Pardo de Vera se involucró personalmente no solo en la selección, sino también en las gestiones para renovar su contrato. A pesar de que la prórroga no se concretó, ya se había activado otra vía: la puerta giratoria hacia Tragsatec
Corrupción21 de mayo de 2025
Impacto España Noticias
En las entrañas del sector público español se gestó, durante dos años, una historia que reúne todos los elementos del clientelismo: conexiones políticas, contratos opacos, rentabilidad sin esfuerzo y una red de favores que atraviesa ministerios, empresas públicas y altos cargos. La protagonista, Jésica Rodríguez, estudiante de Odontología y expareja de un influyente exministro, se convirtió en el centro de un caso que exhibe con crudeza el funcionamiento de las puertas traseras del poder.
Una contratación a medida
Entre marzo de 2019 y febrero de 2021, Jésica Rodríguez trabajó para Ineco, la empresa pública de ingeniería adscrita al Ministerio de Transportes. Su puesto: administrativa adscrita a proyectos de ADIF, bajo la órbita directa de la entonces presidenta del ente ferroviario, Isabel Pardo de Vera. Su función, sin embargo, ha quedado empañada por las revelaciones posteriores: Rodríguez declaró ante el Tribunal Supremo que cobraba sin acudir al trabajo.
Lo que podría parecer una simple declaración quedó desacreditado, en parte, por la respuesta institucional: Ineco se apresuró a justificar su presencia mediante informes que recogían 3.684 horas de trabajo repartidas en los dos años que duró su contrato. Pero los datos no despejan las dudas: ¿cómo es posible que una persona con esas cifras de productividad afirme ante un juez que no trabajó? ¿A qué responde esa contradicción?
La respuesta apunta hacia las alturas del poder político y empresarial, donde se gestó su contratación sin necesidad de convocatorias públicas, sin competencia alguna y con el respaldo implícito de figuras clave del Gobierno de entonces.
El papel de los intermediarios del poder
La Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa (UCO), ha intervenido comunicaciones que revelan cómo se gestionó el fichaje de Rodríguez. Isabel Pardo de Vera, entonces máxima responsable de ADIF, mantuvo conversaciones directas con Koldo García, hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos, para facilitar la entrada de la joven en Ineco.
No fue un procedimiento estándar. Pardo de Vera se involucró personalmente no solo en la selección, sino también en las gestiones para renovar su contrato. A pesar de que la prórroga no se concretó, ya se había activado otra vía: la puerta giratoria hacia Tragsatec, otra empresa pública. Es decir, cuando se cerró una puerta, otra se abrió, siempre dentro del mismo circuito estatal.
Esta cadena de favores pone en cuestión no solo los procedimientos internos de las empresas públicas, sino su vulnerabilidad estructural al tráfico de influencias y al amiguismo. Lo más grave: todo ello financiado con recursos públicos, en nombre de una eficiencia que nunca se verifica.
Un negocio sin desgaste: beneficios por incomparecencia
El trasfondo económico del caso es igualmente revelador. Ineco facturó 59.616 euros a ADIF por los servicios de Jésica Rodríguez durante los 24 meses de su contrato. El coste real para la empresa fue de 39.244 euros. Resultado: un beneficio neto de 20.372 euros, generado sin oficina, sin materiales, y, presuntamente, sin presencia laboral efectiva.
Rodríguez cobraba 1.173 euros netos mensuales, según su nómina, y llegó a quejarse en mensajes privados de su sueldo: “Seré mil euros ya. Mileurista (…) estos rojos comunistas que se llevan nuestros dineros”, escribió a su entonces superior, Joseba García —hermano de Koldo y encargado de firmar sus partes de trabajo en Ineco.
El cinismo de sus declaraciones contrasta con el marco ideológico de quienes facilitaron su contratación. Una vez más, queda al descubierto la incoherencia entre el discurso político de defensa del servicio público y la práctica real de convertirlo en una agencia de colocación para afines.
Procedimientos sin control
Carmen Librero, presidenta de Ineco durante la contratación de Rodríguez, compareció en el Senado como parte de la comisión que investiga el llamado "caso Koldo". Su testimonio no hizo sino reforzar la sensación de arbitrariedad: reconoció que no sabía quién era el superior directo de la joven, cuánto cobraba ni bajo qué criterios se la eligió.
Lo más alarmante no fue lo que dijo, sino lo que admitió de forma implícita: en aquel momento no era necesario publicar vacantes ni se exigía la presentación de más de un candidato. Durante el primer semestre de 2019, se contrataron 39 personas en Ineco, y solo 17 pasaron por algún tipo de filtro. Es decir, el 57% de las contrataciones fueron completamente opacas, hechas a dedo.
La banalización del escándalo
El caso ha sido tratado por algunos como una anécdota o un capítulo más dentro de la macrocausa de corrupción que salpica al entorno de Ábalos. Pero reducirlo a eso es minimizar lo que realmente representa: una grieta profunda en el sistema de contratación pública, donde empresas como Ineco o ADIF son tratadas como feudos personales, al margen del interés general.
El senador Juan José Sanz Vitorio ironizó durante la comisión de investigación diciendo que “con tres o cuatro casos como el de Jésica Rodríguez, Ineco es muy rentable, porque no tiene desgaste de material ni despacho”. Su sarcasmo es crudo, pero certero. ¿Qué tipo de gestión pública es esta, donde se facturan servicios no prestados, se firman horas que no se controlan y se avala con informes lo que parece una simulación laboral?
Epílogo: una red, no un caso aislado
El de Jésica Rodríguez no es un caso aislado. Es, más bien, una pieza dentro de un engranaje mayor, donde los lazos personales, la fidelidad política y el silencio administrativo se convierten en la clave para acceder a sueldos públicos, contratos y beneficios.
El verdadero daño no se mide solo en euros. Se mide en la erosión de la confianza ciudadana en sus instituciones. Mientras miles de jóvenes cualificados compiten por puestos en condiciones precarias, otros acceden a ellos desde el sofá, por mediación de un nombre, un número de teléfono o una cama compartida.
Este no es solo un caso de corrupción. Es una advertencia. Una señal clara de que, si no se reforman de raíz los procesos de contratación en el sector público, los favores personales seguirán ganando terreno al mérito y al servicio real a la ciudadanía.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias
Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a
WhatsApp: 635967726
Gómez llegó incluso a impartir cursos como supuesta docente en programas para los que ni siquiera cumplía los requisitos para ser alumna
También se analizará si hubo una “creación de puesto a medida”, un patrón tristemente común en los casos de clientelismo en la administración
El expresidente del Parlamento Canario, Gustavo Matos, vinculado por la Policía Nacional como colaborador de los arrestados en una red de narcotráfico en Canarias. Esta figura destacada del PSOE en las Islas, miembro de la Ejecutiva del ministro Ángel Víctor Torres y aliado de Pedro Sánchez desde hace más de diez años
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, cobró una comisión ilegal de una constructora que obtuvo un contrato público de 76 millones de euros adjudicado por el Gobierno de Navarra
Conocido por su clara alineación ideológica con el PSOE y Unidas Podemos, ha ganado notoriedad entre el público joven por sus vídeos de tono contundente, dirigidos contra la derecha y la extrema derecha
La UCO consideró a la ex presidenta de Adif una pieza clave en el enchufe de la pareja de Ábalos en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec
Pedro Sánchez abre la puerta a la regularización de cientos de miles de inmigrantes irregulares en un movimiento que ya ha sido interpretado por la oposición como una estrategia de compra de votos encubierta
Un senador del Partido Popular entregó a la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen (PSOE), una bolsa con estéril minero —un tipo de residuo procedente de la actividad minera— extraído de la bahía de Portmán
«Estoy dispuesto a venir y testificar si eso ayuda a la democracia rumana», ha escrito Durov, en respuesta directa al líder patriota George Simion
Ndongo y Maestre han sido separados después de que el primero le recriminara al segundo que este le tirara un micrófono a un redactor de EDA TV hace unas semanas. "Aquí está el mío –el micrófono—; tíralo si tienes cojones"
La vinculación de Matos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se remonta a 2014, cuando fue uno de sus primeros apoyos en las primarias del PSOE frente a Eduardo Madina. No sólo le respaldó públicamente, sino que organizó una plataforma clave en Canarias para impulsar su candidatura
