Cerdán conserva los ficheros con las identidades de los donativos para las primarias de Sánchez

El caso que involucra la financiación de la campaña de primarias de Pedro Sánchez en 2017 sigue generando controversia y sospechas en torno al origen de algunos fondos, los métodos utilizados y las personas implicadas.

A medida que se desvelan más detalles, se amplía el círculo de actores bajo escrutinio: desde el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, actualmente investigado en el Tribunal Supremo, hasta la esposa del presidente, Begoña Gómez, e incluso, de forma indirecta, su entorno familiar, en particular su padre.

Una campaña con sombra de sospechas
La recaudación para las primarias de 2017, en las que Pedro Sánchez logró recuperar el liderazgo del PSOE tras su defenestración interna, fue impulsada a través de la asociación sin ánimo de lucro Bancal de Rosas. Esta plataforma, según informes publicados por El Debate, habría canalizado una parte significativa de los fondos mediante técnicas de crowdfunding masivo con microdonaciones automatizadas que simulaban un respaldo popular abrumador.

La campaña recaudó más de 100.000 euros entre el 3 y el 30 de marzo de 2017, a través de 2.749 donaciones realizadas por 2.185 donantes distintos. Una media de 46 euros por persona, aunque el grueso económico provino de una minoría con mayor capacidad adquisitiva.

Así, en la Fase I de Agrupémonos Tod@s se recaudaron 11.580 euros y se gastaron 11.632,37 euros, gastando, por ejemplo, 5.566  euros en producción, 2.656 euros en desplazamientos y 2.071 euros en alquileres. La Fase II manejó 20.400 euros, de los cuales 10.006 euros se destinaron al alquiler de espacios y 7.381 euros a producción.

En Comunica Socialismo Fase II, con un presupuesto de 15.100 euros, el gasto ascendió a 15.709,48 euros, con partidas como 6.116 euros para gestión de crowdfunding, 4.982 euros para artes y 2.831  euros para fotografía. En Yunque y Tintero, incluso se excedieron ligeramente. Recaudaron 10.240 euros pero gastaron 10.497,30 euros. Sin embargo, lo más sorprendente de este proceso fue la revelación de la UCO. Según el informe policial, en el proceso participativo que encumbró a Sánchez se hallaron indicios de manipulación por parte de Cerdán.

Lo llamativo fue la velocidad y el patrón de las donaciones: en cuestión de minutos se produjeron cientos de aportaciones, algunas presuntamente desde nombres repetidos o de difícil trazabilidad, lo que ha llevado a expertos en financiación electoral a hablar de “donaciones compulsivas”, un fenómeno que puede ocultar la canalización irregular de dinero a través de terceros.

 La donación de Begoña Gómez
En ese contexto, apareció entre los donantes Begoña Gómez, esposa del entonces candidato Pedro Sánchez. Su nombre figura, según el medio citado, en los listados del primer día activo de recaudación (3 de marzo de 2017). No se ha indicado públicamente la cantidad exacta aportada, pero su presencia en el fichero ha levantado preguntas sobre el grado de implicación personal y familiar en el proceso financiero.

Legalmente, que la cónyuge de un candidato done a su campaña no es delito. Sin embargo, dadas las acusaciones paralelas sobre presunta manipulación del recuento de votos —con un mensaje interceptado de Cerdán ordenando introducir dos papeletas tras el cierre—, la vinculación de Gómez adquiere una carga simbólica significativa.

El papel de Cerdán y los indicios de pucherazo
La Guardia Civil, a través de su Unidad Central Operativa (UCO), sostiene que Santos Cerdán controlaba de forma directa la recaudación, y que la misma se discutió en reuniones en la sede del PSOE, con la presencia de Sánchez ya como secretario general. La interceptación de un mensaje de Cerdán a Koldo García, asesor del exministro Ábalos, en el que se ordenaba introducir votos sin supervisión, ha llevado a los investigadores a plantear la hipótesis de un posible fraude electoral.

Cerdán declarará el próximo 30 de junio ante el Tribunal Supremo, en el marco de una causa más amplia que incluye la presunta solicitud de comisiones ilegales a empresarios, como Servinabar 2000 SL y Acciona, según notas extraídas de los dispositivos intervenidos a García.

El frente familiar: ¿dinero procedente de actividades ilícitas?
Más allá del entorno inmediato de Sánchez, han surgido informaciones no confirmadas oficialmente que sugieren que el suegro del presidente, padre de Begoña Gómez, habría estado vinculado en el pasado a negocios de saunas de ambiente homosexual en Madrid, algunos de los cuales han sido objeto de investigaciones relacionadas con prostitución encubierta y actividades económicas en negro.

Aunque no existen resoluciones judiciales firmes que imputen delitos al padre de Gómez, ciertos medios digitales han apuntado que algunas de estas actividades podrían haber generado flujos de efectivo opacos, de los que habría salido alguna donación indirecta a la campaña de Sánchez. No hay, hasta el momento, prueba documental que vincule directamente este dinero con la recaudación de 2017, y las afirmaciones al respecto se sostienen en testimonios no verificados o en documentos sin trazabilidad judicial.

Este aspecto añade una dimensión delicada al caso: si se probara que parte de la financiación procedía de fuentes ilícitas, incluso a través de terceros aparentemente legales, podría configurarse un delito de blanqueo de capitales o financiación ilegal de partido político, con consecuencias penales y políticas de alto alcance.

Reacción del Gobierno y del PSOE
Hasta ahora, Pedro Sánchez ha minimizado públicamente la relevancia del caso, calificando las acusaciones de “ataques desesperados de la derecha” y restando importancia al incidente de las dos papeletas manipuladas (“una diferencia de más de 17.000 votos no se ve afectada por dos papeletas”, ha dicho).

El PSOE, por su parte, ha defendido la transparencia del proceso, y recuerda que las cuentas de la campaña fueron auditadas y presentadas en el Senado por Pedro Luis Egea Vega, tesorero de Bancal de Rosas. No obstante, tanto Egea como Francisco Martín (hoy delegado del Gobierno en Madrid) han reconocido que Santos Cerdán supervisó todo el proceso económico, lo que complica su posición procesal ante el Supremo.

Posibles consecuencias legales
Las investigaciones en curso podrían desembocar en:

Procesamiento penal de Cerdán por cohecho, organización criminal y posible fraude electoral.
Investigación patrimonial si se detectan vínculos entre la financiación de la campaña y dinero de origen ilícito, especialmente si se confirman vínculos familiares con fondos en B.
Responsabilidad indirecta de Pedro Sánchez si se demostrara que tuvo conocimiento o tolerancia ante prácticas irregulares.

Lo que comenzó como un caso técnico de recaudación electoral se ha transformado en un potencial escándalo político y judicial de amplio alcance. Con figuras clave bajo la lupa —y posibles vínculos financieros que alcanzan al círculo íntimo del presidente—, el caso de las primarias de 2017 podría convertirse en un punto de inflexión en la carrera política de Pedro Sánchez. La clave está ahora en la investigación judicial y en la verificación de las fuentes económicas y personales que sostuvieron una de las campañas más decisivas de la historia reciente del PSOE.

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