Marruecos se negó inicialmente a aumentar el flujo eléctrico hacia España a través del interconector de Tarifa

En pleno apagón nacional, mientras millones de ciudadanos en el suroeste de España vivían en la incertidumbre, sin electricidad, y con las comunicaciones al borde del colapso, el Gobierno español ejecutaba lo que solo puede calificarse como una operación diplomática encubierta de alto voltaje.

Margarita Robles, ministra de Defensa, se habría desplazado de forma urgente y discreta a Melilla para negociar, en plena madrugada, con representantes del gobierno marroquí, en busca de una solución al bloqueo energético que amenazaba con arrastrar a Andalucía y Extremadura a un colapso total.

Hasta la fecha, la ministra no ha desmentido la información. Y ese silencio —en política— suele equivaler a una confirmación implícita.

Un apagón, una negativa y una rendición energética
Los hechos, aunque oficialmente minimizados, son claros: durante el apagón eléctrico que afectó a buena parte del sur peninsular, Marruecos se negó inicialmente a aumentar el flujo eléctrico hacia España a través del interconector de Tarifa. La justificación oficial del régimen alauí fue escueta: “limitaciones técnicas”. Sin embargo, fuentes diplomáticas europeas afirman que no existía tal imposibilidad técnica, sino una decisión deliberada, posiblemente aprovechando la situación crítica para obtener concesiones políticas.

La energía se ha convertido en un arma geopolítica. Y España, en ese momento, se encontró a merced de un vecino que no dudó en tensar la cuerda.

La intervención francesa: una bofetada a la soberanía española
Ante la pasividad de Marruecos y la parálisis técnica de la administración española, fue Francia —y no el Gobierno de Pedro Sánchez— quien tomó las riendas. Desde el Grupo de Coordinación de Electricidad de la Unión Europea, París presionó directamente al régimen de Rabat. La presión surtió efecto: se liberaron 90 megavatios vitales que impidieron que el colapso energético se extendiera más allá de lo ya sufrido.

Esto plantea una pregunta fundamental: ¿qué clase de soberanía energética puede defender un país que necesita la intervención de un tercero para conseguir un mínimo suministro de emergencia desde un vecino con el que mantiene relaciones tensas?

Melilla: escenario de una diplomacia opaca
El dato más preocupante, sin embargo, es otro: mientras la ciudadanía desconocía la magnitud real de la crisis, Margarita Robles se habría desplazado de forma urgente a Melilla —territorio español bajo constante presión de soberanía por parte de Marruecos— para reunirse con altos cargos del gobierno marroquí.

¿Qué se negoció en esa reunión? ¿Qué se concedió a cambio del restablecimiento parcial del suministro eléctrico? ¿Por qué una ministra de Defensa tiene que negociar directamente algo que, en principio, corresponde a los ministerios de Energía o Asuntos Exteriores?

Este tipo de decisiones —tomadas en la sombra, sin control parlamentario, sin comunicación oficial, y sin transparencia— son propias de regímenes autoritarios, no de democracias maduras.

Expolio energético frente a Canarias: la última humillación silenciada
A esta cadena de cesiones vergonzantes se suma una más grave aún y menos conocida: la explotación ilegal de petróleo y gas por parte de Marruecos en aguas próximas a las Islas Canarias, que geográficamente y legalmente se encuentran dentro de la zona económica exclusiva española o en su límite.

Desde hace meses, Rabat ha acelerado la exploración y extracción de recursos energéticos en la cuenca Tarfaya-Laayoune, situada a escasos kilómetros del archipiélago, con la connivencia de grandes corporaciones extranjeras. Esta actividad, que debería haber provocado una respuesta diplomática firme e inmediata, ha sido ignorada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que ni ha protestado formalmente ni ha acudido a los tribunales internacionales.

El silencio de Moncloa ante este expolio descarado es clamoroso. Mientras otros países defienden sus fronteras marítimas y sus intereses estratégicos, España parece resignada a actuar como un actor secundario, permitiendo que un país tercero explote recursos en una zona cuya soberanía marítima reclama sin ambigüedad la legislación internacional.

Una larga cadena de cesiones
Lo ocurrido no es un hecho aislado. Se inscribe en una larga serie de gestos y concesiones que el Gobierno español ha realizado hacia Rabat en los últimos años: el giro abrupto sobre el Sáhara Occidental, la tibia reacción ante los asaltos a las fronteras de Ceuta y Melilla, la dependencia energética, y ahora también el expolio de hidrocarburos frente a Canarias.

La visita secreta de Robles sería, de confirmarse, la confirmación definitiva de una política exterior basada en la improvisación, la sumisión y el miedo. Un gobierno que acepta negociar en la oscuridad con un país que ha utilizado la presión migratoria, energética y territorial como herramientas de chantaje no está defendiendo los intereses nacionales, sino entregándolos.

La falta de explicaciones: una ofensa democrática
La negativa del Ministerio de Defensa a confirmar o desmentir la información, lejos de aportar estabilidad, profundiza la crisis institucional. En una democracia, los representantes públicos están obligados a rendir cuentas, especialmente cuando sus actos afectan directamente a la seguridad, la economía y la dignidad nacional.

El Congreso debería exigir comparecencias inmediatas. La oposición tendría que pedir explicaciones urgentes. Pero, una vez más, el silencio se impone. Un silencio que no solo es indignante: es peligrosamente cómplice.

Crónica de una claudicación energética y territorial
España ha vivido un episodio oscuro, no solo en términos eléctricos, sino democráticos. Mientras los ciudadanos se preguntaban cuándo volvería la luz, su Gobierno negociaba en secreto, en la frontera, con un régimen que les había dejado a oscuras. Y mientras eso ocurría, los yacimientos petrolíferos junto a Canarias eran perforados por empresas extranjeras con licencia de Marruecos, sin que el Ejecutivo mueva un dedo.

Es hora de exigir responsabilidades. Porque lo que está en juego no es solo el suministro energético. Es la soberanía, la transparencia y la dignidad de un Estado que parece dispuesto a aceptar, sin rubor, su papel subordinado en el tablero geopolítico del norte de África.

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