El PP pide al Gobierno un plan de acción para de localización y desarrollo de tierras raras en España
El Partido Popular presenta en el Congreso una proposición no de
ley para que el Gobierno realice un inventario estatal de recursos
minerales fundamentales y estratégicos para la transición ecológica,
actualice de “manera urgente” el mapa geológico español y establezca
un marco de colaboración público-privado que incentive la inversión en
nuevos yacimientos.
Recuerda que la Comisión Europea publicó el pasado 25 de marzo la
localización de 47 proyectos estratégicos, distribuidos en 13
estados miembros con una inversión global prevista de 22.500
millones de euros, y siete proyectos mineros están en España:
Aguablanca (Monesterio, Badajoz) Las Navas (Cáceres), P6 Metals
(Almoharín, Cáceres), El Moto (Abenójar, Ciudad Real), Cobre Las
Cruces (Gerena Sevilla) y Mina Doade (Doade-Beariz, Ourense). El plan
también contempla la puesta en marcha de una planta de reciclaje de
metales en la provincia de Huelva.
La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, denuncia que
el Gobierno “ya llega tarde” en la creación del plan solicitado por la
UE, lo que “pone en riesgo” la ejecución de los proyectos y la
competitividad de España que debería consolidarse como un exportador
relevante y reforzar la autonomía energética.
Afirma que en España urge “un cambio de rumbo” en su política
energética que posibilite conocer las reservas de materias primas
fundamentales, reforzar la autonomía y la competitividad de las
empresas y prolongar la vida útil de las nucleares para no depender
aún más de un gas y de un petróleo que no tenemos.
El sector de las materias primas minerales en España cuenta con 3.800
empresas, 322.000 empleos y 27.500 millones de euros de facturación:
“En el contexto geopolítico mundial, los minerales juegan un papel
fundamental y es mucho lo que nos jugamos.”
La PNL solicita al Gobierno que facilite, con carácter prioritario, el
desarrollo de los seis proyectos identificados como prioritarios por
la Comisión Europea en España, con el establecimiento de un marco
jurídico único que incluya la simplificación de los trámites administrativos
y la reducción de los plazos de autorización exigidos por la Comisión
Europea.
También se exige la derogación de la normativa de 2021 en lo relativo
a la prohibición de la explotación, investigación, explotación y
aprovechamiento de yacimientos minerales radioactivos.
Por último, Martín demanda que los mismos principios que rigen para el
despliegue de parques eólicos y solares, deben hacerse extensivos a la
minería: “La situación nos exige firmeza, responsabilidad, garantías
y, por descontado, diálogo con las comunidades locales”
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