Cerco judicial y decadencia institucional: el precio del poder absoluto de Sanchez

La escena es insólita, pero cada vez más habitual: un ministro del Gobierno, Félix Bolaños, declarado como testigo en un caso judicial que afecta directamente al corazón del Ejecutivo.

No se trata de un hecho aislado, sino de un eslabón más en la cadena de citaciones, imputaciones e investigaciones que, semana a semana, desgastan la ya tambaleante imagen del Gobierno de Pedro Sánchez.

La llamada a declarar al ministro de la Presidencia por la contratación de Cristina Álvarez, asesora presuntamente vinculada a los intereses privados de Begoña Gómez, esposa del presidente, pone de manifiesto una degradación institucional sin precedentes en la democracia reciente.

El llamado caso Begoña Gómez comenzó con unas cartas de recomendación para favorecer a empresas afines, como las de Juan Carlos Barrabés, y ha mutado en una macrocausa que afecta a universidades, contrataciones opacas y supuestos negocios privados impulsados desde La Moncloa.

A ello se suman investigaciones sobre la creación de una cátedra universitaria, el desarrollo de software con fondos públicos y la contratación directa de colaboradores.

Pero este caso no es una excepción. En paralelo, el caso Koldo, que salpica al exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha destapado presuntos amaños de contratos durante la pandemia, mordidas, enchufes sentimentales y un esquema de favores donde se mezclan amantes, familiares y funcionarios. Koldo García, exasesor de Ábalos, es considerado el epicentro de una red que habría canalizado comisiones y privilegios.

La lista de nombres involucrados es apabullante:

Pedro Sánchez, citado pero se acogió a su derecho a no declarar contra su pareja.
Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Cristina Álvarez, asesora vinculada a negocios personales de Gómez.
Félix Jordán de Urríes, contrató desde una fundación pública a la empresa de Barrabés.
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, imputado por revelación de secretos.
José Luis Ábalos, investigado por su rol en el caso Koldo.
Koldo García, eje de la presunta trama de comisiones y contratos irregulares.
Jésica Rodríguez, amante de Ábalos, cobró sin trabajar y vivió en un piso de lujo.
David Sánchez, hermano del presidente, imputado por un supuesto enchufe en la Diputación de Badajoz.
Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño, investigado por el mismo caso.
Juan Lobato, exsecretario general del PSOE de Madrid, testigo en el caso de los correos filtrados.
Tito Berni (Juan Bernardo Fuentes), exdiputado del PSOE, implicado en amaños contractuales.
Taishet Fuentes, sobrino de Tito Berni, también imputado.
Michaux Miranda, exresponsable de RRHH en ADIF, investigado por enchufes.
Patricia Uriz, ex secretaria en Transportes, implicada en ocultar el patrimonio de Koldo.
Carlos Moreno, jefe de gabinete en Hacienda, señalado por presuntos cobros en negro.

La defensa del Ejecutivo se apoya en el argumento de una "persecución judicial", impulsada —según ellos— por sectores conservadores del poder judicial y amplificada por una oposición feroz. Sin embargo, la envergadura de los casos, la cantidad de implicados y la reiteración de patrones ponen en duda que todo pueda explicarse como una simple "cacería política".

La oposición ha encontrado un filón. El PP exige explicaciones y dimisiones inmediatas, mientras que Vox acusa abiertamente al PSOE de liderar "el Gobierno más corrupto de la democracia". Desde el otro lado, Moncloa responde con silencio o con argumentos victimistas que ya no calman ni a sus propios votantes.

Pedro Sánchez, quien llegó al poder prometiendo regeneración democrática y tolerancia cero con la corrupción, enfrenta ahora un panorama donde la ética gubernamental se ha convertido en una carga, no en una bandera.

Mientras tanto, los ciudadanos asisten, entre la incredulidad y el hartazgo, al desfile de cargos públicos por los pasillos de los juzgados. No es una cuestión de adversarios políticos ni de prensa hostil: es la realidad institucional de un país cuyo gobierno parece haber olvidado dónde terminan los intereses personales y dónde empieza el servicio público.

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