Seis de los doce miembros del consejo de Red Eléctrica tienen vinculación con el PSOE

El gran apagón que desnudó al sistema eléctrico... y a sus gestores políticos
El apagón eléctrico que afectó a amplias zonas de España entre las 12:00 y las 13:00 del pasado lunes no fue solo un fallo técnico. Fue una muestra descarnada de la ineficiencia estructural, opacidad institucional y clientelismo político que domina el sistema energético español, con un gobierno más interesado en el relato que en asumir responsabilidades.

El restablecimiento parcial del suministro no se produjo hasta la madrugada del martes, mientras millones de ciudadanos quedaban atrapados en ascensores, hospitales operaban con generadores de emergencia y comercios sufrían pérdidas incalculables.

¿La respuesta oficial? Culpar a los “operadores privados”. Una excusa que raya lo grotesco, considerando que el principal gestor del sistema eléctrico, Red Eléctrica de España (REE, hoy Redeia), tiene al Estado como su principal accionista y está presidida por una ex ministra socialista sin experiencia en el sector energético.

Red Eléctrica: ¿empresa privada o brazo político del PSOE?
Pedro Sánchez y su entorno no tardaron en deslindar responsabilidades, tratando de desviar la atención pública hacia supuestos fallos de actores “privados” dentro del sistema. Lo que convenientemente olvidan es que Redeia no solo tiene al Estado como mayor accionista (a través de la SEPI con un 20% del capital), sino que la mitad de su consejo de administración tiene un pasado socialista directo y evidente.

El ejemplo más elocuente es Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, militante del PSOE desde 2003, ex ministra de Vivienda durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, y figura sin formación técnica relevante en materia energética. Su retribución en 2024 fue de 546.000 euros brutos, cifra que provoca sonrojo cuando se contrasta con su cuestionada preparación y la crisis energética vivida.

A Corredor le acompañan en el consejo al menos cinco perfiles más con profundos vínculos con el PSOE: Ricardo García Herrera, Esther María Rituerto, Marcos Vaquer, Elisenda Malaret y José Juan Ruiz. Desde ex cargos en ministerios socialistas hasta ex diputados del PSC o asesores de los gobiernos de Felipe González y Zapatero, todos ellos han transitado por la puerta giratoria del poder político al consejo de administración de una empresa que, en teoría, debería estar guiada por criterios técnicos y no por afinidades ideológicas.

El cinismo de culpar a terceros mientras se controla el timón
El hecho de que Sánchez acuse a “operadores privados” de lo ocurrido es, cuanto menos, una muestra de hipocresía política. Redeia tiene la responsabilidad directa de operar y gestionar la red de transporte eléctrico, garantizar el equilibrio entre oferta y demanda y asegurar el flujo de electricidad por toda la geografía nacional. Su papel es esencial y su control está, de facto, en manos del Estado. ¿Cómo puede el presidente del Gobierno mirar hacia otro lado y no asumir que, al menos en parte, su administración —y sus nombramientos políticos— han fallado?

La SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), presidida también por una persona afín al PSOE, propone consejeros y tiene influencia directa en las decisiones clave. No estamos hablando de una empresa marginal, sino de un engranaje central del sistema eléctrico nacional, dirigido por personas que deben su cargo más a la lealtad partidista que al mérito profesional.

Retribuciones obscenas en tiempos de crisis
Mientras el país sufre los efectos de una inflación persistente, una factura de la luz disparada y una crisis de acceso a la vivienda y los suministros básicos, los salarios del consejo de administración de Redeia superan ampliamente el medio millón de euros en varios casos.

El trío formado por García Herrera, Rituerto y Corredor se embolsó en conjunto más de 900.000 euros brutos en 2024. Todo esto mientras millones de españoles veían cómo sus electrodomésticos se detenían, sus neveras se apagaban y sus negocios sufrían pérdidas por un apagón sin explicación clara ni depuración de responsabilidades.

Una red eléctrica vulnerable y sin liderazgo real
Lo verdaderamente preocupante no es solo la politización de la gestión energética, sino el estado de vulnerabilidad de un sistema que debería estar protegido y blindado. España presume de tener uno de los sistemas eléctricos más avanzados de Europa, pero un fallo de esta magnitud revela que las infraestructuras críticas están sometidas a improvisación, clientelismo y descoordinación.

El Ministerio para la Transición Ecológica, completamente ausente durante las horas más críticas del apagón, solo reapareció para ofrecer una versión tardía, técnica y vacía que no logró calmar ni informar a la población.

¿Dónde están las explicaciones? ¿Dónde está la rendición de cuentas?
Hasta el momento, no se ha producido ninguna dimisión, ninguna autocrítica pública, ni ninguna investigación seria e independiente. El gobierno ha preferido montar una comisión de investigación parlamentaria —instrumento ya desgastado y poco creíble para la opinión pública— antes que asumir cualquier tipo de fallo en la cadena de mando.

Lo único que abunda es la propaganda, los comunicados ambiguos y la búsqueda de culpables externos. Pero los hechos son claros: la red eléctrica española está bajo control político, y cuando falla, también fallan quienes la dirigen desde los despachos ministeriales y los consejos de administración “amigos”.

La energía no puede seguir siendo botín del poder político
Este apagón debe marcar un antes y un después. España necesita una despolitización real de las empresas estratégicas, una profesionalización de los órganos de dirección y una cultura de responsabilidad pública que esté por encima del partidismo.

No puede ser que en un país moderno los ciudadanos vivan un apagón masivo y no haya consecuencias más allá del cinismo y las excusas. El control de Red Eléctrica por parte del gobierno, lejos de ser una garantía, se ha convertido en una debilidad. Y mientras no se corrija esta deriva, los españoles seguirán pagando, literal y metafóricamente, los errores de una clase política desconectada de la realidad.

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