La jueza de la DANA blinda a la CHJ con el peritaje de un político del PSOE
La instrucción del caso judicial más trágico del último año —la DANA que arrasó el sur de Valencia el 29 de octubre de 2024 y dejó 228 muertos— ha entrado en un territorio pantanoso. No por los hechos en sí, sino por las decisiones controvertidas de su protagonista judicial: la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Catarroja.
En un movimiento que ha generado incomodidad entre juristas, peritos independientes y hasta mandos de la Guardia Civil, la jueza ha decidido desacreditar el informe del instituto armado —elaborado tras meses de investigación técnica— para acoger como prueba sustancial un contrainforme redactado por José María Gil Garré, afiliado del PSOE y ex candidato socialista en Los Alcázares (Murcia). El problema no es solo el contenido de este informe alternativo, sino el conflicto de intereses político que encierra.
¿Una jueza o una defensora de parte?
El informe de la Guardia Civil responsabilizaba directamente a dos organismos estatales: la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por no emitir avisos en tiempo real que hubieran permitido actuar a tiempo ante el desbordamiento del barranco del Poyo, en el municipio valenciano de Aldaia. Un error de coordinación que, según el instituto armado, podría haber evitado cientos de muertes si se hubiese activado el protocolo de evacuación media hora antes.
Sin embargo, en lugar de considerar este trabajo técnico como prueba relevante, la jueza lo calificó de “erróneo e incompleto”, asegurando que los agentes "se extralimitaron" al incluir valoraciones que excedían la simple cronología de hechos solicitada. ¿Desde cuándo describir la cadena causal de una tragedia es una extralimitación?
La magistrada no solo rechaza el informe, sino que lo desmonta a través del testimonio de un perito vinculado ideológicamente con el partido del Gobierno. Gil Garré —ingeniero, sí, pero también militante activo— fue candidato del PSOE en las elecciones municipales de 2023. ¿Por qué confiar en su objetividad sobre la gestión de una catástrofe en la que están implicados organismos bajo responsabilidad del Ejecutivo central?
El peritaje del perito político
El informe de Gil Garré exonera a la CHJ de cualquier responsabilidad, señalando que los avisos sí se emitieron —vía correo electrónico y boletines automáticos— y que el verdadero responsable de activar el plan de emergencia era el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (Cecopi). El problema es que sus conclusiones no contradicen el fondo del informe de la Guardia Civil: que esos avisos no fueron ni suficientes ni oportunos, y que nadie coordinó la respuesta de forma eficaz.
Además, su análisis técnico coincide curiosamente con los intereses del Gobierno central, que ha evitado cualquier crítica a los organismos dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica o de la Agencia Estatal de Meteorología. Una coincidencia demasiado perfecta.
Una instrucción judicial con dirección política
Pero más allá del peritaje, lo que resulta alarmante es la lectura selectiva que hace la jueza de las pruebas. El informe de la Guardia Civil contenía 60 páginas de cronología, 200 anexos técnicos y entrevistas a testigos que describían con detalle la ausencia de información operativa útil durante los minutos críticos de la crecida. Ruiz Tobarra lo ha despachado como “insuficiente” y ha optado por archivar la causa contra el presidente de la CHJ, Miguel Polo, con el argumento de que la gestión de barrancos no es competencia de la CHJ, sino del Cecopi.
Este razonamiento traslada toda la responsabilidad a la Generalitat Valenciana —entonces bajo gobierno del PP de Carlos Mazón— y libera de culpa a los órganos estatales implicados. Curiosamente, a partir de esta decisión, la instrucción ha puesto el foco en imputar a la exconsejera de Interior, Salomé Pradas, y en citar como investigado al propio presidente Mazón. ¿Casualidad o estrategia procesal? La justicia no debería parecer nunca interesada. Hoy lo parece.
Riesgo para la confianza institucional
Lo que está en juego no es solo el resultado de una causa judicial. Es la credibilidad de la instrucción penal en grandes tragedias colectivas. La percepción de que la jueza actúa como defensora oficiosa de los intereses estatales, y que el informe de un perito con carné político pesa más que el de un cuerpo de seguridad del Estado, erosiona la legitimidad misma del sistema judicial.
Más aún: el hecho de que la jueza Ruiz Tobarra no haya cuestionado públicamente la idoneidad del perito socialista, mientras descalifica abiertamente el trabajo de una unidad especializada como la Policía Judicial de la Guardia Civil, pone en duda su imparcialidad. En derecho, no basta con ser neutral: hay que parecerlo.
La justicia, o es ciega, o es parcial
La investigación sobre la DANA de 2024 debería ser un ejercicio ejemplar de justicia técnica, independiente y valiente. Pero lo que estamos viendo es una instrucción judicial selectiva, con lecturas políticas evidentes y decisiones que protegen a unos mientras exponen a otros. La tragedia de la DANA merece algo mejor que eso.
Las 228 víctimas no necesitan culpables políticos. Necesitan justicia. Y la justicia no puede construirse con informes a medida, peritos militantes ni juezas que parecen actuar al dictado de intereses ajenos a la verdad judicial.
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