Justicia investiga negocios turbios entre Maduro y Zapatero a través de PDVSA
Si bien la investigación intentó incluir a Zapatero se cerró sin consecuencias legales para el exmandatario socialista, después de que apareciera muerto el principal testigo, Juan Carlos Márquez, un exdirectivo de PDVSA, a dos días de anunciar que iba «contar todo lo que sabía»
Poco a poco pero con contundencia, las evidencias de los negocios entre el gobierno socialista que lideró José Luis Rodríguez Zapatero en España con el régimen chavista de Venezuela llegan a manos de la justicia.
En una nueva etapa, el exviceministro de Energía de Miraflores, Javier Alvarado, entregó documentos que revelarían el entramado que junto a Nicolás Maduro, antes de su acenso al poder como presidente, orquestaron ambas administraciones para impulsar proyectos valorados en 1500 millones de euros.
Ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal de Madrid arribó un expediente, donde el también exdirector de la Corporación Eléctrica de Caracas constata la asignación de un proyecto a la empresa española Duro Felguera, que contemplaría la construcción de una central de ciclo combinado —Termocentro— para combatir los apagones que en 2008 comenzaban a registrarse en la nación caribeña.
Según los documentos sobre los negocios de Zapatero, esta elección de la compañía se efectuó bajo la denominación de “urgencia de Estado, con luz verde desde arriba”, los reportes divulgados. En las firmas del contrato figuran el expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Ramírez, quien acordó la designación con Miguel Ángel Moratinos, exministro de Exteriores bajo el segundo mandato de Zapatero.
«No se trató de una licitación abierta y pública», recalca Alvarado en su escrito de acusación. «Fue una adjudicación directa. Los directivos acusados no tenían ni capacidad ni jerarquía para imponer tal decisión».
Triángulo a puerta cerrada
Detrás del proceso de los negocios de Zapatero hay pasos turbios, entre ellos, que se gestó lejos de la evaluación de parámetros técnicos y competitivos. De hecho, Javier Alvarado asegura que “no hubo licitación pública, ni oferta abierta a otras compañías, sin alternativa ni transparencia, decidida desde las más altas instancias políticas”.
Con esta maniobra, Zapatero apoyó el levantamiento de la termoeléctrica El Sitio, en el sector Santa Lucía del estado Miranda, cuyas operaciones hoy son mínimas.
De acuerdo con el testimonio de Alvarado, existió un trato previo entre Moratinos y Nicolás Maduro, quien para entonces fungía como canciller, con el fin de concretar la firma del proyecto el 24 de octubre de 2008.
El aterrizaje de Zapatero en Venezuela en 2005, así como del entonces presidente venezolano Hugo Chávez, en 2008 en Madrid, cimentó las bases para el desembolso de los fondos que se estipuló el 29 de mayo de 2009 por orden de Ramírez.
A puerta cerrada, en el Palacio de La Moncloa y en el Palacio de Miraflores el negocio se concretó. Fuentes alegan que «resulta poco creíble que Zapatero haya intermediado durante dos décadas simplemente por altruismo. Menos aún cuando hay exministros con patrimonios difícilmente justificables». Se refieren a José Bono, exministro de Defensa de Zapatero, cuya fortuna luego de su retiro de la política genera dudas.
Zapatero sigue quedando impune
La presentación de los documentos hecha por Alvarado reviven el caso Morodo, que involucra al exembajador de Zapatero en Caracas, Raúl Morodo, quien terminó condenado a diez meses de prisión por ocultar beneficios de origen opaco provenientes de PDVSA.
Si bien la investigación intentó incluir a Zapatero se cerró sin consecuencias legales para el exmandatario socialista, después de que apareciera muerto el principal testigo, Juan Carlos Márquez, un exdirectivo de PDVSA, a dos días de anunciar que iba «contar todo lo que sabía» sobre los sobornos de PDVSA y el exembajador de Zapatero, Raúl Morodo.
Ahora bien, el destino del exmandatario español podría cambiar con esa causa que juzgará a la empresa asturiana Duro Felguera, acusada de pagar sobornos millonarios en Venezuela a cambio de contratos. El mismo escenario ocurre con Javier Alvarado, quien forma parte de varios procedimientos judiciales por actos de corrupción por enriquecimiento ilícito en España, Estados Unidos y Andorra.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a denuncias@impactoespananoticias.es
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias
Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a
WhatsApp: 635967726
Te puede interesar
La Guardia Civil sospecha que Ábalos pagó la señal de un local con dinero en sobres del PSOE
La Guardia Civil considera que los plazos en que el exministro recibió esas cantidades coinciden con los pagos efectuados por la compra del local, por lo que plantean la hipótesis de que el dinero utilizado para la señal provenga directamente de esos fondos partidarios
La empresaria Carmen Pano ratifica en el Senado que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE de Ferraz
Pano volvió a confirmar el punto central de su relato: que llevó personalmente 90.000 euros en metálico a la sede nacional del PSOE. “Me ratifico plenamente en las dos declaraciones prestadas ante el juez”
“El PSOE multiplicó su liquidez durante los años bajo la lupa del Supremo”
El Tribunal Supremo y la UCO mantienen abiertas diligencias para esclarecer si existió una red de pagos irregulares dentro de la estructura del partido durante los años de mayor liquidez
El hermano de Ximo Puig, a juicio por estafa tras "falsear facturas" para obtener ayudas de la Generalitat valenciana
La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de acusación, solicita una pena de cuatro años de prisión para Francis Puig y tres años de cárcel para Juan Enrique Adell Bover, además de las correspondientes multas e inhabilitaciones
El exdirector de Salud de Baleares dice que la oferta de la empresa ligada a la trama Koldo llegó de un Ministerio
El exdirector general del Servicio de Salud de Baleares durante el mandato de Francina Armengol, Juli Fuster Culebras ha confirmado este martes desde el Senado que la oferta de mascarillas de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas --empresa vinculada a la trama Koldo-- llegó proveniente de un Ministerio
El Supremo rechaza la renuncia de Ábalos a su abogado por fraude de ley
Se procederá a la práctica de la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así, el juez anuncia que celebrará una vistilla en la que las partes van a poder solicitar su ingreso en prisión