Jueces y fiscales piden ya auxilio a Europa por los planes de Bolaños
Crece la sospecha de que el verdadero objetivo de estas reformas es evitar que salgan adelante investigaciones y posibles condenas que afectan al entorno personal y político de Sánchez, su mujer, Begoña Gómez, su hermano David Sánchez, y varios dirigentes y tramas vinculadas al PSOE
La tensión entre el Gobierno de Pedro Sánchez y buena parte del poder judicial ha alcanzado niveles sin precedentes en democracia. Las denominadas "leyes Bolaños" —un paquete de reformas judiciales promovidas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños— han provocado una oleada de críticas por parte de asociaciones de jueces y fiscales, que acusan al Ejecutivo de poner en riesgo la independencia judicial y de atentar contra la separación de poderes.
A las denuncias públicas se suma ahora una ofensiva institucional sin precedentes: todos los colectivos de jueces y fiscales (excepto los de tendencia progresista) han elevado informes a organismos europeos como el Comisario de Justicia de la UE, el Parlamento Europeo, el GRECO y la Comisión de Venecia, advirtiendo sobre los peligros que suponen las reformas para el Estado de derecho en España.
Sin embargo, más allá del enfrentamiento técnico y jurídico, crece la sospecha de que el verdadero objetivo de estas reformas es evitar que salgan adelante investigaciones y posibles condenas que afectan directamente al entorno personal y político de Pedro Sánchez, incluyendo su mujer, Begoña Gómez, su hermano David Sánchez, y varios dirigentes y tramas vinculadas al PSOE.
¿Qué plantean las leyes Bolaños?
El Gobierno sostiene que las reformas responden a un intento de modernizar el sistema judicial, agilizar la justicia penal y adaptar el modelo español al de otros países europeos. Sin embargo, el contenido concreto de estas iniciativas ha encendido todas las alarmas en la magistratura.
1. Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)
La medida más polémica propone que las investigaciones penales pasen de los jueces de instrucción a los fiscales, lo que transformaría radicalmente el modelo judicial español. Este cambio implicaría que el Ministerio Fiscal, cuya jefatura es nombrada directamente por el Gobierno, asumiera el control de todas las pesquisas.
"Significa que el poder ejecutivo tendrá el control indirecto de las investigaciones penales", ha advertido un portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. "Si se aprueba tal como está redactada, el fiscal general —elegido por Sánchez— podrá marcar la pauta de las investigaciones más sensibles para el Gobierno."
2. Reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal
Esta modificación refuerza el poder del fiscal general del Estado, que pasaría a tener aún más influencia jerárquica sobre los fiscales de carrera. En la práctica, podría emitir instrucciones vinculantes, controlar la asignación de casos y condicionar el sentido de las actuaciones.
"No se trata de un refuerzo de independencia del Ministerio Fiscal, sino de una subordinación aún más clara al poder político", señalan desde la Asociación de Fiscales. "Con este modelo, lo que no interesa investigar, no se investiga".
3. Estabilización de jueces y fiscales sustitutos
Otra de las medidas busca regularizar a más de mil jueces y fiscales interinos, una decisión que ha sido interpretada como una forma de "colocar afines" en la carrera judicial y fiscal sin pasar por oposiciones convencionales.
El trasfondo político: sospechas de protección al entorno de Sánchez
Más allá de las cuestiones técnicas y constitucionales, el debate ha adquirido un cariz claramente político y personal. Varios medios y voces críticas sostienen que el verdadero motivo de estas reformas es evitar que avancen investigaciones penales en curso que afectan directamente al círculo más cercano de Pedro Sánchez:
Begoña Gómez, esposa del presidente, está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en contratos con empresas que recibieron fondos públicos.
David Sánchez, hermano del presidente, ha estado en el centro de diversas polémicas relacionadas con adjudicaciones públicas y contratos en entornos institucionales donde su relación familiar genera sospechas de trato de favor.
Paralelamente, varias tramas vinculadas al PSOE —como los casos de corrupción en administraciones autonómicas y municipales— están bajo el foco judicial.
En este contexto, permitir que sea la Fiscalía —y no jueces independientes— quien controle las investigaciones, se percibe como una forma de garantizar que ciertos casos puedan ser frenados, ralentizados o desestimados desde instancias leales al Gobierno.
Reacción institucional y europea: rumbo al conflicto internacional
Las asociaciones judiciales han decidido internacionalizar el conflicto. En una acción coordinada, han remitido sus informes a las principales instituciones europeas encargadas de velar por el Estado de derecho:
Comisario de Justicia de la UE, Michael McGrath: llamado a intervenir y emitir recomendaciones.
GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción): advertido sobre el posible retroceso democrático que supondrían las leyes.
Comisión de Venecia: organismo consultivo del Consejo de Europa sobre cuestiones constitucionales.
Las asociaciones reclaman que estas instituciones evalúen el impacto real de las reformas y consideren activar mecanismos de supervisión o incluso sanciones, si se determina que hay un intento del Gobierno de controlar el poder judicial.
Movilización judicial y huelga en ciernes
Como parte de su protesta, las asociaciones han convocado un paro en todos los juzgados del país el próximo 11 de junio, al que podría seguir una huelga general del sector judicial si no se frena el paquete legislativo.
"Es el momento más grave desde la Transición", declaró uno de los portavoces del sector. "La separación de poderes está en juego y no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se politiza la justicia."
¿Hacia un choque de poderes?
El pulso entre el Ejecutivo y la Judicatura ha escalado hasta niveles críticos. A la vista de muchos, Pedro Sánchez no sólo estaría impulsando reformas con graves implicaciones estructurales, sino que lo haría motivados por intereses personales y partidistas.
Si se confirma que estas reformas buscan garantizar impunidad o dificultar investigaciones a su entorno, el precio institucional podría ser altísimo: la pérdida de confianza en el sistema judicial, un deterioro democrático severo y un conflicto abierto entre España y sus socios europeos.
La batalla por el control de la justicia ha comenzado. Y sus consecuencias podrían marcar el rumbo político del país durante los próximos años.
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