Gallardo y la medalla a la jueza que ahora lo juzgará: la independencia judicial en la cuerda floja

La democracia se sostiene, entre otras cosas, sobre un principio básico: la independencia judicial. No solo lo dicta la Constitución, sino también la lógica más elemental de cualquier Estado de Derecho. Pero cuando el poder político se mezcla con el judicial de forma turbia, el edificio se resquebraja. Y eso es, precisamente, lo que parece estar ocurriendo en Extremadura.

La noticia de que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena Aragón, formará parte del tribunal que juzgará al presidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE pacense, Miguel Ángel Gallardo, por delitos de prevaricación y tráfico de influencias, ha desatado una tormenta. Y con razón.

Una condecoración con intereses: ¿premio o inversión?
En abril de 2021, en el cine-teatro Salón Modelo de Fuente del Maestre, María Félix Tena Aragón recibió la Medalla de Oro de la Provincia de Badajoz, la máxima distinción institucional de la Diputación. El acto, cargado de solemnidad, tenía un detalle nada menor: la iniciativa de la concesión partió del propio Gallardo, entonces presidente del organismo, y contó con el respaldo de la Delegación del Gobierno en Extremadura, también bajo control socialista.

El Boletín Oficial de la Provincia (7 de abril de 2021) recoge los motivos del galardón: su trayectoria como jurista, su papel pionero como primera mujer al frente del TSJEx, y su compromiso con la justicia y la igualdad de género. Todo muy correcto, en apariencia. Pero hay un problema: la persona que propuso el premio está ahora imputada en una causa penal que podría ser juzgada, en parte, por la misma magistrada que condecoró.

¿No resulta escandaloso?

Sí. Y peligroso también. Porque se trata de un precedente grave de colisión entre los poderes del Estado, donde la línea que separa el reconocimiento institucional del favoritismo se vuelve difusa. Muy difusa.

Un aforamiento exprés para cambiar de juez
La segunda jugada es incluso más llamativa. La causa contra Gallardo, por la presunta contratación a dedo del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debía continuar su curso en la jurisdicción penal ordinaria. Pero de forma precipitada, el pasado 22 de mayo, Gallardo fue aforado, un privilegio reservado a cargos públicos que, en su caso, lo ha elevado al TSJEx. ¿La consecuencia directa? Evitar que lo juzgue un juez de lo Penal en Badajoz, probablemente más independiente y sin ataduras institucionales.

¿Casualidad? Nadie sensato lo cree. La maniobra tuvo lugar horas antes de que la jueza de instrucción dictara auto de apertura de juicio oral. El "salto" procesal fue tan oportuno como sospechoso.

Con este movimiento, Gallardo se asegura ser juzgado por un tribunal que conoce y con el que tiene vínculos previos, al menos con uno de sus miembros. ¿Es esto legal? Sí. ¿Es ético? Difícilmente. ¿Es un escándalo democrático? Rotundamente, sí.

¿Por qué quería Gallardo ser juzgado por otro juez? Ya lo sabemos.
La pregunta es retórica. Ya tenemos la respuesta. Gallardo sabía perfectamente lo que hacía. No quería enfrentarse a un tribunal imparcial, sino a uno más previsible, más “cercano”, con magistrados como Tena Aragón, cuya independencia ha quedado en entredicho por una condecoración propuesta por él mismo. La apariencia de parcialidad es flagrante.

El artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) contempla la posibilidad de recusación de jueces cuando haya "amistad íntima o enemistad manifiesta", "interés directo o indirecto en el proceso", o cualquier otra circunstancia que pueda afectar a la imparcialidad. La jurisprudencia ha sido clara al respecto: no solo cuenta la imparcialidad real, sino también la apariencia de imparcialidad. Es decir, la confianza que debe generar un juez en las partes y en la ciudadanía.

¿Puede un juez parecer imparcial cuando ha sido condecorado públicamente, con boato institucional, por el mismo político que ahora se sienta en el banquillo? Evidentemente, no.

Tena Aragón, la magistrada conservadora que navega en aguas socialistas
Un detalle más que alimenta la controversia: María Félix Tena Aragón es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de corte conservador y mayoritaria en la carrera judicial. Pero eso no impidió que fuese ensalzada por una administración socialista, con un gesto que hoy cobra otra lectura: ¿se trató de un premio a su trayectoria o de un gesto estratégico para ganar simpatías futuras?

Tampoco pasa desapercibido que el resto de magistrados que integran la Sala de enjuiciamiento fueron designados por procedimientos políticos, como el caso de Manuela Eslava Rodríguez, propuesta por la Asamblea de Extremadura (controlada entonces por el PSOE). Una vez más, todo legal. Pero la legalidad no basta cuando la percepción pública es de que todo está atado y bien atado.

Recusación obligada: un clamor democrático
Si Tena Aragón no se aparta voluntariamente del caso, será inevitable que alguna de las partes —o incluso el propio tribunal— abra la vía de la recusación formal. De no hacerlo, el juicio nacerá viciado de sospechas, y cualquier condena o absolución estará marcada por la sombra de la duda.

Esto no es solo un problema judicial. Es político, institucional, democrático. Porque lo que está en juego no es la suerte de un dirigente del PSOE, sino la credibilidad del sistema de justicia en España. Y no se puede permitir que el poder político instrumentalice el sistema judicial a través de favores pasados o maniobras procesales.

El juicio debe celebrarse, pero con garantías
La ciudadanía tiene derecho a un proceso limpio, justo, transparente. El aforamiento exprés, la designación de un tribunal “favorable” y los vínculos entre el imputado y una de las juezas atentan contra ese derecho.

Gallardo ya dejó claro por qué no quería ser juzgado por un juez penal ordinario: porque allí no tenía a nadie que le debiera favores. En el TSJEx, en cambio, se siente más cómodo. Y eso, en una democracia seria, debería ser inaceptable.

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