Anticorrupción ya investiga al número 3 de Maria Jesus Montero

La Fiscalía Anticorrupción ha comenzado a practicar diligencias tras la denuncia interpuesta el pasado 12 de junio por el sindicato de funcionarios Manos Limpias contra José Antonio Marco Sanjuán, quien hasta hace escasas semanas ocupaba la presidencia del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), el máximo órgano jurisdiccional-administrativo en materia tributaria en España.

La denuncia, fundamentada en informaciones periodísticas, documentos y comunicaciones privadas entre el denunciado y un empresario, acusa a Marco Sanjuán de haber cometido una serie de delitos de extrema gravedad que comprometen directamente la legalidad de procedimientos tributarios fundamentales para millones de ciudadanos.

 Un cargo de máxima responsabilidad fiscal bajo sospecha
José Antonio Marco Sanjuán ostentaba un cargo de alto nivel: como presidente del TEAC, tenía la última palabra administrativa en las reclamaciones de ciudadanos y empresas contra resoluciones de la Agencia Tributaria. Las decisiones adoptadas desde esta institución pueden modificar o anular sanciones fiscales, con consecuencias económicas muy significativas.

Según la denuncia de Manos Limpias, Marco Sanjuán habría utilizado esta posición privilegiada para favorecer a determinadas empresas sancionadas por Hacienda, a cambio de pagos en efectivo que, según el testimonio de un empresario, superarían los 100.000 euros. El relato de los hechos incluye una trama de favores administrativos, facturación encubierta y comunicaciones comprometedoras que ahora están siendo objeto de análisis por parte de la Fiscalía.

 El detonante: una investigación periodística y la dimisión inmediata
El caso saltó a la luz tras una investigación publicada por el diario El Debate, que presentó pruebas documentales y testimoniales que apuntaban directamente a Marco Sanjuán. Ante la acumulación de informaciones y presuntas evidencias, el denunciado presentó su dimisión el pasado 17 de junio.

Este gesto no frenó la reacción judicial. Manos Limpias formalizó su denuncia destacando que los hechos no eran “un simple recorte de prensa”, sino que constituían una notitia criminis —una comunicación de hechos con apariencia delictiva— que exige la apertura de diligencias penales conforme a los artículos 269 y 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 Acusaciones y delitos investigados
La denuncia menciona hasta seis tipos de delitos presuntamente cometidos por el ex presidente del TEAC:

Prevaricación de funcionario público
Cohecho
Tráfico de influencias
Malversación de caudales públicos
Negociaciones prohibidas a funcionarios públicos
Abuso en el ejercicio de la función pública
 
El esquema de las presuntas mordidas
De acuerdo con la denuncia, Marco Sanjuán habría cobrado en varias ocasiones cantidades de dinero en efectivo a cambio de influir en la resolución favorable de recursos administrativos interpuestos por empresas sancionadas por Hacienda.

El empresario denunciante habría entregado los pagos en tres entregas, en sobres, en una cafetería próxima al despacho oficial del ex presidente del TEAC. En los mensajes cruzados entre ambos figuran frases como: “Tengo miedo porque tal y como está la situación nos pueden estar haciendo algún seguimiento” o “Estoy asustado por si todo esto sale a la luz”. Estos mensajes, junto con el testimonio y la documentación anexa, fueron incorporados a la denuncia.

 Casos concretos: Discomtes Valladolid y Refinería Olmedo
1. Hidrocarburos Discomtes Valladolid S.L.
Esta empresa fue sancionada con una multa de 64.000 euros por la Agencia Tributaria. Posteriormente, esta sanción fue anulada desde el tribunal presidido por Marco Sanjuán. A raíz de esta anulación, la empresa abonó dos facturas emitidas por la sociedad Investment Betancuria S.L., vinculada directamente al denunciado: una por importe de 2.360 euros (con fecha 10 de enero de 2012, bajo el concepto de “operaciones”) y otra de 2.420 euros (11 de enero de 2013, en concepto de “seminario declaración”).

2. Refinería Olmedo S.A.
Este segundo caso involucra a una empresa perteneciente a la Cooperativa Azucarera Alcor de Valladolid-Olmedo, sancionada inicialmente con más de 1,2 millones de euros en varias resoluciones. Según la denuncia, Marco Sanjuán no solo resolvió favorablemente el recurso, sino que elaboró personalmente el texto del mismo, lo remitió desde su correo oficial a su cuenta personal, y desde esta, lo envió a un directivo de la empresa sancionada, José Ignacio Lamas, para su presentación ante la Inspección Regional de la Agencia Tributaria de Castilla y León.

Por este favor, Marco Sanjuán habría cobrado 24.200 euros, ocultos tras una compleja trama de facturación cruzada utilizando sociedades pantalla. Los testaferros identificados en este circuito societario son Enrique Lahuerta Tornos y Gonzalo Perdrix Ezequiel, quienes facturaron a la azucarera y, a su vez, pagaron al denunciado con facturas espejo.

 Un sistema estructurado de favores a cambio de dinero
La denuncia detalla que el denunciado actuaba en dos fases claramente diferenciadas:

Primera fase: Supervisión personal de la redacción de recursos tributarios interpuestos por las empresas sancionadas.
Segunda fase: Una vez resueltos favorablemente, el acusado cobraba las "compensaciones" en efectivo o mediante transferencias encubiertas a través de sociedades interpuestas de amigos y colaboradores.

La empresa Investment Betancuria S.L., controlada por el ex presidente del TEAC, servía como vehículo para emitir facturas que, formalmente, no guardaban relación con los procesos sancionadores, pero que, según la acusación, encubrían pagos por favores ilegales.

 Impacto institucional y avance del procedimiento
El caso ha generado alarma por la posible erosión de la confianza pública en el sistema tributario, especialmente en un periodo clave del calendario fiscal. La propia Fiscalía ha calificado el asunto como de relevancia penal grave, dadas las funciones de alta responsabilidad ejercidas por el denunciado.

Actualmente, la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias informativas penales y ya ha comenzado a practicar testificales. Además, está a la espera de un informe clave de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que podría incluir pruebas documentales, movimientos financieros y análisis de trazabilidad económica de las operaciones sospechosas.

Uno de los primeros pasos solicitados en la denuncia fue la declaración como testigo del periodista que publicó las informaciones en El Debate, a fin de que aporte las pruebas de las que dispone.

 Relevo en el TEAC y consecuencias futuras
Tras la dimisión de Marco Sanjuán, la presidencia del TEAC ha sido asumida por José Ignacio Ruiz Toledano, inspector de Hacienda y vocal del propio tribunal. Su nombramiento busca asegurar la continuidad institucional del órgano mientras se sustancia la investigación.

El desarrollo de este proceso penal será clave para determinar si los hechos denunciados constituyen una conducta delictiva individual o si, por el contrario, existen fallos sistémicos que deben corregirse en la estructura de control fiscal y administrativo del Estado.

 El caso de José Antonio Marco Sanjuán abre una preocupante ventana a posibles prácticas corruptas en el corazón del sistema tributario español. Las acusaciones son graves, los indicios detallados, y el posible impacto sobre la confianza institucional, profundo. Ahora, corresponde a la justicia determinar responsabilidades, proteger el principio de legalidad y garantizar que cualquier vulneración del Estado de Derecho sea investigada y, en su caso, castigada conforme a ley.

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