Del 'pucherazo' en las primarias a la financiación ilegal del PSOE

Desde que se consolidó la actual configuración del Gobierno de coalición, tras el giro estratégico que supuso integrar a formaciones que anteriormente se consideraban incompatibles, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha sorteado con éxito numerosos desafíos internos y externos.

Sin embargo, pocas crisis han alcanzado el calado institucional y judicial que se desprende del contenido de una reciente investigación dirigida por un juzgado central y apoyada por los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El detonante ha sido la revelación del primero de tres informes que analizan una serie de grabaciones y comunicaciones intervenidas a altos cargos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Estas grabaciones, incautadas en el marco de un procedimiento judicial por corrupción, revelan el funcionamiento interno de una presunta organización estructurada cuyo centro de operaciones estaría en la sede nacional del partido, en la calle Ferraz.

 Las conclusiones preliminares son graves: se describe una estructura jerarquizada que operaba al margen de los canales institucionales, y cuyos miembros habrían desarrollado mecanismos de obtención de comisiones, manipulación de procedimientos y blindaje interno a través de una red de lealtades personales.

En el núcleo de esa red aparecen quienes durante años formaron parte del entorno inmediato del presidente del Gobierno. Figuras como José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, y su estrecho colaborador Koldo García Izaguirre, se encuentran entre los principales señalados por los investigadores. El primero fue apartado en julio de 2021, y el segundo se ha convertido en una pieza clave en la investigación judicial. Ambos aparecen en los documentos analizados por la UCO como elementos fundamentales de una estructura informal que controlaba adjudicaciones, gestionaba contratos públicos y habría participado en el cobro de comisiones a través de terceros.

A ellos se suma Santos Cerdán León, quien asumió el cargo de secretario de Organización del PSOE tras la salida de Ábalos. Su implicación en las investigaciones, especialmente tras la reciente publicación del informe de la UCO, provocó su destitución fulminante. Cerdán habría continuado y consolidado las prácticas de su predecesor, según la documentación intervenida, actuando como coordinador de una red de intermediación entre el partido y determinadas empresas proveedoras del Estado.

Una de las prácticas reiteradas que señalan los informes tiene que ver con las conocidas “mordidas”: comisiones que determinadas compañías habrían pagado a cambio de contratos públicos otorgados de forma directa o mediante procedimientos irregulares. En el centro de este esquema, según los agentes, se encuentra Koldo García, quien habría recibido pagos en metálico, regalos y otros beneficios a cambio de facilitar adjudicaciones durante la pandemia de COVID-19, especialmente en la adquisición de material sanitario. Estos fondos, en algunos casos, se destinaban a sostener redes de influencia política o a recompensar a actores cercanos al aparato del partido.

Lo más llamativo del caso no es solo la existencia de una presunta estructura corrupta, sino el grado de proximidad de la misma con la Presidencia del Gobierno. Aunque no existen, hasta ahora, indicios directos que vinculen a Pedro Sánchez con una participación activa en estas prácticas, sí se describe un clima organizativo donde la “ceguera deliberada” —una figura jurídica reconocida en nuestro ordenamiento— habría sido funcional a la continuidad de estas dinámicas.

La doctrina de la “ignorancia intencional” implica que quien se sitúa de forma voluntaria en una posición de desconocimiento respecto a conductas delictivas cercanas, pudiendo y debiendo conocerlas, puede llegar a ser considerado responsable si se demuestra que su silencio fue intencionado. Esta figura, asumida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, plantea una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto la pasividad o el distanciamiento pueden constituir una forma de colaboración omisiva con un entramado criminal?

El informe policial, además, sugiere que ciertas decisiones políticas —como el cese de José Luis Ábalos en 2021— podrían no haber respondido únicamente a razones de desgaste público, sino a un intento de cerrar canales paralelos de recaudación de fondos que ya no se encontraban bajo el control de Santos Cerdán, responsable del aparato en ese momento. De ser cierto, esto evidenciaría que los responsables de la organización política tenían conocimiento, al menos parcial, del tipo de prácticas que se estaban desarrollando.

La dimensión de este caso no se agota en las comisiones ilegales o en la corrupción en la contratación pública. Uno de los frentes más delicados abiertos por la investigación se remonta a las elecciones primarias internas del PSOE celebradas en 2014. Según el informe, durante aquel proceso se habrían producido alteraciones documentales para dar por válida la participación de militantes que no asistieron o que no autorizaron su presencia en los registros. De haberse producido estos hechos, estaríamos ante posibles delitos de falsedad ideológica y falsedad material, al manipularse actas oficiales o firmas en listas de votación.

Aunque estos presuntos delitos podrían estar prescritos, lo que impediría su persecución penal, su relevancia política y simbólica es indiscutible. Si se demuestra que el acceso de Pedro Sánchez al liderazgo del partido se produjo mediante prácticas fraudulentas, la legitimidad histórica de esa victoria quedaría severamente comprometida, afectando también a la narrativa que ha sostenido su trayectoria política.

Es importante señalar que el marco jurídico español establece que todos aquellos que hayan intervenido en un hecho delictivo —ya sea como autores, inductores o cooperadores necesarios— deben responder penalmente con las mismas penas previstas para el autor material. Por tanto, más allá de quién firmara una orden, rellenara una lista o cobrara una comisión, el foco también está puesto en quién lo permitió, lo facilitó o se benefició del resultado.

Por ahora, el papel del presidente del Gobierno en esta trama se presenta bajo dos hipótesis: como un líder aislado y ajeno a las maniobras de su entorno más próximo, o como un beneficiario indirecto de un sistema que, al menos, no detuvo. Las dos opciones resultan inquietantes, y ambas exigen explicaciones sólidas. El discurso oficial insiste en el desconocimiento y la confianza defraudada, pero los investigadores continúan profundizando en las conexiones internas entre las distintas piezas del engranaje.

La investigación está aún en una fase preliminar, y cualquier imputación o conclusión definitiva requerirá la apertura formal de diligencias judiciales que establezcan responsabilidades concretas. Sin embargo, la información recabada hasta ahora ya ha tenido efectos devastadores en la estructura del partido, con ceses forzados, distanciamiento de antiguos colaboradores y una creciente presión para esclarecer si existió una financiación irregular o una red organizada con fines ilícitos.

Lo que parecía una crisis más dentro de la gestión del poder ha derivado en un caso con implicaciones institucionales profundas. No solo está en juego la responsabilidad penal de quienes puedan ser juzgados por corrupción o falsedad documental, sino también la credibilidad del liderazgo político que ha articulado las decisiones del Estado en los últimos años. Si la verdad judicial confirma lo que ya apuntan los informes policiales, el escenario político nacional podría estar ante una de sus crisis más trascendentales desde la restauración democrática.

El frente interno: presuntas irregularidades en las primarias del PSOE de 2014
Más allá de las tramas de corrupción económica recientemente destapadas, otro frente de gran calado ha sido reabierto en el seno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE): el que afecta a la limpieza y legitimidad del proceso que llevó a Pedro Sánchez a la Secretaría General del partido en 2014.

Según recoge uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y como ya había sido insinuado en su día por diversos cuadros del partido, entre ellos el entonces secretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, se habrían producido prácticas fraudulentas para asegurar la victoria de Sánchez en aquellas primarias. El episodio más conocido fue el intento de colocar una urna adicional no autorizada en una agrupación madrileña, un hecho que fue denunciado públicamente por Gómez, quien lo calificó como un intento de “pucherazo” interno.

Según su testimonio, el propio Pedro Sánchez habría intentado introducir una urna en la sede del PSOE de Parla, un municipio clave del sur de Madrid, sin seguir el procedimiento oficial establecido por la Comisión Federal de Garantías Electorales. Esta maniobra, de haberse materializado, habría supuesto una vulneración directa de las normas internas del partido, y podría incluso tener implicaciones penales si se demostrara que la intención era alterar el censo o manipular los resultados.

Pero este no habría sido un caso aislado. El informe de la UCO señala la existencia de testimonios y documentación que apuntan a una alteración sistemática del proceso electoral interno, incluyendo la inclusión ficticia de votantes ausentes, la usurpación de identidades para rellenar listas de participación, y la posible falsificación de actas que daban por válidas mesas electorales sin garantías legales suficientes.

Estas acciones, de confirmarse judicialmente, podrían constituir delitos de falsedad ideológica y falsedad documental, tipificados en el Código Penal español. En particular, si una persona firmó en lugar de otra sin autorización, o si se hizo constar la participación de militantes ausentes, podría hablarse incluso de un fraude electoral en el ámbito interno de una organización política.

La cuestión penal se complica por el paso del tiempo: si bien este tipo de delitos prescriben tras ciertos años, su relevancia jurídica podría reactivarse si se vinculan con una estructura criminal más amplia —como la que investiga ahora la justicia por los casos de corrupción vinculados a Koldo García y Santos Cerdán— o si se demuestra que esos mecanismos fraudulentos formaban parte de un patrón de conducta repetido en el tiempo.

La dimensión política del caso, sin embargo, ya es suficientemente grave: de haberse producido una manipulación consciente en el proceso que catapultó a Pedro Sánchez a la dirección del PSOE, estaríamos ante un caso de ilegítima obtención de poder por medios irregulares, lo que deslegitimaría desde su origen no solo su liderazgo interno, sino también muchas de las decisiones orgánicas y estratégicas adoptadas desde entonces.

El testimonio de Tomás Gómez, en su momento desoído por el aparato del partido y posteriormente apartado de sus responsabilidades, cobra ahora una nueva dimensión a la luz de los documentos incautados por la UCO. Algunos cuadros críticos del partido, especialmente de federaciones históricas como Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid, han comenzado a exigir que se aclare públicamente si ese proceso electoral fue limpio o si, por el contrario, estuvo viciado desde su inicio.

Los investigadores judiciales deberán ahora valorar si el contenido de estas denuncias amerita una apertura formal de diligencias específicas o si debe incorporarse a la causa principal que estudia la presunta organización criminal que operaba en el entorno de la dirección socialista. En cualquier caso, el capítulo de las primarias no puede ya ser considerado un episodio menor ni una mera anécdota partidista: se trata de un posible acto fundacional viciado que podría condicionar toda una etapa de la política española contemporánea.

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