Yolanda Díaz premia a PRISA: 3 de cada 4 euros de publicidad de su ministerio van a sus medios afines

En plena crisis de credibilidad de los medios de comunicación tradicionales y bajo un contexto de fuerte polarización política, el Gobierno central ha intensificado una estrategia de influencia que ha pasado en gran medida desapercibida para la opinión pública: el uso masivo de la publicidad institucional como herramienta para comprar silencio, moldear líneas editoriales o premiar fidelidades ideológicas. La inversión pública en medios no solo cumple una función informativa; también puede convertirse en un eficaz instrumento de control indirecto.

El caso del Ministerio de Trabajo, dirigido por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ofrece un ejemplo particularmente revelador. Durante 2024, esta cartera destinó 192.000 euros a campañas publicitarias en emisoras de radio, de los cuales más de 140.000 euros, es decir, un 73%, acabaron en manos del Grupo Prisa, propietario de la Cadena SER y Los 40 Principales. El resto se repartió entre la cadena COPE, con 45.000 euros, y el grupo catalán Godó (RAC1), que recibió apenas 6.000 euros.

Reparto desigual y afinidades políticas
Aunque el gasto público en comunicación puede justificarse como una vía para difundir mensajes de interés general —como campañas de prevención laboral o seguridad en el trabajo—, el desproporcionado favoritismo hacia determinadas empresas del ecosistema mediático plantea dudas legítimas sobre la imparcialidad del reparto y su trasfondo político.

La concentración de fondos en el Grupo Prisa no es un hecho aislado. A esto se suma que la mayoría del gasto publicitario en medios digitales, que ascendió a 126.000 euros, también favoreció a plataformas del mismo conglomerado, que recibieron 15.000 euros, solo por detrás de Meta (Facebook e Instagram), con 26.000 euros. Otros grupos como Unidad Editorial (14.000 euros) o Vocento (12.000 euros) también se beneficiaron, aunque en proporciones menores.

En la prensa escrita, donde el Ministerio de Trabajo invirtió algo más de 110.000 euros, la distribución fue algo más equilibrada. Aun así, Prisa volvió a figurar entre los receptores con 17.000 euros, a la par que otros grandes grupos como Vocento, Alayans, Prensa Ibérica o Unidad Editorial.

Publicidad institucional como subvención encubierta
El mecanismo es sutil pero efectivo: al dirigir inversiones publicitarias de forma preferente a medios cercanos ideológicamente, el Gobierno logra dos efectos simultáneos. Por un lado, inyecta liquidez en empresas afectadas por la caída del mercado publicitario —como es el caso del Grupo Prisa, que atraviesa una profunda crisis financiera—. Por otro, genera una dependencia económica que limita el margen de crítica editorial, especialmente en un contexto donde muchas cabeceras apenas logran sostener sus operaciones.

Desde el punto de vista político, esta estrategia permite blindar un ecosistema mediático afín sin necesidad de recurrir a mecanismos formales de censura. Basta con premiar a unos y marginar a otros en el reparto de campañas institucionales para que los medios adapten, voluntaria o involuntariamente, su tono informativo.

Prisa, en el epicentro de la tormenta
El Grupo Prisa se encuentra en un momento particularmente delicado. La caída de la inversión publicitaria privada —estimada en torno a un 5% este año— ha exacerbado las tensiones internas entre accionistas y debilitado su posición en el mercado. La falta de claridad sobre el futuro control editorial ha generado incertidumbre incluso entre sus trabajadores.

En este clima de fragilidad, los fondos públicos actúan como una especie de salvavidas. Y no solo por la vía de la publicidad: Prisa también ha sido beneficiario de diferentes líneas de ayudas directas o indirectas que le han permitido sortear parte de sus problemas de liquidez. La relación entre el Ejecutivo y este grupo se ha estrechado hasta el punto de que desde el entorno gubernamental se reconoce abiertamente la preocupación por una eventual toma hostil por parte de actores no alineados políticamente.

La otra cara: exclusión de medios críticos
Mientras algunos grupos acumulan contratos institucionales, otros —especialmente aquellos considerados "hostiles" por el Ejecutivo, como Atresmedia o determinados digitales independientes— quedan sistemáticamente excluidos del reparto. Esta exclusión no solo implica una merma económica, sino también una pérdida de visibilidad en campañas de alto impacto.

A falta de criterios públicos y transparentes sobre cómo se asigna la publicidad institucional, resulta imposible garantizar que estas decisiones respondan únicamente a criterios técnicos, como audiencia o penetración demográfica. El actual modelo opaco y discrecional favorece una politización progresiva del ecosistema mediático.

Líneas editoriales bajo presión
La consecuencia última de este modelo es la erosión de la pluralidad informativa. Medios que dependen en gran parte de fondos públicos difícilmente pueden ejercer una labor crítica frente al poder que los financia. Aunque no existe una censura directa, sí opera una lógica de autocensura: cuanto más dependa una redacción del dinero institucional, menos dispuesta estará a incomodar a quien lo administra.

Por eso, la publicidad institucional, lejos de ser un recurso inocuo, se convierte en un potente instrumento de influencia. Y mientras los ciudadanos creen estar recibiendo información neutra o técnica, en realidad están siendo expuestos a mensajes cuidadosamente alineados con los intereses del Gobierno de turno.

Una democracia mediática en riesgo
El debate sobre el uso partidista de la publicidad institucional no es nuevo, pero se ha agudizado con el deterioro económico de los medios. Lo preocupante no es solo el volumen de dinero público que se invierte, sino la ausencia de criterios objetivos, la concentración de los fondos en medios afines y la marginación sistemática de voces críticas.

En una democracia sana, el Gobierno no debería premiar ni castigar a los medios en función de su docilidad. La información pública debe ser distribuida de forma transparente, equitativa y plural. De lo contrario, corremos el riesgo de sustituir la prensa libre por un sistema de medios subvencionados, obedientes y cada vez más alejados de los ciudadanos.

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