giovanni Frajese de la Universidad Foro Itálico de Roma en Italia.
En octubre de 2022, la Comisión Europea otorgó autorizaciones de comercialización definitivas para las vacunas contra la Covid-19 Spikevax (Moderna) y Comirnaty (Pfizer/BioNTech), en transición desde las aprobaciones condicionales emitidas durante el pico de la pandemia.
El Dr. Frajese impugnó estas decisiones, argumentando que la amplia disponibilidad de estas vacunas imponía a los médicos la obligación de evaluar su seguridad y eficacia, exponiéndolos así a una posible responsabilidad por resultados adversos para los pacientes.
Solicitó la anulación de las autorizaciones de matriculación, alegando que vulneraban sus derechos profesionales y su posición jurídica.
El Tribunal General de la UE desestimó su recurso en julio de 2023, alegando falta de afectación directa y de legitimación.
Posteriormente, el Dr. Frajese recurrió ante el TJCE, planteando cuestiones relacionadas con la independencia judicial, errores de procedimiento, motivación inadecuada y el derecho a una protección judicial adecuada.
El TJCE examinó estas alegaciones y confirmó la decisión del Tribunal General.
Según el tribunal, para administrar las “vacunas” contra la Covid se requería prescripción médica.
Sin embargo, los médicos podrían haber decidido si administrar o no las inyecciones o incluso haber desaconsejado su uso.
El tribunal determinó que, debido a las opciones disponibles para los médicos, la potencial responsabilidad civil y penal de los profesionales de la salud es atribuible al caso específico.
Además, las razones expuestas por el tribunal también podrían poner en tela de juicio los procedimientos disciplinarios y penales iniciados contra los médicos que se oponen a las vacunaciones.
El TJCE dictaminó que los médicos deben asumir la responsabilidad de las vacunas que administran “sin peros ni condiciones”.
Los profesionales de la salud también deben advertir a los pacientes del riesgo de muerte y otros eventos adversos graves causados por las “vacunas” contra la Covid.
En respuesta al fallo, la abogada de Frajese, Olga Milanese, dijo:
“El Tribunal tuvo que confirmar, aunque fuera en un breve paréntesis, que las decisiones de la Comisión de autorizar la comercialización no implican ninguna obligación para los médicos de prescribir y administrar dichas vacunas a sus pacientes.”
Reafirmó el principio fundamental del derecho a la libertad de tratamiento y a elegir el tratamiento más adecuado, seguro y eficaz por parte del médico.
Dichos tratamientos deberán aconsejarse de buena fe en cada caso concreto y en el exclusivo interés de la salud del paciente.
Esta sentencia se considera pionera, ya que desmonta definitivamente las acusaciones que se han presentado, tanto en los tribunales como en los procedimientos disciplinarios, contra todos los médicos que han desaconsejado la vacunación contra la Covid a sus pacientes o se han negado a promoverla.
La decisión del TJCE contribuirá a restablecer la plena libertad de asistencia de los médicos.
Además, confirma la responsabilidad específica de los médicos vacunadores que hayan administrado el fármaco de forma inversa, sin evaluar adecuadamente la idoneidad, los riesgos y la seguridad en el caso concreto del paciente tratado.
De manera más general, el TJCE afirmó:
Si bien la concesión de una autorización de comercialización para una vacuna constituye una condición previa para el derecho de su titular a comercializarla en cada Estado miembro, dicha autorización no implica, en principio, ninguna obligación para los pacientes ni para los médicos que vacunan.
El tribunal confirmó además:
“De los anexos de las decisiones impugnadas se desprende claramente que es necesaria una prescripción médica para la administración de las vacunas en cuestión.”
Esta sentencia tiene implicaciones importantes para los profesionales médicos que administran vacunas contra la Covid.
Se destaca especialmente la necesidad de la prescripción médica y la autonomía de los médicos en su ejercicio profesional.
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