La Unión Internacional de Magistrados se planta ante Sánchez y su deriva contra la independencia del Poder Judicial

‘La reforma legislativa regresiva y la presión política directa son una intromisión institucional que afecta a los pilares del Estado de Derecho’

Pedro Sánchez y su control judicial ya no es una preocupación interna. El intento del presidente del Gobierno de colonizar la justicia ha cruzado nuestras fronteras. La alarma ahora no proviene de diarios europeos o norteamericanos, sino de los magistrados de todo el mundo hispano. El Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados (UIM) ha emitido un comunicado demoledor en su última reunión en Quito, denunciando las reformas del Gobierno español como una amenaza directa a la independencia judicial.

Una deriva totalitaria que ya no se puede ocultar
La declaración del Grupo Iberoamericano de Magistrados no es diplomática ni ambigua. Es clara, firme y contundente. Avisa de una «reforma legislativa regresiva» y de «presión política directa» que constituyen «una intromisión institucional que afecta a los pilares del Estado de Derecho«.

Esta denuncia no parte de una oposición política, sino de los jueces que garantizan las democracias en Iberoamérica. Son ellos quienes han detectado que España se está destacando «lamentablemente» por intentar reformar el sistema judicial desde dentro, debilitando sus garantías y reduciendo su independencia.

El plan de Sánchez para controlar jueces
El comunicado describe con precisión quirúrgica los tres pasos de la estrategia de Pedro Sánchez para controlar la judicatura:

Desacreditar públicamente a los jueces: miembros del Gobierno han insultado y deslegitimado a magistrados implicados en casos que afectan al entorno de Begoña Gómez, esposa del presidente.

Modificar las estructuras judiciales: mediante la tramitación de la Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, que introduce criterios de selección arbitrarios y dependientes del Ejecutivo.
Transformar la naturaleza del poder judicial: al permitir que los jueces interinos, designados temporalmente, sean la norma y no la excepción.

La frase Pedro Sánchez y su control total judicial se convierte así en el resumen de una hoja de ruta peligrosa: debilitar la independencia judicial, consolidar un aparato judicial afín y perpetuar el poder desde La Moncloa.

Una amenaza que va más allá de España
La experiencia internacional alerta sobre el autoritarismo encubierto.

Los jueces iberoamericanos advierten: «los retrocesos democráticos no siempre se anuncian: a menudo, se tramitan«. Así comenzó la decadencia institucional en Venezuela, Bolivia o Nicaragua. Y ahora ese patrón se repite en España, con el silencio cómplice de muchos medios y con la oposición institucional atada por pactos.

La UIM nunca antes habían emitido una crítica tan abierta a la política de un Estado miembro de la UE. El presidente Walter Barone, magistrado argentino y presidente del Grupo IBA-UIM, firma el comunicado con una advertencia rotunda: «El poder judicial no es una estructura a ordenar, es una garantía para todos los ciudadanos«.

La comunidad jurídica nacional empieza a reaccionar
En España, los ecos del comunicado de la UIM no han pasado desapercibidos. Diversos colectivos judiciales, asociaciones de jueces y fiscales, y hasta el propio Consejo General del Poder Judicial han mostrado su preocupación ante el rumbo totalitario del Ejecutivo.

El modelo que pretende implantar el PSOE va más allá de una simple reforma: es una operación ideológica. Pretende eliminar los mecanismos de control institucional para garantizar la impunidad del poder. Esto incluye blindar al entorno del presidente ante posibles responsabilidades penales e impedir que las investigaciones avancen de forma independiente.

El proyecto de ley orgánica que el Ejecutivo tramita altera los requisitos de acceso y promoción en la carrera judicial, permitiendo una mayor intervención política. Introduce valoraciones «subjetivas», elimina filtros objetivos como la oposición tradicional y refuerza figuras provisionales que quedan supeditadas al Ejecutivo. En suma: una justicia «domesticada».

Comunicado íntegro del Grupo Iberoamericano de Magistrados
Por su interés, y la excelente descripción de la situación que sufre España, Adelante España reproduce íntegro el comunicado de los magistrados iberoamericanos de la UIM.

«El poder judicial es uno de los tres poderes del Estado. Su independencia no es una concesión del Ejecutivo ni una excepción administrativa: es una garantía constitucional para todos los ciudadanos. Allí donde esta premisa empieza a discutirse o relativizarse, la democracia se debilita.

En los últimos tiempos, diversos países han experimentado dinámicas preocupantes: reformas legislativas dirigidas a controlar la judicatura, declaraciones públicas que desacreditan a jueces concretos y diseños normativos que alteran el acceso a la carrera para introducir fórmulas más “gestionables”.

España, lamentablemente, está empezando a destacarse en ese camino.

Una reforma que desborda su ámbito y vulnera la separación de poderes
La tramitación del Proyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal excede con mucho lo que su título sugiere. No fortalece, sino que modifica los equilibrios internos del Poder Judicial y altera las condiciones de acceso y promoción, con efectos profundos y duraderos:

Introduce criterios de selección alternativos al sistema de oposición, reduciendo el filtro objetivo y abriendo la puerta a valoraciones más subjetivas o dependientes.

Aumenta la inseguridad funcional, consolidando figuras temporales o interinas que no disfrutan de las mismas garantías.

Refuerza la capacidad del Ejecutivo en la configuración del sistema, tanto directa como indirectamente.

Todo ello con una narrativa que habla de modernización, cuando en realidad se está legislando para debilitar la independencia judicial desde dentro.

Presiones públicas y descrédito institucional
A la reforma se suma un contexto de presión política cada vez más evidente. Miembros del Gobierno de España han realizado declaraciones públicas desacreditando a jueces que instruyen procedimientos sensibles, relacionados con el entorno del presidente del Gobierno.

Se han cuestionado sus méritos, su capacidad y su imparcialidad, en tono claramente despectivo, con el objetivo —implícito pero evidente— de socavar su autoridad y condicionar su actuación.

Este tipo de conductas, impropias de una democracia madura, forman parte de un patrón que hemos visto en otros países: primero se desacredita públicamente a los jueces; luego se reforman sus estructuras; finalmente, se transforma su naturaleza.

No es una anomalía aislada: es una tendencia internacional
En otros países, se ha demostrado cómo el debilitamiento de la justicia no suele comenzar con grandes golpes institucionales, sino con reformas legales técnicamente justificadas y discursos que acusan a los jueces de elitismo, corporativismo o resistencia al cambio.

La experiencia comparada enseña que los retrocesos democráticos no siempre se anuncian: a menudo, se tramitan.

En vista de los anteriores antecedentes
El Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados -UIM expresa su preocupación ante el rumbo que está adoptando España. La combinación de reforma legislativa regresiva y presión política directa configura un escenario de intromisión institucional que afecta a los pilares del Estado de Derecho.

Por ello:

Reclamamos la retirada o revisión sustancial del Proyecto de Ley Orgánica, respetando los principios de acceso por mérito, igualdad y objetividad.

Rechazamos toda forma de presión política sobre jueces y tribunales, especialmente cuando proviene de miembros del Ejecutivo.

Alertamos sobre los riesgos que esta reforma representa, tanto para la independencia judicial como para la salud democrática de España, constituyendo un peligroso precedente.

Porque el Poder Judicial no es un obstáculo a gestionar, ni una estructura a “ordenar”. Es una garantía, y lo es para todos los ciudadanos.

Dado en Quito, Ecuador, el 28 de mayo de 2025.

Magistrado WALTER BARONE / Presidente Grupo IBA-UIM«

Un llamado a la resistencia ciudadana y judicial
La respuesta ante esta amenaza debe ser firme. No basta solo con críticas institucionales. Es necesario un frente social que defienda la independencia judicial, la separación de poderes y el Estado de Derecho.

Hoy más que nunca se requiere la implicación de todos los actores: asociaciones civiles, medios de comunicación libres, intelectuales, juristas y ciudadanía activa. Porque cuando se destruye la justicia, todo el edificio social se derrumba.

No podemos normalizar lo que está ocurriendo. Es un ataque directo al modelo de convivencia. Como han señalado los magistrados iberoamericanos, se está legislando para debilitar la independencia judicial desde dentro. Y eso es inaceptable.

Es el grito que nos lanza la judicatura internacional. Escuchémoslo antes de que sea demasiado tarde.

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