La hermana de Cerdán cobró del erario mientras facturaba para la empresa investigada por corrupción

Una investigación en curso está sacando a la luz una compleja red de intereses cruzados en torno a contratos públicos millonarios adjudicados por el Gobierno de Navarra y una serie de empresas vinculadas a figuras destacadas del entorno socialista. En el centro de esta trama se encuentra Belén Cerdán León, hermana del exsecretario de Organización del PSOE y actual diputado nacional Santos Cerdán, quien habría compaginado durante años un cargo público remunerado con su participación activa en empresas beneficiadas por adjudicaciones públicas.

Una doble función: entre lo público y lo privado
Desde noviembre de 2019 hasta diciembre de 2023, Belén Cerdán ocupó un puesto en la Mancomunidad de la Ribera Alta de Navarra, una agrupación de municipios encargada del servicio de recogida de residuos. Según fuentes locales, su designación habría estado influida por la proyección política de su hermano, quien ya era en ese entonces un alto cargo orgánico del PSOE a nivel nacional y uno de los colaboradores más cercanos de Pedro Sánchez.

Durante su etapa al frente de esta mancomunidad —donde percibía una retribución anual estimada en 13.000 euros brutos—, Belén Cerdán también trabajó para la empresa Servinabar 2000 S.L., señalada actualmente en una investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.

En concreto, entre enero y junio de 2020, recibió pagos por un total de 22.200 euros por su labor como administrativa en dicha compañía. Esta cifra equivale a unos 2.000 euros netos al mes, en plena pandemia de COVID-19. A pesar de lo llamativo de esta compatibilidad entre el cargo público y el empleo privado, no consta que haya existido una fiscalización previa que analizara la legalidad de esta simultaneidad.

La empresa familiar bajo sospecha
La empresa Servinabar 2000 SL aparece en la escritura mercantil como participada en un 45% por Santos Cerdán, según documentación intervenida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Se trata de la firma adjudicataria de importantes contratos de obra pública en Navarra, como el macroproyecto del túnel de Belate, valorado en 76 millones de euros, además de otras actuaciones como la reforma del Archivo de Navarra, las obras en el Navarra Arena o promociones de vivienda protegida en los alrededores de Pamplona.

Tras su salida de Servinabar, Belén Cerdán pasó a desempeñar funciones contables en la cooperativa Erkolan, una entidad que comenzó a prestar servicios a la misma empresa a partir de entonces. Desde ese momento, y hasta la actualidad, la Hacienda Foral de Navarra ha registrado pagos por un valor total de 258.000 euros a su nombre.

Renuncias, dimisiones y fractura institucional
En 2023, la gestión de la Mancomunidad de la Ribera Alta entró en crisis. La falta de acuerdo entre los municipios que la conforman, muchos de ellos liderados por UPN, provocó un proceso de reorganización interna. A esto se sumó la controversia derivada de la entrega de la Alcaldía de Pamplona a EH Bildu por parte del Partido Socialista de Navarra, lo que tensó aún más las relaciones institucionales en la región.

En este contexto, algunos ayuntamientos se alinearon con el objetivo de promover una moción de censura contra Belén Cerdán, aunque esta optó por dimitir antes de que se formalizara el procedimiento. Pese a ello, mantiene su acta como concejala en el Ayuntamiento de Milagro, municipio donde inició su carrera institucional en 2018. Si bien sigue asistiendo a los plenos municipales, ya no representa las siglas del PSOE, formación de la que se dio de baja tras el ingreso en prisión de su hermano.

Familias, círculos de poder y adjudicaciones
La red de cobros provenientes de Servinabar se extiende más allá de la propia Belén Cerdán. Documentación fiscal apunta a que también fueron beneficiarios otros miembros del entorno familiar y político de destacados dirigentes socialistas. Por ejemplo, Antonio Muñoz Cano, cuñado de Santos Cerdán, habría percibido 61.669 euros brutos entre 2019 y 2022 por trabajos para la misma empresa.

Otro caso relevante es el de la pareja de Ramón Alzórriz, figura clave del socialismo navarro y hombre de confianza de la presidenta María Chivite, quien habría recibido 102.834 euros entre 2021 y 2024. En paralelo, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, también obtuvo más de 100.000 euros brutos de la compañía en solo dos años. Fernández mantiene una estrecha relación con la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Conexiones con el caso Koldo
Más allá del ámbito navarro, la investigación ha identificado pagos de Servinabar a cooperativas vinculadas a Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro José Luis Ábalos y figura central en la Operación Delorm, por la presunta comisión de delitos relacionados con la compra de mascarillas durante la pandemia.

Una de estas entidades, Noran Coop., habría recibido 729.108 euros entre 2016 y 2024, pese a que en los últimos años Koldo no ejercía funciones públicas. Tan solo en 2024 se detectó un pago directo de 117.200 euros, cuya justificación todavía está siendo analizada por los investigadores de la Guardia Civil.

Una red en expansión
La dimensión del caso va más allá de las cifras. La existencia de una red de contrataciones públicas en beneficio de empresas vinculadas a familiares y colaboradores políticos —muchos de ellos sin aparente experiencia acreditada en las materias adjudicadas— ha disparado las alarmas en diversos niveles del Estado.

La combinación de cargos públicos, vínculos personales y reparto de contratos plantea serias dudas sobre la integridad de los procesos de adjudicación, especialmente cuando se observa una coincidencia temporal entre la actividad institucional de algunos de los implicados y los ingresos económicos obtenidos por sus allegados.

Mientras tanto, Santos Cerdán ha declarado ante el Tribunal Supremo desvinculándose de la gestión de Servinabar, a pesar de figurar como accionista destacado. El caso sigue su curso, y cada nueva filtración añade más nombres y conexiones a una trama que amenaza con sacudir los cimientos de la estructura político-empresarial en Navarra.

 Una advertencia para el sistema
Este caso ilustra cómo la delgada línea entre lo público y lo privado puede desdibujarse cuando existen relaciones familiares y estructuras clientelares bien enraizadas. A medida que avanzan las investigaciones, aumenta la presión sobre las instituciones para esclarecer responsabilidades y garantizar que la gestión de los fondos públicos esté libre de favoritismos y redes paralelas de poder.

Lo que está en juego no es solo la reputación de quienes ocupan cargos hoy, sino la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático y en la justicia como garante del bien común.

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