La contratación bajo sospecha del hermano de Pedro Sánchez: una trama de favores, correos y fondos europeos

El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, ha quedado en el centro de una investigación judicial que destapa una compleja trama de contrataciones presuntamente irregulares, tráfico de influencias y posible malversación de fondos públicos europeos.

Imputado por cinco delitos, el músico y funcionario de la Diputación de Badajoz afronta cada vez mayores indicios de haber utilizado su posición y sus conexiones institucionales para beneficiar a colaboradores cercanos, todo ello mientras gestionaba proyectos culturales transfronterizos entre España y Portugal.

La figura de Luis Carrero: asesor de confianza y funcionario de doble vida
Uno de los aspectos más llamativos del caso es el papel de Luis Carrero, asesor en la Presidencia del Gobierno —adscrito a la Unidad de Mensajes del Gabinete de Pedro Sánchez—, quien simultáneamente actuaba como asistente personal de David Sánchez en sus proyectos de ópera. A pesar de estar en nómina de La Moncloa, Carrero se implicó activamente en el diseño y desarrollo de iniciativas culturales dirigidas por el hermano del presidente.

La relación entre ambos quedó documentada en numerosos correos electrónicos donde no solo se discutían los proyectos musicales, sino también estrategias concretas para la creación de una plaza pública en la Diputación de Badajoz, pensada a medida para Carrero. Estos mensajes, de tono coloquial y de confianza —llegando incluso a referirse como "hermanito"—, evidencian una coordinación previa a la publicación oficial de la convocatoria.

Creación de una plaza ad hoc
Los hechos revelan que antes de abrirse el proceso público para cubrir la nueva plaza de "Jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas", Carrero y David Sánchez ya discutían detalles sobre la futura contratación.

En uno de los correos, fechado a finales de octubre de 2023, David Sánchez expresó su interés en que Carrero se instalara cuanto antes en Badajoz para trabajar junto a él, a pesar de que la convocatoria aún no había sido formalmente publicada en el Portal del Empleado.

Más grave aún, el proceso de selección muestra irregularidades evidentes: cuando finalmente se hizo pública la convocatoria, solo figuraba Luis Carrero como candidato admitido, y su evaluación y nombramiento se resolvieron en apenas 45 minutos. Esta celeridad y falta de competencia real han levantado serias sospechas entre los investigadores.

Pedro Sánchez estaba al tanto
Uno de los elementos más preocupantes que emerge de la investigación es la evidencia de que Pedro Sánchez conocía perfectamente la situación. Fuentes próximas al caso confirman que desde el Gabinete de Presidencia se estaba informado sobre el rol de Luis Carrero en los proyectos impulsados por David Sánchez, así como de las maniobras para su colocación en la Diputación de Badajoz.

El propio Carrero reconoció en sus comunicaciones internas que había "soltado la liebre en Moncloa", en referencia a haber comentado su inminente cambio de destino, anticipándose al proceso formal. Esta frase, lejos de ser anecdótica, revela que altos cargos de la Presidencia del Gobierno —y en última instancia el propio presidente— estaban plenamente informados de los movimientos para recolocar a un funcionario de su confianza en un destino más favorable, utilizando para ello la estructura institucional extremeña.

Este conocimiento directo de los hechos por parte de Pedro Sánchez compromete gravemente su imagen pública y su discurso de ejemplaridad institucional. No puede sostenerse la idea de un desconocimiento inocente cuando las piezas clave de su Gabinete participaban activamente en las maniobras.

La coartada de David Sánchez: desvinculación y errores de calendario
Pese a la contundencia de los correos y del informe elaborado por la Guardia Civil, David Sánchez ha optado por una estrategia de desvinculación. En su declaración ante la jueza instructora Beatriz Biedma, sostuvo que no tuvo "ninguna intervención" en la contratación de Carrero, y que, además, no poseía competencias administrativas para influir en ese proceso.

Su abogado ha argumentado que cualquier referencia a la contratación se debió a una "disfunción", es decir, a un malentendido temporal: David Sánchez habría creído que la plaza ya estaba aprobada cuando escribió sobre ella. Sin embargo, la versión defensiva choca con el contenido explícito de los correos, donde no solo se planeaba la llegada de Carrero, sino que se esbozaba cómo debía organizarse la oficina de proyectos europeos que este dirigiría.

Implicaciones políticas: nepotismo y uso de fondos europeos
El caso no es simplemente un asunto administrativo irregular. Involucra elementos profundamente preocupantes de posible nepotismo y apropiación indebida de recursos públicos. La colaboración entre David Sánchez y el gobierno portugués de Antonio Costa para impulsar proyectos culturales conjuntos se desarrolló en un contexto donde los fondos europeos (concretamente del programa POCTEP) eran esenciales.

La instrumentalización de estos fondos para fines personales o clientelares sería un grave atentado contra la confianza pública y contra las normativas europeas de transparencia y buen uso de subvenciones.

Asimismo, la implicación de un funcionario activo de La Moncloa en actividades privadas para beneficio de un familiar directo del presidente del Gobierno agrava el escenario, proyectando una imagen de descomposición institucional que trasciende a la política cultural o local.

La sombra de una red de favores
La investigación pone de manifiesto un patrón inquietante: la utilización de redes personales para colocar a colaboradores en puestos estratégicos, sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad que deberían regir toda contratación pública. Se vislumbra la existencia de una estructura informal de favores que, de confirmarse, sería un reflejo alarmante del deterioro de los estándares éticos en las administraciones públicas.

La supuesta "oficina de proyectos" no sería más que un instrumento para legitimar una red de intereses personales y profesionales, cuyo motor no sería el impulso cultural, sino el beneficio y la consolidación de poder en el ámbito regional.

Un caso que exige respuestas claras
El caso David Sánchez no puede despacharse como un simple malentendido o un error burocrático. La acumulación de pruebas documentales, la secuencia de los acontecimientos, el conocimiento directo de Pedro Sánchez y la opacidad del proceso dibujan un panorama que exige no solo una investigación judicial exhaustiva, sino también una explicación política inmediata.

La confianza ciudadana en las instituciones se socava cuando la percepción de impunidad se instala. Y casos como este, si no se abordan con seriedad, no solo dañan la reputación de quienes están directamente implicados, sino la credibilidad de todo un sistema de gobierno que debería ser ejemplo de integridad y respeto a la legalidad.

La sociedad tiene derecho a saber toda la verdad. El presidente del Gobierno no puede mirar hacia otro lado: conocía los hechos, permitió que ocurrieran y debe asumir su responsabilidad.

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