Tragsatec e Ineco pagaron 43.978 euros a Jesica Rodríguez por el tiempo que estuvo contratada sin trabajar

Las empresas públicas Tragsatec e Ineco han informado a la Audiencia Nacional de que abonaron un total de 43.978,40 euros a Jésica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana José Luis Ábalos, durante los periodos en los que estuvo contratada en ambas entidades. Lo relevante del caso no es la cifra en sí, sino que la propia Rodríguez reconoció ante el Tribunal Supremo, en su declaración como testigo el pasado mes de febrero, que no llegó a realizar trabajo alguno en dichas compañías, pese a que percibió el sueldo de manera íntegra.

 Los pagos bajo la lupa del juez
La información ha sido remitida al Juzgado Central de Instrucción Número 2, en el marco de la investigación del conocido “caso Koldo”, en el que se indaga sobre una presunta red de corrupción vinculada a contratos públicos durante la pandemia. El magistrado Ismael Moreno había requerido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recabara todos los datos sobre la relación laboral de Rodríguez con estas empresas.

Tragsatec confirmó que pagó 9.500,54 euros brutos a Rodríguez entre marzo y septiembre de 2021.
Ineco, por su parte, abonó 34.477,86 euros entre marzo de 2019 y diciembre de 2021.
En total, casi 44.000 euros por unos trabajos que, de acuerdo con la propia beneficiaria, nunca se realizaron.

 Reconocimiento público de la propia beneficiaria
La declaración de Rodríguez supuso un giro en la investigación. Reconoció abiertamente que no desempeñó ninguna labor en estas compañías, si bien siguió recibiendo su salario mes a mes. Estas afirmaciones fueron corroboradas por testimonios internos en las empresas, que describen irregularidades en la supervisión de sus horarios y la presión recibida por parte de directivos.

En Tragsatec, el responsable de controlar sus fichajes horarios, Sergio Bote, llegó a reclamar a Rodríguez los partes de trabajo. Sin embargo, sus superiores frenaron cualquier intento de exigirle documentación. Según testigos, la orden fue tajante: “Decidle que pare”.

 Testimonios internos y presiones
La exjefa de Rodríguez en Tragsatec, Virginia Barbancho, declaró ante el juez que fue presionada para obviar las irregularidades en torno a la contratación. Según su testimonio, le dijeron que se trataba de la “sobrina del ministro”, cuando en realidad era la pareja de Ábalos. Esta maniobra habría servido para justificar una contratación sin funciones asignadas y sin control laboral efectivo.

Las consecuencias no se hicieron esperar. Tras la confesión pública de Rodríguez, la gerente del área de Desarrollo Rural y Política Forestal de Tragsa, Caridad Martín Palacios, presentó su renuncia. Su salida reflejó las tensiones internas generadas por un caso que golpea directamente a la credibilidad de las empresas públicas implicadas.

 Implicaciones judiciales y políticas
La investigación no se limita a Rodríguez. El juez Ismael Moreno ha imputado a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF y exsecretaria de Estado de Transportes, por posibles delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. Se sospecha que pudo tener un papel clave en la contratación de Rodríguez, fruto de presiones políticas ligadas al entorno de Ábalos y su entonces asesor, Koldo García, considerado uno de los principales investigados en la trama.

La imputación de Pardo de Vera abre una nueva vía de investigación en la que la justicia examina hasta qué punto altos cargos facilitaron o encubrieron contrataciones “a dedo” en empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes.

 El trasfondo: el “caso Koldo”
El caso Koldo se ha convertido en uno de los mayores escándalos políticos de la última legislatura. Lo que comenzó como una investigación sobre la compraventa de mascarillas en plena pandemia ha destapado una trama más amplia de favores, contrataciones irregulares y presiones políticas dentro de la Administración.

La contratación de Rodríguez encaja en este patrón: vínculos personales y políticos convertidos en puestos de trabajo ficticios dentro de empresas estatales, con el consiguiente gasto de dinero público.

 Un símbolo de las irregularidades
El episodio de Jésica Rodríguez es especialmente significativo porque pone rostro a un tipo de práctica que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones: el uso de recursos públicos para beneficiar a círculos personales o políticos, sin contraprestación laboral real. La aceptación por parte de la propia beneficiaria de que nunca trabajó, unida a los testimonios de responsables internos que aseguran haber recibido presiones, deja en evidencia la fragilidad de los controles internos en empresas clave del sector público.

 La investigación judicial aún está en curso, pero lo ya revelado es contundente: Tragsatec e Ineco abonaron casi 44.000 euros a una trabajadora que no realizó funciones, según su propia declaración. Los indicios apuntan a que la contratación no fue casual, sino fruto de una red de influencias que hoy se investiga en la Audiencia Nacional.

El caso Koldo sigue sumando capítulos, y con ellos crece el debate sobre la necesidad de reforzar la transparencia y los mecanismos de control en la gestión de las empresas públicas españolas.

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