El fiscal Anticorrupción pide prisión sin fianza para Santos Cerdán

El fiscal Anticorrupción ha pedido prisión provisional sin fianza este lunes para el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que comparece ante el Tribunal Supremo como imputado en el caso Koldo, también conocido como trama PSOE, según fuentes jurídicas

Las razones esgrimidas son riesgo de destrucción de pruebas y riesgo de fuga, apuntan las mismas fuentes. Por su parte, las acusaciones populares también reclaman prisión provisional para el ex número tres del partido de Pedro Sánchez, añadiendo además riesgo de blanqueo y fuga de capitales.

Esta petición de la Fiscalía del Tribunal Supremo que dirige Alejandro Luzón y las acusaciones populares, unificadas en la del PP, se produce tras las revelaciones del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sitúa a Santos Cerdán en el centro de una presunta red de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.

La declaración de Cerdán -que ha sido recibido a gritos de «chorizo» y «ladrón» a su llegada al Tribunal Supremo- representa un nuevo capítulo en esta causa, que investiga una supuesta trama de corrupción que habría operado durante años en el ámbito de los contratos públicos, particularmente en el sector de la construcción e infraestructuras.

El caso de Cerdán se precipitó tras conocerse el pasado 12 de junio el informe de la UCO que le vincula, junto al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García, con irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. El impacto político fue inmediato: ese mismo día presentó su dimisión como secretario de Organización del PSOE y, días después, el 16 de junio, formalizó su renuncia al escaño de diputado.

Esta renuncia al aforamiento parlamentario permitió al instructor del Supremo Leopoldo Puente citarle directamente como imputado, sin necesidad de solicitar los permisos correspondientes al Congreso de los Diputados.

Fuentes cercanas a la defensa de Cerdán confirmaron que el ex dirigente socialista estaba dispuesto a ofrecer declaración para «dar las explicaciones oportunas» ante lo que el instructor considera «consistentes indicios» de delitos de organización criminal y cohecho.

La defensa había solicitado inicialmente que la declaración fuera retransmitida en directo, alegando criterios de «transparencia», petición que fue denegada por el magistrado instructor debido al carácter reservado de la fase de instrucción.

Al igual que los otros investigados, Ábalos y Koldo García, quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez ha manifestado públicamente que no se reconoce en los audios recogidos en el informe policial, lo que sugiere que podría mantener esta línea argumental en su comparecencia judicial.

Según el informe de la UCO, la presunta trama habría comenzado a operar en 2015 en Navarra, territorio de influencia tanto de Cerdán como de Koldo García, extendiéndose posteriormente con el ascenso político de los implicados.

Los investigadores describen una evolución en el papel de Cerdán dentro de la organización: inicialmente protagonista junto a Koldo, posteriormente relegado a funciones de gestión de «pagos» durante el período en que Ábalos y Koldo ocuparon responsabilidades en el Ministerio de Transportes, para retomar supuestamente el liderazgo tras la caída de estos últimos.

La investigación se centra en contratos adjudicados a las constructoras Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Según los cálculos de la Guardia Civil, solo las comisiones presuntamente obtenidas de Acciona ascenderían a 620.000 euros, con una deuda pendiente de 450.000 euros.

El 45% de Servinabar
Uno de los elementos más controvertidos de la investigación es un contrato privado hallado durante un registro en el domicilio del empresario Antxón Alonso Egurrola –ahora desaparecido–. Este documento indica que en 2016 Cerdán habría adquirido el 45% de la empresa Servinabar 2000 SL por 6.000 euros.

La relevancia de esta operación radica en que Servinabar, administrada por Alonso Egurrola, habría recibido más de 75 millones de euros en adjudicaciones del Gobierno navarro que forman parte de la investigación.

La defensa de Cerdán cuestiona la validez jurídica de este documento, calificándolo como «un mero contrato privado que no se llegó a elevar a público» y que, por tanto, «no tuvo ni ha tenido efecto jurídico alguno». Sin embargo, el Consejo General del Notariado ha precisado que estos contratos sí surten efectos entre las partes firmantes, aunque advierte que suelen utilizarse para ocultar la identidad del verdadero propietario.

Tras la declaración, el instructor Puente valora la adopción de medidas cautelares contra Cerdán, siguiendo el precedente establecido con los otros investigados, a quienes se les prohibió salir de España, se les retiró el pasaporte y se les impuso la obligación de comparecer periódicamente ante sede judicial.

La ronda de declaraciones iniciada con Cerdán proseguirá con las comparecencias de otros implicados: el próximo viernes declararán los empresarios Antonio y Daniel Fernández Menéndez (OPR) y José Ruz (vinculado a LIC), mientras que el 7 de julio será el turno de Alonso Egurrola y Fernando Merino, ex directivo de Acciona Construcción.

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