La investigación identifica tres adjudicaciones aprobadas por ADIF que fueron firmadas directamente por Isabel Pardo de Vera. Todas están financiadas con fondos europeos y suponen un total de 342 millones de euros
Noticias07 de julio de 2025
Impacto España Noticias
A finales de enero de 2019, apenas tres días después de que un grupo de constructoras presuntamente vinculadas a una trama político-empresarial quedara fuera de una licitación pública de 42 millones de euros para un tramo del AVE en Extremadura, el panorama cambió radicalmente. Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de ADIF, firmaba de su puño y letra la adjudicación de un nuevo contrato, esta vez por 146 millones de euros, a una de las empresas afectadas por el revés anterior: Acciona, en consorcio con otra constructora.
Esta decisión no fue un hecho aislado. Formó parte de un conjunto de actuaciones que, según la investigación en curso, conformarían una presunta red de corrupción con epicentro en el Ministerio de Transportes, que hoy pone bajo la lupa más de 342 millones de euros en contratos públicos.
El punto de inflexión: la licitación del AVE en Extremadura
El 28 de enero de 2019, el asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, Koldo García, envió un mensaje directo a Isabel Pardo de Vera. Acompañado de una fotografía, el mensaje incluía un documento confidencial en el que se detallaban las puntuaciones técnicas de las 34 ofertas presentadas por diferentes constructoras para ejecutar un tramo del AVE entre Talayuela y Cáceres. En ese listado aparecían subrayadas en amarillo dos propuestas que destacaban por su interés: la de OPR y la de Acciona, ambas en uniones temporales con otras empresas.
Sin embargo, ninguna de estas opciones resultó adjudicataria. La mejor nota recayó sobre una UTE independiente, sin vínculos con la presunta trama, que presentó una propuesta por 32 millones de euros, sustancialmente por debajo del presupuesto inicial. Esto desató el malestar inmediato de Koldo García, quien, tras un silencio de dos horas por parte de la presidenta de ADIF, la instó: “Mira la foto. Nos dan en toda la cara”.
A continuación, reconocía sin rodeos: “Esto nos ha jodido un poco”. Estas comunicaciones, incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, han sido interpretadas por los investigadores como una muestra clara del descontento de la presunta red por haber perdido un contrato que consideraban asegurado.
Reacción inmediata: un nuevo contrato de 146 millones en Murcia
El 31 de enero, apenas 72 horas después del tropiezo en Extremadura, Pardo de Vera firmó la autorización de una de las adjudicaciones más voluminosas de ese ejercicio: un proyecto ferroviario en Murcia valorado en 146 millones de euros. La beneficiaria fue nuevamente Acciona, señalada por los investigadores como una de las constructoras favorecidas en varias licitaciones supuestamente manipuladas.
El acuerdo fue formalizado en el seno del consejo de administración de ADIF, presidido entonces por la propia Pardo de Vera. Esta adjudicación ha despertado especial interés entre los agentes de la UCO, que en un registro reciente se incautaron de tres expedientes completos de obras adjudicadas por ADIF con cuantías millonarias. Esos tres proyectos, sumados a otros dos gestionados por la Dirección General de Carreteras, conforman el núcleo de las cinco licitaciones bajo sospecha en el marco de esta investigación.
Una trama con ramificaciones políticas
La figura de Koldo García se repite constantemente en la investigación. Hombre de confianza de Ábalos durante su mandato, su papel fue clave en las comunicaciones con Isabel Pardo de Vera y en el seguimiento de las licitaciones. La Guardia Civil ha documentado cientos de mensajes que reflejan una relación estrecha, frecuente y en ocasiones de tono personal entre ambos. También ha quedado registrada su interlocución directa con Fernando Merino, un intermediario en el sector constructor que habría hecho llegar a Koldo los pliegos de condiciones de obras públicas antes de su resolución.
Según los informes de la UCO, los contratos adjudicados habrían permitido a la trama repartirse al menos 620.000 euros en comisiones ilegales, aunque el objetivo era alcanzar cifras superiores al millón de euros. Se presume que, además de Koldo García y José Luis Ábalos, el ex dirigente socialista Santos Cerdán también estaría implicado en las gestiones para manipular las adjudicaciones a favor de ciertas empresas, especialmente Acciona.
Obras bajo sospecha: tres en ADIF, dos en Carreteras
La investigación identifica tres adjudicaciones aprobadas por ADIF que fueron firmadas directamente por Isabel Pardo de Vera. Todas están financiadas con fondos europeos y suponen un total de 342 millones de euros. Dos de ellas se desarrollan en la Región de Murcia y una tercera en Barcelona. La documentación que obra en poder de la Guardia Civil deja constancia de que estas decisiones fueron adoptadas por el consejo de administración del ente público con la participación activa de su presidenta.
A estas tres obras se suman dos licitaciones más gestionadas por la Dirección General de Carreteras, también bajo análisis de la UCO. El patrón en todos los casos es similar: licitaciones de gran cuantía, constructoras presuntamente afines, y la posible intermediación de figuras políticas que habrían influido de manera irregular en el proceso de adjudicación.
Registros y causa penal en marcha
La investigación judicial avanza. En junio pasado, los agentes de la UCO practicaron registros simultáneos en los domicilios de Isabel Pardo de Vera y del exdirector general de Carreteras, incautando documentación sensible sobre las licitaciones en cuestión. Ambos están imputados formalmente por su presunta participación en los hechos, y se espera que en los próximos meses comparezcan ante la Audiencia Nacional.
El caso representa uno de los escándalos de corrupción político-empresarial más relevantes de los últimos años en España, no solo por la cantidad de dinero público en juego, sino por la red de relaciones personales y profesionales que se habrían tejido desde el propio Ministerio de Transportes con el objetivo de amañar adjudicaciones públicas.
Lo que en un primer momento pareció ser una adjudicación más dentro del marco habitual de obra pública ha acabado destapando un complejo entramado de intereses ocultos, favoritismos y supuestas comisiones ilegales, con ramificaciones que alcanzan a altos cargos del gobierno anterior. La evolución de este caso no solo pone en entredicho la gestión de recursos públicos, sino que amenaza con convertirse en un nuevo capítulo oscuro para la política española, donde las conexiones entre poder político y grandes contratistas siguen siendo terreno fértil para la corrupción.
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