Pardo de Vera, señalada por firmar contratos manipulados por más de 340 millones en infraestructuras

Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF, firmó las adjudicaciones ahora bajo investigación que beneficiaron a Acciona y están siendo analizadas por la UCO como parte de una presunta trama de corrupción político-empresarial. Las obras, financiadas con fondos europeos y valoradas en 342 millones de euros, implican también al exministro José Luis Ábalos, al exasesor Koldo García y al dirigente socialista Santos Cerdán.

 Una red de intereses en torno a contratos públicos
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto el foco sobre una serie de contratos millonarios adjudicados por ADIF que, según sus investigaciones, habrían sido manipulados para favorecer a la constructora Acciona. Las pesquisas apuntan directamente a Isabel Pardo de Vera, quien, como presidenta del consejo de administración de la entidad pública, firmó y presidió las reuniones donde se aprobaron las obras ahora bajo sospecha.

Las obras en cuestión no son menores: tres grandes actuaciones ferroviarias, dos en Murcia y una en Cataluña, que suman más de 340 millones de euros y que fueron adjudicadas a la UTE Acciona-Ferrovial, en medio de un presunto esquema de tráfico de influencias y pagos ilícitos.

 Las obras bajo la lupa
La primera de las adjudicaciones se firmó el 13 de febrero de 2019. Se trataba de la ejecución de la plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad en el tramo Pulpí-Vera, en la provincia de Almería. El contrato, por un valor de 121 millones de euros, fue otorgado a la UTE formada por Acciona y Ferrovial. Fue el primero de varios movimientos que más tarde levantarían sospechas en la investigación de la UCO.

Pocos meses después, se concedió otro gran contrato, esta vez por 159 millones de euros, para el soterramiento de la red ferroviaria en la ciudad de Murcia. Una vez más, la adjudicación fue para la misma UTE.

La tercera obra en cuestión se refiere a la integración del ferrocarril en la localidad barcelonesa de Sant Feliu de Llobregat. Este contrato, inicialmente presupuestado en 51 millones, sufrió una ampliación en 2023 por otros 62 millones de euros, después de que la constructora ganadora rozara los límites de una oferta temeraria durante la licitación. El presidente de la mesa de contratación de esta obra fue posteriormente ascendido a director general por la propia Pardo de Vera, una decisión que ahora también es objeto de análisis.

 La firma que validó los contratos
En todos los expedientes consta la rúbrica de Isabel Pardo de Vera, con una fórmula clara: “Para que conste, a fin de que surta los efectos que resulten oportunos, se expide la presente certificación, con el visto bueno del Presidente del Consejo”. El documento hace mención expresa al artículo de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público que obliga a abstenerse a los miembros del consejo si tienen algún interés en los acuerdos adoptados.

La UCO sostiene que ese interés existía. En base a pruebas y audios intervenidos durante la investigación, se ha determinado que Pardo de Vera mantuvo conversaciones con Koldo García —exasesor de Ábalos— para coordinar la adjudicación de contratos. Esta relación directa, sumada a su papel como máxima responsable del órgano decisor, constituye uno de los elementos clave en su imputación dentro del llamado caso Ábalos-Cerdán.

 Interferencias políticas y nombramientos cruzados
Durante su comparecencia ante el Tribunal Supremo, el exministro José Luis Ábalos afirmó que no propuso personalmente a Pardo de Vera para liderar ADIF. En su declaración, señaló a su antecesor en el Ministerio de Fomento, José Blanco, como el impulsor del nombramiento.

Ábalos intentó además desvincularse de la contratación de su expareja, Jésica Rodríguez, y de cualquier posible participación en la adjudicación irregular de contratos. El exministro negó haber recibido beneficios ni haber influido en los procesos, y puso en duda la veracidad de los audios recabados por la Guardia Civil, alegando que no se le puede identificar en ellos con certeza y sugiriendo incluso la posibilidad de que hayan sido manipulados.

 Los pagos en efectivo y el silencio forzado
Uno de los elementos más llamativos del informe de la UCO es la referencia a pagos en metálico supuestamente repartidos entre los integrantes de la red. Se estima que por cinco adjudicaciones, Koldo y Ábalos habrían recibido al menos 620.000 euros, con un pago adicional de 550.000 euros aún pendiente al cierre del análisis policial.

En uno de los audios incautados, se escucha a Koldo preguntar abiertamente por ese dinero a Santos Cerdán, quien responde tajantemente: “¡Que no hables de eso!”, una reacción que da cuenta de la gravedad del contenido y del clima de nerviosismo que rodea a los implicados.

 Un caso con ramificaciones europeas
El hecho de que las obras en cuestión estén financiadas con fondos europeos añade una dimensión internacional al caso. La posible malversación o desvío de dinero procedente del presupuesto comunitario podría implicar no solo responsabilidades penales a nivel nacional, sino también sanciones e investigaciones desde Bruselas.

El Reglamento de Protección de los Intereses Financieros de la Unión Europea obliga a los Estados miembros a detectar, sancionar y recuperar los fondos en caso de fraude. Si se confirman los hechos descritos por la UCO, el Estado español podría enfrentarse a la devolución de los importes mal utilizados, así como a la apertura de procedimientos de control o congelación de futuras partidas.

 Una pieza más en la crisis institucional
La imputación de Isabel Pardo de Vera y la implicación de figuras clave del PSOE en este presunto esquema de corrupción profundizan la crisis de credibilidad en las instituciones públicas y afectan de lleno al sistema de adjudicaciones de obra pública en España.

Lo que comenzó como un caso periférico asociado al exasesor Koldo García ha terminado por salpicar a altos cargos del PSOE, funcionarios ascendidos bajo sospecha y empresas adjudicatarias de contratos multimillonarios, todos ellos conectados por decisiones tomadas al más alto nivel en el seno de una empresa pública clave para las infraestructuras del país.

A la espera de nuevos movimientos judiciales, el caso Ábalos-Cerdán sigue creciendo, con el foco puesto ahora en la validez legal de los contratos firmados, el uso de los fondos europeos y la posible responsabilidad política de quienes los aprobaron, facilitaron o se beneficiaron de ellos.

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