Cataluña asumirá la recaudación íntegra del IRPF como parte de un nuevo marco de financiación pactado por Montero

La Generalitat de Cataluña gestionará por primera vez la recaudación íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) dentro de un proceso de reforma del sistema de financiación autonómica que comenzará a cristalizar a partir del 14 de julio, fecha en la que se celebrará la Comisión Bilateral entre el Estado y el Govern.

 Así lo confirman fuentes políticas conocedoras de unas negociaciones que, aunque no han concluido en todos sus aspectos, sí han cerrado un primer bloque de gran calado: el calendario legislativo que permitirá a Cataluña asumir esa competencia.

Este cambio, de materializarse en los términos previstos, supondrá uno de los avances más significativos en autogobierno fiscal desde la restauración democrática. El IRPF, principal fuente de ingresos del Estado, generó en 2024 una recaudación total de 129.400 millones de euros, de los cuales 24.852 millones correspondieron a Cataluña.

Aunque por ahora no está previsto que la Generalitat se quede con la totalidad de esa suma —el sistema actual otorga a las comunidades del régimen común el 50% de la recaudación neta del IRPF—, sí asumirá progresivamente su gestión, lo que marcaría un cambio estructural sin precedentes en el modelo de descentralización fiscal español.

Una reforma legislativa sin precedentes
El acuerdo alcanzado incluye la presentación, en septiembre, de una proposición de ley que abrirá el proceso parlamentario para modificar tres normas fundamentales del sistema de financiación:

La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que establece el marco general del reparto competencial y tributario.

La Ley de Financiación Autonómica, que desarrolla las transferencias fiscales y el funcionamiento de los fondos de convergencia.

La Ley de Cesión de Tributos a las Comunidades Autónomas, que regula qué impuestos son gestionados o recaudados por las regiones.

El texto legal deberá estar aprobado antes del 31 de diciembre de este año, según los compromisos adquiridos por las partes. La nueva legislación abrirá la puerta no solo a que Cataluña recaude el IRPF, sino también a que cualquier comunidad autónoma que lo solicite pueda acogerse a un modelo similar, lo que introduce un elemento federalizante en el esquema autonómico vigente.

¿Qué implica "recaudar el IRPF"?
Es importante subrayar que la capacidad de recaudación no implica automáticamente el dominio sobre el 100% de los fondos obtenidos. La Generalitat pasará a gestionar la recaudación, pero el reparto final del dinero continuará rigiéndose por criterios estatales, al menos en esta primera fase.

La propuesta, de hecho, solo establece el inicio del proceso técnico y político para que la Generalitat asuma la recaudación. La discusión sobre el porcentaje final que corresponderá a cada comunidad, así como la cuantía total de recursos adicionales que el Estado aportará para afrontar el aumento del gasto social —derivado del envejecimiento poblacional, la dependencia y la sanidad—, queda pospuesta para futuras fases del acuerdo.

El papel de los actores políticos
La negociación ha sido liderada por el Ministerio de Hacienda, la Conselleria de Economía de la Generalitat y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, ha sido el interlocutor directo por parte del Ejecutivo central, mientras que la consellera de Economía, Alicia Romero, y el secretario general adjunto de ERC, Lluís Salvadó, han representado los intereses catalanes.

La implicación de ERC ha sido crucial. Fuentes próximas al proceso señalan que la formación republicana no solo ha estado al tanto de las propuestas, sino que ha presionado activamente para que las negociaciones no se paralizasen, especialmente cuando el Gobierno central manifestó dudas ante una posible reacción hostil del Partido Popular. La cumbre de presidentes autonómicos celebrada recientemente en Barcelona evidenció el rechazo frontal del PP a cualquier trato singularizado con Cataluña.

En este contexto, la reunión secreta entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Salvador Illa, el pasado 20 de junio en Madrid, resultó decisiva para desbloquear la situación. Ambos líderes permanecieron reunidos más de cuatro horas en un encuentro no anunciado previamente, en el que se pactaron los elementos esenciales del acuerdo.

Obstáculos técnicos: ¿está preparada la Generalitat?
Pese al acuerdo político, existen serias dificultades operativas para que la Generalitat pueda asumir la recaudación del IRPF en el corto plazo. La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) cuenta actualmente con unos 830 empleados, de los cuales apenas una decena son inspectores con capacidad real de control tributario.

La gestión integral del IRPF —un impuesto complejo, que requiere una arquitectura tecnológica robusta, redes de intercambio de datos, inspección y sanción, y capacidad de resolución de incidencias— excede con mucho las capacidades actuales del ente catalán. Por ello, la ley prevé un despliegue gradual, que podría extenderse durante cinco o seis años, en un proceso equivalente, por ejemplo, al que supuso en su momento la creación de los Mossos d’Esquadra como cuerpo policial integral.

Mientras tanto, la ATC deberá coordinarse con la Agencia Tributaria estatal, que seguirá teniendo un papel activo durante la fase de transición.

Obstáculos políticos: Junts, el PP y la legislatura en juego
En el terreno político, el futuro del acuerdo dependerá de varios factores inciertos. Uno de ellos es la duración efectiva de la legislatura. Para que la reforma legal se apruebe en el Congreso antes de final de año, como está previsto, es imprescindible que el Gobierno mantenga su estabilidad parlamentaria. Las derivadas del llamado "caso Koldo" podrían poner en riesgo este escenario, si bien por ahora el Ejecutivo mantiene su hoja de ruta.

Otro foco de incertidumbre es la postura de Junts. La formación liderada por Carles Puigdemont, con siete escaños clave en el Congreso, no ha respaldado por ahora este primer paso hacia la reforma de la financiación. Algunos sectores del partido consideran que el acuerdo beneficia principalmente al PSC y a Salvador Illa, su rival político en Cataluña. Sin el voto de Junts, la aprobación de la ley podría quedar comprometida.

Tampoco se descarta una impugnación legal del modelo si este se interpreta como una cesión bilateral incompatible con los principios de igualdad entre comunidades autónomas. En ese sentido, fuentes del Gobierno afirman que el nuevo marco se diseñará para ser extensible a cualquier autonomía que lo solicite, con el fin de blindar jurídicamente la propuesta.

Un nuevo modelo en construcción
Este primer acuerdo no cierra, ni mucho menos, el nuevo sistema de financiación autonómica. Se trata de un punto de partida que abre un proceso de redefinición del modelo, anclado en el principio de corresponsabilidad fiscal. Los trabajos pendientes incluyen:

La cuantificación del aumento global de recursos que el Estado destinará a las comunidades.
El diseño de un nuevo criterio de reparto, que tenga en cuenta variables como el envejecimiento, la insularidad, la dispersión poblacional o la renta per cápita.

La evaluación de los mecanismos de solidaridad interterritorial y los fondos de nivelación.
Por el momento, el acuerdo abre la puerta a una transformación profunda del equilibrio fiscal entre el Estado y las comunidades autónomas. Cataluña, como comunidad pionera en esta reforma, asume un rol central, pero el modelo podría extenderse a otras regiones. Todo dependerá de la voluntad política, la capacidad técnica y, sobre todo, de la aritmética parlamentaria.

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