Air Europa: el rescate que delata la cocina interna de Pedro Sanchez
Se involucró a Begoña Gómez en calidad de interlocutora no institucional, en un contexto que roza el tráfico de influencias
El rescate de Air Europa en 2020 no fue solo una operación financiera marcada por la urgencia de la pandemia: fue, ante todo, un caso paradigmático de cómo se entrecruzan los intereses públicos y privados en la cúpula del poder político en España.
Los mensajes de WhatsApp publicados por El Mundo entre José Luis Ábalos, Nadia Calviño, María Jesús Montero y Pedro Sánchez revelan una intrahistoria que pone en entredicho la transparencia del Gobierno y reabre interrogantes inquietantes sobre el papel de familiares, aliados empresariales y decisiones ejecutivas en los momentos más críticos de la gestión pública.
1. El inicio: dividendos millonarios antes del naufragio
El primer gran escándalo aparece ya en la fase embrionaria del rescate: los propietarios de Air Europa —la familia Hidalgo— se reparten más de 35 millones de euros en dividendos justo antes de que la pandemia arrasara el sector aéreo. Es un acto de irresponsabilidad empresarial flagrante, pero también un test de integridad para el Gobierno.
Nadia Calviño, entonces vicepresidenta económica, se indigna —según fuentes cercanas— por la maniobra. Esa “obsesión” la lleva a imponer una cláusula para prohibir que empresas rescatadas distribuyan dividendos, una medida que se introduce en el acuerdo del Consejo de Ministros el 21 de julio de 2020, cuando se crea el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
¿Pero qué ocurrió después? A pesar de estas resistencias iniciales, Air Europa no solo fue rescatada: fue la primera y la más beneficiada con 475 millones de euros en ayudas públicas. El Ejecutivo, lejos de castigar la mala praxis de los Hidalgo, la premió.
2. Ábalos, Montero y Calviño: la pinza y la técnica
Los mensajes entre Ábalos y Montero revelan una camaradería política impropia de la gestión de fondos públicos: se refieren el uno al otro como “troncos”, con una familiaridad que contrasta con la gravedad del momento. Mientras tanto, Calviño mantiene un tono técnico y distante, como si comprendiera que está nadando contra la corriente de una decisión ya tomada en las alturas del PSOE.
La frase de Calviño —«habrá que correr la semana próxima»— no refleja eficiencia administrativa, sino sumisión a una necesidad política. La urgencia no era proteger el empleo o el interés general, sino garantizar que Javier Hidalgo pudiera contener a sus acreedores con la promesa de un rescate estatal. Así lo expresa Ábalos con crudeza: “Está que se corta las venas... ya no puede burlar más a los acreedores”.
¿Desde cuándo los ministros del Gobierno actúan como escudos financieros de ejecutivos privados que acaban de repartirse dividendos obscenos? ¿Dónde quedó la supuesta prioridad social del Ejecutivo?
3. Sánchez entra en escena: ¿preservar lo español o proteger a los suyos?
La intervención de Pedro Sánchez en septiembre de 2020 introduce un giro aún más controvertido. Cinco días después de que Víctor de Aldama comunicara a Koldo García que Javier Hidalgo había contactado con Begoña Gómez —esposa del presidente— para apuntalar el rescate, Sánchez toma el control directo de la operación.
Reenvía a Ábalos un mensaje de un “amigo del sector” —cuyo nombre no se revela— argumentando que Air Europa no debe acabar en manos de Iberia (IAG), y que lo ideal sería que siguiera siendo “española”, dadas las circunstancias del Brexit.
Este es el punto más sensible del escándalo. La estrategia de Sánchez no parece moverse por criterios técnicos ni por el interés público, sino por un nacionalismo económico improvisado que casualmente coincide con los intereses de la familia Hidalgo. ¿Y qué decir del hecho de que un empresario recurra a la primera dama como canal informal para influir en una operación estatal de casi 500 millones?
4. El mensaje del poder: conexiones, opacidad y doble moral
El rescate de Air Europa fue, en los hechos, una nacionalización parcial sin transparencia, ejecutada con una mezcla de urgencia táctica, lealtades personales y presiones externas.
Se ignoraron objeciones económicas de peso, como las de Calviño.
Se permitió que los mismos responsables del desfalco interno (los Hidalgo) siguieran al frente.
Se bloquearon opciones estratégicas como la entrada de IAG, que podría haber dado viabilidad a la aerolínea con un proyecto transnacional.
Se involucró a Begoña Gómez en calidad de interlocutora no institucional, en un contexto que roza el tráfico de influencias.
Todo ello deja una conclusión amarga: el Gobierno actuó como gestor de intereses privados, no como garante del interés público. El relato oficial de la “protección del empleo” y de la “defensa del tejido empresarial” esconde una lógica clientelar que debería escandalizar a cualquier demócrata, venga del espectro ideológico que venga.
5. ¿Y ahora qué? La erosión institucional es ya sistémica
Este caso no es una anécdota aislada. Encaja con un patrón más amplio de gestión opaca y confusión entre lo institucional y lo personal, entre lo público y lo partidista. La participación de familiares del presidente, la presión de lobbies, el uso informal de canales de decisión y la resistencia interna anulada por conveniencia política son síntomas de una democracia que pierde reflejos éticos cuando más los necesita.
Mientras en otros países se exigirían dimisiones o investigaciones parlamentarias serias, en España este tipo de escándalos se normaliza o se diluye bajo la polarización y la guerra mediática.
Una oportunidad perdida para hacer política de Estado
El rescate de Air Europa podría haber sido una gran operación de salvamento industrial con visión estratégica. En su lugar, fue una intervención condicionada por las urgencias políticas, las amistades personales y los errores empresariales ajenos.
No se diseñó una política de transporte aéreo sostenible, no se blindaron los intereses del contribuyente y no se transparentó el proceso de rescate. Y ahora, la sombra de las relaciones personales entre altos cargos y empresarios compromete todavía más la credibilidad del Ejecutivo.
¿Quién respondió por esto? Nadie.
¿Quién lo pagó? Todos.
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