Impacto España Noticias
El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, podría ser el próximo miembro del Gobierno en verse salpicado por la corrupción en un nuevo informe de la UCO que se prevé sea publicado a finales de verano.
La Guardia Civil investiga su presunta implicación en un plan para importar crudo venezolano a través del puerto de Tenerife, operación que habría sido negociada con varios miembros de la llamada «trama de Aldama» durante su etapa como presidente del Gobierno de Canarias.
Según fuentes del caso y declaraciones de implicados, Torres habría participado en al menos dos reuniones en las que se discutió esta operación petrolera, cuyo objetivo era establecer una cadena completa de control sobre el negocio de los hidrocarburos, desde la llegada del crudo hasta su venta final en gasolineras. La operación, liderada por Víctor de Aldama —implicado también en el escándalo de las mascarillas y el caso Koldo—, contaba con el respaldo financiero del empresario Claudio Rivas y con la participación de figuras como la empresaria Carmen Pano y el exministro José Luis Ábalos.
Pano, socia en varias iniciativas con De Aldama, ha relatado tanto ante la Guardia Civil como en declaraciones públicas que asistió a una de esas reuniones con Torres, y que Rivas viajó a Canarias en varias ocasiones para reunirse directamente con el entonces presidente autonómico. Aunque la operación para amarrar el negocio en el puerto de Tenerife no llegó a concretarse, las fuentes consultadas señalan que no fue por falta de interés político, sino porque Rivas se negó a continuar desembolsando dinero tras meses de escasos avances.
La UCO señala que la operación giraba en torno a dos pilares: la obtención de la categoría de operadora para la empresa Villafuel SL —algo que finalmente se logró— y el aseguramiento de un punto de entrada para el petróleo en Canarias, aprovechando los contactos de De Aldama en Venezuela. No en vano, el propio conseguidor facilitó en enero de 2020 la polémica visita a España de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro y ministra de Hidrocarburos.
La periodista Ketty Garat confirmó ayer lunes que el juez del caso solicitó hace tres meses a la UCO las conversaciones de los investigados Ábalos, Koldo García y De Aldama con aforados, entre ellos Ángel Víctor Torres, lo que demuestra que su implicación está siendo investigada de manera directa. Garat aseguró que Torres habría participado en cinco encuentros clave para poner en marcha una refinería en Canarias, en coordinación con operaciones de refinado en República Dominicana, todo ello vinculado a un fraude masivo tanto en IVA como en la comercialización de hidrocarburos.
La empresaria Carmen Pano ha detallado que la trama esperaba importar petróleo tipo Merey desde Venezuela a bajo coste —alrededor de 30 dólares el barril— para revenderlo en Europa a un precio cinco veces superior. También ha señalado que el propio Torres prometió su «honor» para que la operación saliera adelante si se realizaban las inversiones necesarias.
Por su parte, el Ministerio de Industria también aparece salpicado. La Guardia Civil ha confirmado la existencia de al menos dos reuniones en esa cartera, dirigida entonces por Reyes Maroto, actual líder del PSOE en Madrid. Aunque Maroto no estuvo presente, sí lo hicieron su jefe de gabinete, Juan Ignacio Díaz Bidart —cuyo contacto fue hallado en poder de los detenidos—, Claudio Rivas y Koldo García. Pano relata que en esas citas se obligaba a los asistentes a dejar los teléfonos móviles fuera para preservar la confidencialidad de las negociaciones.
Uno de los elementos más comprometedores es la presunta compra de un chalet en Cádiz para Ábalos a través de Have Got Time SL, la empresa de Pano. Según su testimonio, este inmueble fue una dádiva entregada como parte del entramado de sobornos, junto a pagos en metálico y transferencias que suman cerca de un millón de euros, parte de ellos canalizados a través del Zamora Club de Fútbol, presidido por De Aldama. Pano ha sostenido que las aportaciones más significativas salieron de Villafuel, mientras que ella solo ponía “la propina”.
Las investigaciones actuales también conectan a los implicados con un gigantesco fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos, valorado en 182 millones de euros por impago del IVA. En esa causa paralela, abierta en la Audiencia Nacional, fueron detenidos en octubre de 2024 Aldama, Rivas y otros trece colaboradores.
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