España: el país de los vividores del Estado y de los liberados sindicales

En los últimos diez años, el número de liberados sindicales en la Administración General del Estado (AGE) ha experimentado un incremento significativo.

Estos trabajadores, dispensados de sus tareas habituales para dedicarse exclusivamente a funciones sindicales, han pasado de 394 en 2015 a 486 en 2024, lo que representa un aumento del 23,35%. Este crecimiento pone de manifiesto un fenómeno poco visible para la opinión pública, pero de alto impacto en el funcionamiento y la eficiencia de la administración.

Las dispensas sindicales son permisos que permiten a los representantes de los trabajadores ausentarse de sus labores cotidianas sin que ello afecte a su remuneración. De esta manera, estos liberados sindicales se convierten en empleados que reciben un salario íntegro mientras se dedican por completo a tareas sindicales, que incluyen desde la representación de sus compañeros hasta la negociación de convenios laborales.

A diferencia de los delegados sindicales o los miembros de los comités de empresa, que continúan cumpliendo con sus funciones habituales y sólo disponen de un número limitado de horas para asuntos sindicales, los liberados concentran toda su jornada en la actividad sindical.

El crecimiento de los liberados ha sido progresivo: después de los 394 de 2015, la cifra se mantuvo estable en 392 en 2016, para subir posteriormente a 416 en 2017, 434 en 2018, 450 en 2019, 464 en 2020, 472 en 2021, 484 en 2022 y 488 en 2023, antes de descender ligeramente a 486 en 2024.

En paralelo, el número de delegados sindicales registrados en la AGE ascendió a 762 en 2024, lo que evidencia que más de un 60% de ellos gozan de la dispensa que los convierte en liberados. A nivel nacional, España cuenta con 320.882 delegados sindicales, con una notable concentración en grandes sindicatos, que representan cerca del 70% de toda la estructura sindical del país. Esta distribución territorial y organizativa refleja una gran desigualdad: solo cuatro comunidades autónomas superan los 20.000 delegados sindicales.

Sin embargo, el aumento de liberados sindicales no se traduce en una mayor actividad sindical efectiva. En 2024, se registraron 707 huelgas, cifra que supone 71 menos que en 2023, lo que indica un nivel histórico de pasividad dentro del movimiento sindical.

Este contexto pone de relieve un problema más amplio que va más allá de la estructura sindical: España se ha consolidado como un país en el que el Estado se ha convertido en un sistema que permite la existencia de numerosos “vividores” a costa del erario público.

La creciente cantidad de liberados sindicales, junto con otros gastos administrativos, se traduce en miles de millones de euros que podrían haberse destinado a servicios esenciales o inversión productiva. El fenómeno no solo genera un impacto económico directo, sino que también alimenta la percepción de un sector público excesivamente ineficiente y costoso, donde una parte considerable de los recursos se destina a mantener privilegios más que a mejorar la gestión pública.

El debate sobre la eficacia de las dispensas sindicales y la conveniencia de su número es más relevante que nunca. Mientras que los liberados cumplen funciones de representación y negociación, su crecimiento sostenido plantea la pregunta sobre si España puede seguir sosteniendo este modelo de manera indefinida, especialmente cuando existen necesidades urgentes en educación, sanidad o infraestructuras que demandan inversión pública.

En definitiva, la evolución de los liberados sindicales en la AGE no solo refleja un aumento de la burocracia interna, sino que también simboliza un patrón de gasto y privilegio que caracteriza buena parte de la Administración española. Más allá de la defensa de los derechos laborales, surge la necesidad de una revisión profunda del modelo, para garantizar que los recursos del Estado se utilicen con eficiencia y en beneficio de toda la ciudadanía, y no solo para mantener a quienes viven del erario público.

España: el país de los vividores del Estado

España se ha convertido en un país donde los vividores del Estado encuentran espacio para mantenerse gracias al gasto público. Miles de millones de euros se destinan cada año a mantener estructuras administrativas y privilegios internos que no llegan a los ciudadanos ni mejoran los servicios públicos. Liberados sindicales, altos cargos, asesores y otras figuras administrativas representan solo una parte de este ecosistema de vividores que se beneficia del dinero de todos.

Mientras millones de españoles luchan por acceder a educación, sanidad, vivienda o transporte de calidad, gran parte del presupuesto del Estado se utiliza para mantener a estos vividores, cuyo trabajo muchas veces no tiene un impacto directo en la ciudadanía. Este desequilibrio evidencia que España no solo enfrenta problemas de eficiencia, sino que también permite que una porción significativa de los recursos públicos se desperdicie en privilegios internos.

El país de los vividores del Estado no es una exageración retórica, sino una descripción real de cómo el erario público se distribuye de manera desigual, beneficiando a unos pocos mientras las necesidades esenciales de los ciudadanos quedan relegadas. Reformar este sistema es urgente para garantizar que los recursos de todos los españoles se utilicen de forma justa y efectiva.

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