Santos Cerdán negoció con Otegui los beneficios a etarras preso por preso para asegurar el apoyo de Bildu

Santos Cerdán negoció durante años con EH Bildu la situación de los presos de ETA, y esa labor discreta, conocida en el PSOE pero nunca asumida en público, ha terminado quedando plasmada en informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y en los movimientos penitenciarios de los últimos años.

 Uno de los episodios que mejor ilustra ese papel de mediador aparece en una conversación intervenida por la UCO el 21 de enero de 2021. En esa llamada, Cerdán habla con el entonces responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, sobre el traslado de un recluso concreto.

En la grabación, el dirigente socialista comenta: «Lo teníamos para el 29». Exactamente ese 29 de enero de 2021, el Ministerio del Interior comunicó el acercamiento del etarra Juan Ramón Carasatorre Aldaz, conocido como Zapata, a una prisión próxima al País Vasco, encajando la fecha con la planificación adelantada por Cerdán.

 Mucho antes de que ese episodio saliera a la luz, en octubre de 2021, el propio Arnaldo Otegui había dejado claro ante su militancia cuál era la verdadera moneda de cambio en la relación con el Gobierno de Pedro Sánchez. «Si para sacar a 200 presos hay que votar los Presupuestos, se vota», afirmó, resumiendo en una frase la prioridad absoluta de la izquierda abertzale en su interlocución con Moncloa: la política penitenciaria.

Cuatro años después, aquellas palabras del líder de EH Bildu se leen casi como una profecía cumplida. A partir del verano de 2020, el ritmo de acercamientos de condenados por terrorismo se disparó y pasó a ser una rutina prácticamente semanal, convertida en un goteo constante de resoluciones de Instituciones Penitenciarias, muchas de ellas aprobadas en vísperas de votaciones clave en el Congreso.

Oficialmente, el Gobierno siempre ha negado la existencia de un acuerdo con Bildu sobre la situación de los reclusos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, rechazó en noviembre de 2020 cualquier tipo de intercambio político: «No es un canje y objetivamente se ha podido ver», sostuvo entonces. Sin embargo, las cifras dibujan otro escenario: sólo en 2020 se acercó a cárceles del País Vasco y Navarra a más etarras que en los dos años anteriores juntos.

El PNV llegó a bautizar ese calendario de movimientos con una expresión que se ha quedado como símbolo de aquel periodo: «Acuerdo cinco a la semana». Así lo describió en 2021 el portavoz jeltzale, Joseba Egibar, criticando que EH Bildu sostuviera al Ejecutivo de Sánchez en Madrid mientras rechazaba los Presupuestos autonómicos en Vitoria, pero beneficiándose igualmente del cambio de rumbo penitenciario.

Ese proceso, acelerado desde 2020, culminó en marzo de 2023. El Ministerio del Interior dio por terminada la política de dispersión, impulsada en 1989 por el Gobierno de Felipe González, y completó el traslado de la práctica totalidad de los presos de ETA a centros penitenciarios situados en País Vasco y Navarra. En total, se reubicó a cerca de 175 internos, entre ellos condenados con un largo historial de atentados y delitos de sangre.

A la fase de acercamientos se sumó un segundo escalón: la concesión de terceros grados y flexibilizaciones del régimen de cumplimiento. Tras la transferencia de las competencias penitenciarias al Gobierno vasco en 2021 —una demanda largamente defendida por el nacionalismo—, el Ejecutivo autonómico del PNV y el PSOE ha aprobado el tercer grado para 82 internos de ETA, según han denunciado reiteradamente asociaciones de víctimas, que alertan de un trato de favor hacia el colectivo.

En paralelo a estos movimientos en las cárceles, la sintonía política entre el PSOE y EH Bildu se iba normalizando y visibilizando. Tras las elecciones de 2023, se produjo la primera reunión con foto oficial entre Pedro Sánchez, Santos Cerdán y dirigentes del soberanismo vasco. Fue el viernes 13 de octubre, en el Congreso de los Diputados, y supuso un salto cualitativo respecto a los contactos previos.

No era la primera vez que socialistas y Bildu se sentaban a hablar. Ya en 2019 se celebró un encuentro discreto. La diferencia estaba en el nivel de representación. En aquella cita inicial acudieron por parte del PSOE Adriana Lastra y Rafael Simancas.

Cuatro años después, en la reunión de 2023, fueron el propio presidente del Gobierno y su hombre de confianza en la organización, Santos Cerdán. «Se trata por tanto de una delegación de máximo nivel», celebró el diario Naiz, el digital vinculado a Gara, alineado con el independentismo vasco.

La fotografía tenía un fuerte contenido simbólico: por primera vez, un jefe del Ejecutivo español se reunía de forma pública y en sede parlamentaria con los herederos de Batasuna, el antiguo brazo político de ETA, dejando claro que Bildu se había convertido en un socio asumido y legitimado por el PSOE en la aritmética de la legislatura.

En esas reuniones y en las conversaciones reservadas ha jugado un papel destacado Gorka Elejabarrieta, portavoz de EH Bildu en el Senado y uno de los dirigentes más involucrados en los contactos con el entorno de los presos. Su nombre no sólo aparece vinculado a la interlocución política, sino también a la defensa pública de Cerdán cuando este ha sido señalado en las pesquisas parlamentarias.

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