Efecto llamada: el Gobierno destina 40 millones de euros más para traer menas

Mientras miles de españoles esperan una cita médica, hacen cola en comedores sociales o intentan sobrevivir con pensiones mínimas, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado —una vez más— una partida millonaria para atender a menores extranjeros no acompañados, conocidos como MENAs. 40 millones de euros más, esta vez para reubicarlos desde Canarias hacia otras comunidades autónomas.

Y así, en medio de una crisis económica persistente, con una deuda pública disparada, salarios estancados y jóvenes sin futuro, el Estado decide priorizar el gasto en inmigración ilegal. Porque, por mucho que se edulcore el lenguaje administrativo, no estamos hablando de turismo internacional ni cooperación al desarrollo: estamos hablando de menores que han entrado en España de forma irregular, al margen de los cauces legales.

Una factura que no deja de crecer
Este nuevo desembolso de 40 millones no es un hecho aislado. En los últimos años, el gasto en atención, manutención, vivienda, educación, traductores, personal social y programas de integración para MENAs se ha multiplicado en silencio. Solo en Cataluña, según datos oficiales, el coste anual de mantener a un menor extranjero en el sistema ronda los 4.700 euros al mes. ¿Cuánto cuesta mantener a un jubilado? ¿O a una persona con discapacidad severa? Mucho menos.

El contribuyente medio se pregunta con razón:
¿Por qué el Estado es tan eficiente cuando se trata de proteger a extranjeros que han vulnerado nuestras leyes, y tan negligente con sus propios ciudadanos?

Canarias: puerta de entrada, España: patio trasero
El Gobierno justifica esta medida como una forma de “aliviar la presión” en Canarias, donde los centros de menores están desbordados. Pero lejos de reforzar las fronteras, endurecer los controles o exigir responsabilidad internacional a los países emisores, la solución es repartir el problema entre comunidades autónomas. Un "plan de solidaridad forzada" que muchos presidentes autonómicos han rechazado, especialmente desde comunidades con sistemas de acogida ya colapsados.

¿Qué clase de planificación migratoria es esta? ¿Qué sentido tiene seguir destinando recursos sin límite a un sistema que no tiene capacidad de absorber más población vulnerable? ¿Dónde está la sostenibilidad de esta política?

Servicios colapsados… pero hay dinero para volar MENAs
A la vez que se aprueba esta partida, los datos sobre la situación interna de España son preocupantes:

Más de 800.000 personas en listas de espera sanitaria.
Pensionistas por debajo del umbral de la pobreza.
Autónomos con una presión fiscal récord.
Miles de jóvenes sin poder independizarse.

Sin embargo, el Estado fleta aviones, proporciona casas, comidas, centros escolares, psicólogos y tutores para MENAs, en muchos casos sin documentación válida ni posibilidad real de integración futura. Una inversión que no garantiza resultados, pero que sí genera frustración social y alimenta una peligrosa división entre “ciudadanos de primera” y “beneficiarios del sistema”.

¿Compasión o irresponsabilidad?
La acogida humanitaria es un principio noble. Pero también debe ser proporcional, responsable y equilibrada con las necesidades internas del país. Lo contrario es sembrar una bomba social de efectos retardados.

Y es que muchos de estos menores, al llegar a la mayoría de edad, quedan fuera del sistema sin formación, sin empleo, sin red de apoyo. No sorprende que una parte significativa acabe en situaciones de exclusión social o incluso delictivas, como reconocen informes policiales y fuentes judiciales.

¿Estamos, entonces, invirtiendo en integración real o simplemente generando un problema mayor a medio plazo?

El doble rasero de la moral pública
Cuando un español pide ayuda al Estado, la burocracia lo devora: requisitos, demoras, certificados. Pero para acoger a un menor sin papeles que entra ilegalmente por la costa, la maquinaria estatal se pone en marcha con velocidad y precisión quirúrgica.

Resulta legítimo preguntarse:
¿A quién sirve realmente el Gobierno?
¿A los españoles que llevan décadas cotizando, criando hijos, pagando impuestos, sosteniendo el sistema… o a una política de gestos ideológicos vacíos que desconecta al poder de la calle?

Una solidaridad que no alcanza a todos
Los 40 millones para MENAs aprobados esta semana no son solo una cifra. Son un síntoma. El síntoma de una clase política que ha perdido el sentido de las prioridades, que gestiona el dinero público como si no hubiera mañana, y que sigue fomentando una inmigración ilegal que no puede controlar ni asumir.

No se trata de xenofobia, ni de cerrar los ojos ante el sufrimiento ajeno. Se trata de orden, sentido común y justicia social. Porque un país que no cuida primero de los suyos, difícilmente podrá ayudar a otros. Y porque la solidaridad, si no es sostenible, termina siendo injusta.

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