La muerte silenciosa del comercio tradicional en España: las Administraciones lo han sentenciado
Abrir hoy un comercio supone cumplir con más de 3.000 normas de ámbito comunitario, estatal, autonómico y local
Cada día en España cierran 25 comercios tradicionales. Son cifras devastadoras que dejan a nuestro tejido comercial al borde del colapso. Lo que antes eran calles llenas de tiendas familiares, hoy se convierte en una sucesión de locales vacíos y franquicias impersonales.
¿La causa? No es sólo la venta online o el cambio en los hábitos de consumo. El pequeño comercio está siendo asfixiado por políticas deliberadas, impuestos crecientes y un tsunami regulatorio que favorece únicamente a las grandes superficies y a las multinacionales.
Las cifras hablan: 9.000 cierres al año y 120.000 empleos perdidos
Desde 2006, los ingresos del comercio minorista han caído entre un 37% y un 50%, a pesar de que los precios han subido más de un 40%.
En paralelo, desde 2016 se han destruido 120.000 empleos en el sector, mientras que el empleo en logística y grandes superficies ha aumentado de forma proporcional. No es casualidad. Las administraciones han dado la espalda al comercio de barrio para entregarse a intereses externos, deslocalizados y deshumanizados.
Una avalancha normativa insostenible
Abrir hoy un comercio supone cumplir con más de 3.000 normas de ámbito comunitario, estatal, autonómico y local. Solo en 2024 se han aprobado 3,4 nuevas normas al día. En 2019 eran 1,3. La patronal del sector lo ha definido como un sistema «insostenible», que representa el 13% del PIB en costes regulatorios y afecta al 17% del empleo nacional. Esta barbaridad burocrática está desincentivando el emprendimiento y ahogando al pequeño empresario.
La desigualdad en la competencia: el enemigo no es solo Amazon
Las plataformas digitales y las grandes cadenas operan con total libertad, aplicando agresivas promociones como los «días sin IVA» o las «liquidaciones de stock», imposibles de igualar por un pequeño comerciante. Además, la venta online internacional se beneficia de una falta de regulación fiscal en Europa, permitiendo que productos lleguen a España sin pagar impuestos ni cumplir las normativas locales.
Eduardo Abad, presidente de UPTA, denuncia sin rodeos: «Estamos ante una auténtica selva comercial, donde solo sobreviven los más fuertes y el pequeño comercio no tiene ninguna posibilidad de competir».
La España rural, la más golpeada
Los municipios de menos de 50.000 habitantes son los que más sufren esta ofensiva. En estas localidades, la pérdida de comercio puede duplicarse respecto a las grandes ciudades. Con cada cierre, desaparece no solo un negocio, sino también un punto de encuentro, una identidad de barrio y un servicio de cercanía.
La connivencia de las administraciones: ¿una estrategia deliberada?
Lejos de ofrecer soluciones, las administraciones públicas parecen haber elegido apostar por las grandes cadenas. Los hechos lo confirman. No se trata de abandono por omisión, sino de una estrategia intencionada: acabar con el pequeño comercio, entregando el control del mercado a gigantes sin alma ni raíces en nuestras comunidades.
Según el último Barómetro Empresarial del Colegio de Gestores Administrativos, y recogido por La Razón, en 2024:
Desaparecieron 129.000 negocios.
Unos 480.000 cerraron con pérdidas.
El 17% aumentó su deuda y un 15,7% sufre problemas de liquidez.
67.000 están al borde de la quiebra.
Y el sector comercio es, con diferencia, el más afectado.
Sin comercio local, no hay comunidad
No se trata solo de economía. El comercio tradicional representa un estilo de vida, una cercanía, una humanidad que no puede ser sustituida por algoritmos ni megatiendas. Su desaparición es la desaparición de la vida de barrio, de la conexión entre vecinos, de la identidad de nuestras ciudades.
Si seguimos permitiendo que las políticas públicas favorezcan a las multinacionales en detrimento del pequeño comercio, estaremos consintiendo la destrucción de nuestro propio tejido social.
España no puede permitirse perder su comercio tradicional. Recuperarlo es una cuestión de dignidad nacional.
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