El Supremo imputa a Cerdán, le cita para el 30 de junio y autoriza a la UCO a investigar su patrimonio

El magistrado Leopoldo Puente ha imputado formalmente al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y le ha citado para declarar el próximo 30 de junio como investigado en el caso Koldo.

 El instructor del Tribunal Supremo ha autorizado además a la Unidad Central Operativa (UCO) a investigar su patrimonio, cuentas bancarias, bienes inmuebles y vehículos, así como a clonar el contenido de su correo electrónico corporativo en el partido socialista tras considerar que existen «consistentes indicios» de su participación en una trama de corrupción.

El auto de 46 folios, dictado este jueves, supone un paso decisivo en la investigación al situar a Cerdán en el centro del presunto esquema corrupto. Según el informe de la UCO del 5 de junio, el ex dirigente socialista habría actuado «de consuno con el aforado» José Luis Ábalos en «la percepción de premios económicos a cambio de concesiones irregulares de obras públicas».

La declaración de Cerdán será ahora «preceptiva y en calidad de investigado» tras renunciar a su escaño y perder el aforamiento parlamentario. El juez ha pospuesto la fecha del 26 al 30 de junio a petición de la defensa para que el nuevo abogado pueda preparar adecuadamente la estrategia.

Tras la comparecencia, el instructor evaluará «la adopción de medidas cautelares de naturaleza personal» respecto al investigado, lo que abre la puerta a posibles restricciones de libertad de movimientos o incluso prisión provisional.

Patrimonio investigado
La autorización judicial permite a la UCO investigar «cuentas y productos bancarios en los que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán figura como titular, autorizado o representante, con exclusión de las vinculadas al PSOE y a la Fundación Pablo Iglesias, así como bienes inmuebles o vehículos».

El juez también requiere información tributaria del investigado «para conocer su situación financiera y la evolución de la misma». Esta medida busca trazar el origen y destino de los fondos que presuntamente habría manejado Cerdán como supuesto distribuidor de las comisiones.

La investigación se extiende a cinco empresarios citados como investigados entre el 4 y el 7 de julio: Antonio y Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera, José Ruz Martínez y Antxon Alonso Egurrola. En total, la UCO analizará cerca de 500 cuentas bancarias vinculadas a estos investigados y sus empresas.

El magistrado considera que estos empresarios «habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de éstas de concretas obras públicas a cambio de precio» y que sus conductas aparecen «indisociablemente unidas» a las del exministro Ábalos.

Correos del PSOE
Una de las diligencias más llamativas es la orden de clonar el correo electrónico corporativo de Cerdán en el PSOE. Según el auto, «dicho correo habría sido facilitado por éste a Koldo García, también investigado en esta causa, para que dirigiera a dicha dirección telemática ciertas comunicaciones relevantes».

El juez requiere al partido socialista que facilite a los agentes «la entrada en sus instalaciones para proceder al acceso y grabado (clonado) de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa de la que Cerdán disponía». También ordena acceder a «cualquier otra cuenta corporativa de correo empleada exclusivamente por Santos Cerdán».

De forma paralela, se autoriza el clonado de la cuenta de correo corporativa del ex ministro Ábalos en el Ministerio de Transportes durante su mandato.

El instructor ha solicitado a ADIF y a la Dirección General de Carreteras los expedientes de adjudicación de once obras presuntamente irregulares. Entre ellas figuran cinco ferroviarias (San Feliú de Llobregat, El Mayor, Murcia, Monforte y Asturias) y seis de carreteras (Logroño, Sevilla, Asturias, Úbeda, Teruel y Camino de Santiago).

La investigación revela la existencia de un contrato privado firmado el 1 de junio de 2016 entre el empresario Antxón Alonso y Santos Cerdán, mediante el cual el primero transfiere al segundo «1350 participaciones sociales de las 3000 que constituyen la sociedad» Servinabar 2000. Este documento, incautado durante los registros, podría ser clave para demostrar los vínculos financieros entre ambos.

El magistrado ha rechazado la petición de la defensa de Cerdán de aportar inmediatamente el original del documento, argumentando que «mal podría cotejarse notarialmente un documento privado». No obstante, ha ordenado que se facilite una copia antes de la declaración.

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