20.000 euros de más: el contrato de Jésica en Ineco evidencia el uso partidista de fondos públicos

En las entrañas del sector público español se gestó, durante dos años, una historia que reúne todos los elementos del clientelismo: conexiones políticas, contratos opacos, rentabilidad sin esfuerzo y una red de favores que atraviesa ministerios, empresas públicas y altos cargos. La protagonista, Jésica Rodríguez, estudiante de Odontología y expareja de un influyente exministro, se convirtió en el centro de un caso que exhibe con crudeza el funcionamiento de las puertas traseras del poder.

Una contratación a medida
Entre marzo de 2019 y febrero de 2021, Jésica Rodríguez trabajó para Ineco, la empresa pública de ingeniería adscrita al Ministerio de Transportes. Su puesto: administrativa adscrita a proyectos de ADIF, bajo la órbita directa de la entonces presidenta del ente ferroviario, Isabel Pardo de Vera. Su función, sin embargo, ha quedado empañada por las revelaciones posteriores: Rodríguez declaró ante el Tribunal Supremo que cobraba sin acudir al trabajo.

Lo que podría parecer una simple declaración quedó desacreditado, en parte, por la respuesta institucional: Ineco se apresuró a justificar su presencia mediante informes que recogían 3.684 horas de trabajo repartidas en los dos años que duró su contrato. Pero los datos no despejan las dudas: ¿cómo es posible que una persona con esas cifras de productividad afirme ante un juez que no trabajó? ¿A qué responde esa contradicción?

La respuesta apunta hacia las alturas del poder político y empresarial, donde se gestó su contratación sin necesidad de convocatorias públicas, sin competencia alguna y con el respaldo implícito de figuras clave del Gobierno de entonces.

El papel de los intermediarios del poder
La Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa (UCO), ha intervenido comunicaciones que revelan cómo se gestionó el fichaje de Rodríguez. Isabel Pardo de Vera, entonces máxima responsable de ADIF, mantuvo conversaciones directas con Koldo García, hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos, para facilitar la entrada de la joven en Ineco.

No fue un procedimiento estándar. Pardo de Vera se involucró personalmente no solo en la selección, sino también en las gestiones para renovar su contrato. A pesar de que la prórroga no se concretó, ya se había activado otra vía: la puerta giratoria hacia Tragsatec, otra empresa pública. Es decir, cuando se cerró una puerta, otra se abrió, siempre dentro del mismo circuito estatal.

Esta cadena de favores pone en cuestión no solo los procedimientos internos de las empresas públicas, sino su vulnerabilidad estructural al tráfico de influencias y al amiguismo. Lo más grave: todo ello financiado con recursos públicos, en nombre de una eficiencia que nunca se verifica.

Un negocio sin desgaste: beneficios por incomparecencia
El trasfondo económico del caso es igualmente revelador. Ineco facturó 59.616 euros a ADIF por los servicios de Jésica Rodríguez durante los 24 meses de su contrato. El coste real para la empresa fue de 39.244 euros. Resultado: un beneficio neto de 20.372 euros, generado sin oficina, sin materiales, y, presuntamente, sin presencia laboral efectiva.

Rodríguez cobraba 1.173 euros netos mensuales, según su nómina, y llegó a quejarse en mensajes privados de su sueldo: “Seré mil euros ya. Mileurista (…) estos rojos comunistas que se llevan nuestros dineros”, escribió a su entonces superior, Joseba García —hermano de Koldo y encargado de firmar sus partes de trabajo en Ineco.

El cinismo de sus declaraciones contrasta con el marco ideológico de quienes facilitaron su contratación. Una vez más, queda al descubierto la incoherencia entre el discurso político de defensa del servicio público y la práctica real de convertirlo en una agencia de colocación para afines.

Procedimientos sin control
Carmen Librero, presidenta de Ineco durante la contratación de Rodríguez, compareció en el Senado como parte de la comisión que investiga el llamado "caso Koldo". Su testimonio no hizo sino reforzar la sensación de arbitrariedad: reconoció que no sabía quién era el superior directo de la joven, cuánto cobraba ni bajo qué criterios se la eligió.

Lo más alarmante no fue lo que dijo, sino lo que admitió de forma implícita: en aquel momento no era necesario publicar vacantes ni se exigía la presentación de más de un candidato. Durante el primer semestre de 2019, se contrataron 39 personas en Ineco, y solo 17 pasaron por algún tipo de filtro. Es decir, el 57% de las contrataciones fueron completamente opacas, hechas a dedo.

La banalización del escándalo
El caso ha sido tratado por algunos como una anécdota o un capítulo más dentro de la macrocausa de corrupción que salpica al entorno de Ábalos. Pero reducirlo a eso es minimizar lo que realmente representa: una grieta profunda en el sistema de contratación pública, donde empresas como Ineco o ADIF son tratadas como feudos personales, al margen del interés general.

El senador Juan José Sanz Vitorio ironizó durante la comisión de investigación diciendo que “con tres o cuatro casos como el de Jésica Rodríguez, Ineco es muy rentable, porque no tiene desgaste de material ni despacho”. Su sarcasmo es crudo, pero certero. ¿Qué tipo de gestión pública es esta, donde se facturan servicios no prestados, se firman horas que no se controlan y se avala con informes lo que parece una simulación laboral?

Epílogo: una red, no un caso aislado
El de Jésica Rodríguez no es un caso aislado. Es, más bien, una pieza dentro de un engranaje mayor, donde los lazos personales, la fidelidad política y el silencio administrativo se convierten en la clave para acceder a sueldos públicos, contratos y beneficios.

El verdadero daño no se mide solo en euros. Se mide en la erosión de la confianza ciudadana en sus instituciones. Mientras miles de jóvenes cualificados compiten por puestos en condiciones precarias, otros acceden a ellos desde el sofá, por mediación de un nombre, un número de teléfono o una cama compartida.

Este no es solo un caso de corrupción. Es una advertencia. Una señal clara de que, si no se reforman de raíz los procesos de contratación en el sector público, los favores personales seguirán ganando terreno al mérito y al servicio real a la ciudadanía.

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