Aldama custodia pruebas sobre pagos millonarios de Venezuela a Zapatero
Uno de los elementos más preocupantes de esta operación es el uso de sociedades al portador, estructuras jurídicas que permiten ocultar la identidad de los verdaderos propietarios de las compañías. Estas sociedades sirvieron como “cajas negras” para ocultar movimientos millonarios de dinero
En el marco de una investigación judicial que cada vez cobra mayor relevancia, han salido a la luz detalles que vinculan al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con una compleja trama de corrupción internacional ligada a la importación ilegal de petróleo venezolano y la recepción de presuntos pagos millonarios.
El centro de esta revelación son dos sobres, custodiados bajo llave por un comisionista investigado, que contienen documentación considerada de extrema sensibilidad y que podrían destapar una red que afecta no solo a altos cargos políticos, sino también a actores empresariales y diplomáticos.
Custodia de pruebas y denuncias directas
Víctor de Aldama, empresario y comisionista en el foco de la operación judicial que indaga sobre un fraude millonario en el sector de hidrocarburos, guarda en su poder dos sobres cuyos contenidos han sido confiados a su socio Luis Alberto Escolano para su custodia. Según fuentes próximas al entorno de Aldama, estos sobres contienen pruebas contundentes que demostrarían la recepción por parte del expresidente Zapatero de cuantiosas cantidades de dinero provenientes de la petrolera pública venezolana PDVSA.
El propio Aldama hizo recientemente declaraciones públicas en un programa de gran audiencia, en las que lanzó una advertencia dirigida a Zapatero, señalando que el expresidente “sabe de lo que estoy hablando” y exigiéndole explicaciones por su presunta relación con él, incluyendo viajes en su avión privado desde Caracas a Santo Domingo. Estas afirmaciones añaden un matiz de confrontación directa y dan a entender que la información en los sobres podría comprometer a importantes figuras políticas.
La trama de hidrocarburos y el fraude del IVA
El origen del entramado corrupto investigado gira en torno a un fraude masivo, estimado en más de 230 millones de euros, relacionado principalmente con la evasión del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en la comercialización de combustible. Lejos de ser un caso aislado, esta red estaría vinculada a la introducción irregular de petróleo venezolano en territorio español, eludiendo las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea al régimen de Nicolás Maduro desde 2018.
El modus operandi consistía en utilizar la República Dominicana como país de origen para el petróleo, de manera que el crudo pudiera ser refinado allí y posteriormente introducido en Europa cumpliendo con los estándares de calidad exigidos. En este contexto, se realizaron gestiones para la creación de una refinería en Tenerife, proyecto que fue descartado tras reuniones entre Aldama, sus socios y autoridades regionales canarias. A pesar del fracaso del proyecto, el entramado continuó utilizando las islas y República Dominicana como centros neurálgicos para el almacenamiento y transformación del crudo venezolano.
Sociedades pantalla y opacidad financiera
Uno de los elementos más preocupantes de esta operación es el uso de sociedades al portador, estructuras jurídicas que permiten ocultar la identidad de los verdaderos propietarios de las compañías. Estas sociedades sirvieron como “cajas negras” para ocultar movimientos millonarios de dinero, dificultando la labor de las autoridades y facilitando la corrupción.
Estas prácticas, comunes en paraísos fiscales, contribuyeron a camuflar la complejidad y magnitud del entramado, en el que estarían implicados no solo empresarios, sino también altos cargos políticos y diplomáticos con intereses en Venezuela.
Relaciones y comunicaciones con altos cargos venezolanos
La investigación también ha puesto de manifiesto la estrecha relación entre Aldama y la número dos del régimen venezolano, Delcy Rodríguez. Los mensajes intercambiados entre ambos muestran un trato habitual y confidencial, con Aldama transmitiendo información sobre asuntos reservados y acontecimientos políticos en España. En dichos mensajes, se evidencia cómo la trama utilizaba apodos para referirse a figuras políticas clave, como “el jefe” para el exministro José Luis Ábalos o “el 1” para el presidente Pedro Sánchez.
Estas comunicaciones reflejan un entramado no solo económico, sino también político y diplomático, que conecta actores españoles y venezolanos en un nivel muy alto de coordinación.
Antecedentes y paralelismos: el caso Morodo
No es la primera vez que se vincula al entorno de Zapatero con supuestos cobros indebidos relacionados con PDVSA. El exembajador español en Venezuela durante su mandato, Raúl Morodo, fue juzgado por recibir fondos de la petrolera pública venezolana sin justificación comercial alguna. A diferencia de Morodo, Zapatero no fue investigado en profundidad, lo que añade una dimensión política a las actuales acusaciones.
Además, el fallecimiento en circunstancias sospechosas de un exdirectivo de PDVSA que se ofreció a declarar ante la justicia española abre interrogantes sobre la posible existencia de mecanismos de encubrimiento y presión sobre testigos.
Posible interferencia en la Fiscalía y la justicia española
Otro aspecto controvertido es la contratación en 2016 por parte de PDVSA del despacho del exjuez Baltasar Garzón por una cuantía cercana a los nueve millones de euros para litigar en España contra proveedores de la filial Bariven. Este contrato incluía la misión de “coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España”, situación que afectaba directamente a Dolores Delgado, entonces fiscal general y pareja del propio Garzón.
Este entramado de relaciones y contratos sugiere una posible interferencia en la labor judicial, dificultando el esclarecimiento de los hechos y la persecución efectiva de los presuntos delitos.
La información contenida en los sobres custodiados por Aldama, junto con las pruebas recabadas por las autoridades, podría desencadenar un terremoto político y judicial de grandes proporciones. La red que se perfila no solo implica una grave corrupción económica, sino también una interrelación política internacional que vincula a España con el régimen venezolano a través de intereses ocultos y acuerdos no transparentes.
La transparencia y la justicia se enfrentan en este caso a un reto mayúsculo para desenmarañar una compleja madeja que, de confirmarse, afectaría la credibilidad de instituciones y figuras de primer nivel.
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