El Gobierno busca rectificar tras la inclusión de la prostitución en la CNAE 2025

La reciente actualización de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha generado un intenso debate político y social en España. Por primera vez, dentro del epígrafe 96.99 “Otros servicios personales n.c.o.p.”, apareció mencionada la “prestación o concertación de servicios sexuales”.

 Este detalle, que podría parecer meramente técnico, ha provocado un auténtico terremoto en el Ministerio de Igualdad y en el propio Gobierno, que impulsa desde hace meses una iniciativa legislativa para abolir la prostitución en el país.

 La CNAE y su papel en la economía
La CNAE es un sistema de clasificación estadística que se utiliza para ordenar, resumir y presentar datos sobre la actividad económica de las empresas y los profesionales. Cada sector productivo o de servicios queda asociado a un código que facilita tanto el análisis macroeconómico como la elaboración de políticas públicas. En otras palabras, sirve como mapa que refleja dónde se concentran los recursos y qué actividades generan riqueza dentro del territorio nacional.

La novedad introducida en 2025 no surgió de la nada: responde a la necesidad de adaptar la clasificación española a los criterios armonizados que dicta Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea. La traducción literal de la guía comunitaria fue la que llevó a incluir la prostitución dentro del listado de actividades de referencia.

 Un choque con la política abolicionista
La reacción del Ministerio de Igualdad fue inmediata. La ministra Ana Redondo subrayó que la aparición de esta actividad en la CNAE contradice la orientación del Ejecutivo, que está trabajando en un proyecto de ley para erradicar la prostitución en España.

Fuentes ministeriales insisten en que la inclusión de la “concertación de servicios sexuales” en la clasificación carece de efectos jurídicos, puesto que no figura en el Real Decreto que aprueba formalmente la CNAE-2025. Se trataría, más bien, de una “guía interpretativa” destinada a facilitar la comparabilidad con otros países europeos. Aun así, su presencia en un documento oficial fue interpretada como una señal política de enorme calado.

 Críticas desde el feminismo y agradecimientos del Gobierno
El movimiento feminista fue el primero en detectar el cambio. Diversas asociaciones pusieron en conocimiento del Ministerio la existencia de este epígrafe y alertaron del riesgo de que España pareciera legitimar la prostitución al reconocerla como una actividad económica más.

Lejos de ignorar estas advertencias, Ana Redondo grabó un mensaje público en el que agradeció la vigilancia y el compromiso de las organizaciones feministas. Según explicó, “fueron las primeras en poner sobre la pista a la administración”, un gesto que subraya la importancia del activismo en el seguimiento de las políticas de igualdad.

 El papel de Europa en la polémica
Uno de los elementos centrales de este debate es la relación entre la normativa europea y las particularidades nacionales. En algunos países de la Unión, la prostitución se encuentra regulada, mientras que en otros —como España— existe una corriente abolicionista con amplio respaldo político.

Por este motivo, Igualdad no se limita a pedir cambios internos. El ministerio prepara una carta dirigida a la comisaria europea de Igualdad, en la que solicitará que la clasificación comunitaria de actividades tenga en cuenta el marco legal y social de cada Estado miembro. El objetivo es que un listado diseñado para unificar criterios estadísticos no termine generando contradicciones políticas ni choques jurídicos.

 Una paradoja política en pleno debate legislativo
La controversia se produce en un momento especialmente delicado: el Ejecutivo se encuentra en la fase final de preparación del anteproyecto de ley abolicionista, que podría llegar al Consejo de Ministros en septiembre. La aparición de la prostitución como “actividad económica” justo ahora ha sido percibida como una contradicción interna y, en palabras de algunos analistas, como un golpe simbólico a la coherencia del Gobierno.

El propio ministerio ha tenido que aclarar que se trata de una cuestión técnica y ajena a la voluntad política del Ejecutivo. Sin embargo, la polémica revela hasta qué punto la gestión de la prostitución sigue siendo un terreno lleno de tensiones en España.

 Próximos pasos
La hoja de ruta inmediata pasa por:

Revisar la guía interpretativa del INE para eliminar cualquier referencia a la prostitución.
Coordinar con el Ministerio de Economía una redacción alternativa que sea compatible con la armonización europea pero respetuosa con la legalidad española.

Presionar en Bruselas para que la normativa comunitaria incorpore un mayor grado de flexibilidad en función del ordenamiento jurídico de cada país.
 
Lo que en apariencia era una actualización técnica de la CNAE ha terminado abriendo un frente político que trasciende lo meramente estadístico. La polémica refleja cómo los instrumentos de medición económica pueden tener implicaciones simbólicas y sociales de gran alcance.

En un momento en que España se dispone a debatir una ley histórica sobre prostitución, el Gobierno busca enviar un mensaje claro: la prostitución no debe figurar entre las actividades reconocidas oficialmente como parte de la economía nacional.

El pasado empresarial del suegro del presidente
Contexto y antecedentes
A la controversia técnica se suma un capítulo político y familiar de alto impacto. Se ha documentado que Sabiniano Gómez Serrano, padre de la esposa del presidente, fue propietario y gestor durante años de múltiples saunas en Madrid. Algunos de estos establecimientos estaban orientados a una clientela homosexual y otros a mujeres que ejercían la prostitución.

Estas informaciones se basan en anotaciones y grabaciones relacionadas con investigaciones policiales previas, en las que se describía que Sánchez habría tenido conocimiento de esos negocios, los cuales generaban importantes beneficios económicos.

El PSOE, por su parte, denunció la explotación política de esos antecedentes y exigió investigaciones sobre posibles maniobras de espionaje vinculadas a la llamada “policía patriótica”.

Impacto político y disputa parlamentaria
El asunto alcanzó máxima visibilidad cuando, en el Congreso, se utilizó en un debate sobre corrupción con la pregunta: “¿De qué prostíbulos ha vivido usted?”, insinuando beneficio personal de Sánchez por los negocios de su suegro.

Críticos sostienen que los ingresos derivados de esas saunas habrían permitido a la familia adquirir propiedades en Madrid de considerable valor. Este contraste entre el debate legislativo sobre la abolición de la prostitución y el pasado empresarial familiar ha alimentado acusaciones de incoherencia política y ha dado munición a la oposición parlamentaria.

 Lo que comenzó como una actualización técnica de una clasificación estadística ha derivado en una polémica política de gran envergadura, que mezcla razón técnica, narrativa activista y controversias familiares. Frente a la incipiente legislación abolicionista, el Ejecutivo busca preservar coherencia simbólica y avanzar en su agenda, mientras lidia con acusaciones que golpean directamente su credibilidad política y personal.

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