"Abascal: Sánchez usa a Gaza para tapar la corrupción familiar y política — «Un peligro para España»"

La política española ha sumado en las últimas horas un nuevo episodio de confrontación entre Gobierno y oposición, a raíz de la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz de desestimar los recursos presentados por David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y por el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en el caso de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.

Con este auto, ambos dirigentes —junto a otros diez implicados— quedan a las puertas del juicio oral por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias, al considerar la Sala que existen indicios suficientes sobre la posible comisión de delitos en la creación de una plaza pública supuestamente diseñada a la medida de Sánchez.

“Indicios suficientes para proseguir el procedimiento”
El auto de la Audiencia Provincial señala de manera tajante que “existen indicios suficientes expuestos por el Auto recurrido sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas y, por tanto, la consecuencia es la de proseguir el procedimiento”.

La investigación se centra en la creación de un puesto de Coordinador de Actividades entre los Conservatorios, más tarde rebautizado como Oficina de Artes Escénicas, en la Diputación pacense. Según la acusación, el proceso de diseño, denominación y funciones del puesto habría estado orientado a favorecer directamente a David Sánchez.

La Fiscalía, sin embargo, había solicitado el archivo de la causa, al entender que las pruebas presentadas eran meras conjeturas sin base sólida. Esa petición fue rechazada, lo que refuerza la posición de la instructora y allana el camino hacia la apertura de juicio oral.

Gallardo y el “fraude de ley” del aforamiento
El otro gran protagonista del caso, Miguel Ángel Gallardo, intentó escudarse en su condición de diputado regional para reclamar aforamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Sin embargo, el TSJ calificó la maniobra de “fraude de ley” y devolvió la competencia al juzgado ordinario, que mantiene la causa en el ámbito provincial.

Este revés judicial sitúa al dirigente socialista en una posición delicada, tanto en su liderazgo regional como en su proyección nacional dentro del PSOE.

Abascal eleva el tono contra Sánchez
El líder de Vox, Santiago Abascal, no ha tardado en aprovechar la coyuntura para cargar contra el presidente del Gobierno. En un mensaje publicado en la red social X, Abascal acusó a Sánchez de utilizar a los habitantes de Gaza “como escudos humanos, igual que sus socios de Hamás”, y sostuvo que lo hace para desviar la atención de los problemas judiciales que rodean a su entorno más cercano.

“Y todo para ocultar que su mujer, su hermano, su fiscal, su ministro y su número 2 están en el banquillo por su corrupción. No tiene límites. Es un peligro público”, afirmó el líder de Vox.

Aunque las palabras de Abascal han encontrado eco en sus simpatizantes, las acusaciones van más allá de lo que hasta ahora han confirmado los tribunales. Si bien es cierto que el hermano de Sánchez afronta un proceso judicial, no existen pruebas ni autos que respalden que su esposa, el fiscal general, algún ministro concreto o el número dos del Ejecutivo estén actualmente procesados por corrupción.

La dimensión política del caso
El envío a juicio oral de David Sánchez añade un elemento más de desgaste a un Gobierno que ya lidia con una oposición frontal y con un clima social y político polarizado. La defensa del hermano del presidente insiste en que el puesto fue creado con criterios técnicos y en que su contratación se ajustó a derecho, mientras que los denunciantes consideran que se trata de un ejemplo paradigmático de enchufismo institucionalizado.

El proceso judicial se prevé largo y estará marcado por una elevada carga política. De confirmarse las acusaciones, se abriría una crisis de grandes proporciones para el Ejecutivo socialista. Si, en cambio, la Justicia falla a favor de los acusados, el caso podría convertirse en un argumento del Gobierno para denunciar lo que consideran una campaña de lawfare promovida por la oposición.

Un otoño político y judicial caliente
En plena escalada de tensión en Oriente Medio y con el Gobierno implicado en la agenda internacional, el caso de la Audiencia de Badajoz añade un nuevo frente interno. Vox y el Partido Popular ya han señalado que llevarán este asunto a la arena parlamentaria para exigir explicaciones directas al presidente Sánchez.

La estrategia de Moncloa, por ahora, pasa por minimizar la repercusión del caso y confiar en que la lentitud de los procesos judiciales diluya el impacto político. No obstante, cada nuevo avance en los tribunales refuerza el discurso de la oposición y obliga al Gobierno a blindar aún más a su presidente y a su núcleo familiar.

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