La UCO vincula a Francina Armengol con el empresario investigado por pagos irregulares a la trama PSOE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado elementos clave que podrían implicar a la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, en una presunta red de corrupción relacionada con adjudicaciones públicas durante su mandato como presidenta del Gobierno de las Islas Baleares.

En el marco de la investigación que inicialmente salpicó al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, los agentes han analizado durante meses el contenido de los dispositivos electrónicos incautados durante los registros en domicilios y sedes vinculadas a los investigados.

Entre ese material figuran conversaciones, mensajes y grabaciones de audio que mencionan de forma directa y reiterada a Armengol en el contexto de contactos con el empresario José Ruz, titular de la constructora Levantina Ingeniería y Construcción, actualmente bajo el escrutinio del Tribunal Supremo.

Contactos directos y adjudicaciones sospechosas
De acuerdo con las diligencias policiales, los vínculos entre Armengol y Ruz fueron variados en su formato: se produjeron tanto reuniones presenciales como comunicaciones por vía telefónica o mensajería directa. Los registros analizados indican que fue Koldo García, entonces estrecho colaborador del ministro Ábalos, quien actuó como intermediario entre ambos.

Los investigadores destacan la existencia de referencias explícitas a Armengol en conversaciones intervenidas, en las que García la mencionaba de forma habitual y cercana, llegando incluso a utilizar apelativos personales. Según fuentes próximas a la investigación, estos contactos fueron especialmente frecuentes durante los meses más críticos de la pandemia de COVID-19, etapa en la que se concedieron varios contratos de forma directa o bajo procedimientos de emergencia.

Una de las adjudicaciones más relevantes otorgadas durante el mandato de Armengol al empresario Ruz fue la correspondiente a la construcción de una residencia para personas mayores en el solar del antiguo hospital de Son Dureta, en Palma de Mallorca, por un importe de 10,4 millones de euros.

Además, se concedieron otros tres contratos a la misma empresa para obras de menor cuantía en infraestructuras viarias: uno entre Palma e Inca, municipio natal de la dirigente socialista, por valor de 108.354 euros; y dos en Sineu, concretamente en los puentes de Sa Picardia y Sa Barranqueta, por 97.243 y 94.383 euros respectivamente.

En total, las adjudicaciones suman 10,7 millones de euros y están ahora bajo revisión judicial debido a la sospecha de que pudieron haberse otorgado mediante procedimientos viciados o con el pago de comisiones encubiertas.

Implicación directa y suplicatorio en estudio
Fuentes cercanas al caso señalan que la Guardia Civil considera que existe un cuerpo de indicios suficientemente sólido como para establecer la implicación directa de Armengol en las operaciones investigadas. Esta circunstancia podría obligar al Tribunal Supremo a solicitar un suplicatorio al Congreso de los Diputados en caso de que se decida su imputación formal, dada la condición de aforada que ostenta como presidenta de la Cámara Baja.

Los contactos con el empresario, sumados a su supuesta influencia en la adjudicación de los contratos, forman parte del informe que la UCO ultima para remitir al alto tribunal. No obstante, si finalmente no se estima procedente formular cargos penales, Armengol podría ser llamada a declarar en calidad de testigo, en cuyo caso no sería necesario el suplicatorio.

Pagos, teléfonos seguros y lenguaje en clave
En una declaración reciente ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo, el empresario José Ruz reconoció haber mantenido contacto con figuras clave de la trama y admitió haber realizado pagos mensuales de 2.600 euros a Koldo García. Aunque justificó dichos abonos como parte de una supuesta labor de vigilancia en una obra en Benidorm, los investigadores interpretan que se trataba de un mecanismo para encubrir pagos por tráfico de influencias.

Ruz también confirmó que Koldo le proporcionó un teléfono encriptado para evitar la interceptación de comunicaciones. En los mensajes analizados, este dispositivo era mencionado bajo el término "café", y otros términos en clave como "el navarro" hacían referencia a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, actualmente en prisión preventiva. Otro código habitual era "la ganadería", expresión que, según declaró Ruz, aludía directamente al Partido Socialista.

El análisis de los agentes apunta a que estas conversaciones reflejan la existencia de un reparto concertado de contratos públicos, con posibles comisiones ilegales, favorecido por la intermediación de cargos públicos y figuras vinculadas al anterior Ejecutivo central.

Un escenario políticamente delicado
La posible implicación de Francina Armengol en esta red de adjudicaciones irregulares representa un desafío institucional de primer orden, debido a su actual posición como tercera autoridad del Estado. Aunque hasta el momento no ha trascendido ninguna declaración pública por su parte en relación a estos hechos, la evolución del caso podría desembocar en un procedimiento parlamentario inédito en esta legislatura.

Desde distintos sectores políticos ya se anticipa que, de confirmarse los elementos contenidos en el informe policial, el Congreso deberá pronunciarse sobre la autorización del suplicatorio, lo que podría tener consecuencias importantes para la estabilidad parlamentaria.

Por el momento, la investigación sigue en curso, y el informe definitivo de la Guardia Civil será determinante para esclarecer el papel que pudo jugar Armengol en el entramado investigado.

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