“España se quema sobre minerales estratégicos mientras Sánchez guarda silencio”

El verano de 2025 ha vuelto a teñirse de humo y devastación. Más de 158.000 hectáreas de monte han ardido desde junio, con especial virulencia en el noroeste y el oeste peninsular. Galicia, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía concentran la mayoría de los siniestros, mientras que la franja mediterránea apenas ha sufrido episodios de gran magnitud.

La disparidad territorial resulta llamativa y ha despertado preguntas que van más allá de las explicaciones habituales sobre imprudencias, negligencias o redes de incendiarios. Un análisis más amplio permite observar una coincidencia que hasta ahora había pasado desapercibida para la opinión pública: la superposición entre los incendios y los yacimientos de minerales críticos que la Unión Europea considera estratégicos para su futuro energético y tecnológico.

 Los recursos que arden bajo los bosques
España dispone de importantes reservas de tierras raras y metales críticos como el litio, el tungsteno, el cobalto, el neodimio o el itrio. Estos elementos son esenciales en la fabricación de baterías, turbinas eólicas, paneles solares, teléfonos móviles y sistemas de defensa avanzada.

Un mapa elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) muestra con claridad la concentración de estos materiales en el cuadrante occidental del país, precisamente donde el fuego ha sido más devastador este verano. Extremadura alberga uno de los yacimientos de litio más grandes de Europa; en Galicia y Castilla y León se localizan importantes reservas de wolframio y estaño; en Andalucía se estudian vetas de cobalto y níquel.

Ese documento muestra la presencia de tierras raras y minerales críticos justo en los territorios que este verano han quedado reducidos a ceniza.

La coincidencia con los territorios más castigados por las llamas resulta, cuanto menos, inquietante.

 Europa aprieta, España calla
La dependencia europea de China en materia de tierras raras es casi total. Bruselas busca desde hace años diversificar su aprovisionamiento, y España aparece en todos los informes como una de las alternativas más sólidas.

Sin embargo, la explotación de estos recursos plantea serios dilemas ambientales y sociales. La minería de tierras raras no solo arrasa paisajes, sino que genera residuos altamente contaminantes y libera elementos radiactivos como uranio y torio, que pueden permanecer activos miles de años en acuíferos y suelos.

A pesar de estos riesgos, el Gobierno español ha evitado vincular públicamente los incendios con la cuestión minera. La narrativa oficial insiste en responsabilizar a imprudencias humanas y mafias del fuego, sin entrar en el debate de fondo: ¿qué papel juegan los intereses estratégicos en la gestión de los territorios calcinados?

 Cuando el fuego abre camino
Cada gran incendio no solo destruye miles de hectáreas de bosque. También reconfigura la agenda política y social de los territorios afectados. Tras la catástrofe, la presión mediática y ciudadana exige “reactivar la economía” y “recuperar la zona”. Bajo ese paraguas, proliferan las propuestas de proyectos mineros o energéticos que, en circunstancias normales, encontrarían una oposición frontal de los vecinos y colectivos ecologistas.

El fuego despeja el terreno físico y, al mismo tiempo, reduce la resistencia social. El relato de la reconstrucción facilita concesiones que, de otro modo, serían casi imposibles de justificar.

 Una encrucijada histórica
España se enfrenta así a un dilema mayúsculo. O bien preserva su patrimonio natural y rural, apostando por la prevención, la gestión forestal y el desarrollo sostenible, o bien se convierte en la cantera europea de minerales críticos, asumiendo los enormes costes ecológicos que ello implica.

La pregunta ya no es solo quién prende fuego a los montes españoles, sino a quién beneficia que cada verano arda con más fuerza la mitad occidental del país.

Con más de 200 incendios registrados en lo que va de año y un futuro cada vez más condicionado por la crisis climática y la geopolítica de los recursos, la respuesta será decisiva para el modelo de país que España quiere ser en las próximas décadas.

 El silencio oficial, sumado a la coincidencia entre territorios calcinados y zonas mineras, alimenta las sospechas de que los incendios no solo destruyen bosques, sino que allanan el terreno para un negocio mucho más grande: el de los recursos estratégicos que mueven la economía mundial del siglo XXI.

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