“El Ejecutivo esquiva a VOX y evita explicar las relaciones económicas de Zapatero en Venezuela y China”

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha vuelto a recurrir al silencio institucional para eludir una de las cuestiones más delicadas que han llegado recientemente al Congreso de los Diputados. Ante una batería de preguntas presentadas por VOX sobre los supuestos negocios internacionales del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el Gobierno ha optado por no responder, alegando que, “por respeto institucional”, no opina ni valora la actuación de los expresidentes del Gobierno.

La respuesta, seca y carente de contenido, ha provocado críticas por parte de la oposición, que denuncia una nueva muestra de opacidad y falta de transparencia por parte del Ejecutivo. Desde VOX, consideran que el silencio de Sánchez refuerza las sospechas de connivencia política y de falta de controles efectivos sobre los antiguos dirigentes que mantienen una intensa actividad en el extranjero.

 El origen: los supuestos negocios de Zapatero en Venezuela, República Dominicana y China
La polémica se originó tras varias informaciones publicadas en distintos medios que apuntan a la existencia de documentos vinculados a Víctor de Aldama, empresario implicado en la trama Koldo-Ábalos-Cerdán, una red de presunta corrupción que afecta al entorno del exministro socialista José Luis Ábalos.

Según esas informaciones, Aldama poseería documentación relativa a operaciones internacionales en las que estaría involucrado el expresidente Zapatero, especialmente en Venezuela, República Dominicana y China. Dichas operaciones incluirían, presuntamente, negocios en el sector de hidrocarburos, así como posibles vínculos con la financiación de la Internacional Socialista, organización política que agrupa a formaciones de izquierda de todo el mundo y que Zapatero ha representado en diversos foros internacionales.

Ante esta situación, VOX decidió registrar en el Congreso una batería de preguntas escritas dirigidas al Ejecutivo. Las cuestiones buscaban aclarar si el Gobierno tenía conocimiento de estas actividades, si pensaba abrir algún tipo de investigación y, sobre todo, qué mecanismos de control existen para prevenir conflictos de interés o usos indebidos de influencia por parte de antiguos miembros del Ejecutivo.

 La respuesta del Gobierno: el silencio como norma
La contestación oficial del Gobierno, fechada recientemente, se reduce a una única frase:

“Por respeto institucional, el Gobierno no opina ni valora la actuación de los expresidentes del Gobierno.”
Con esa escueta respuesta, Moncloa evita responder a las preguntas de fondo, sin ofrecer información sobre si tiene constancia de las actividades económicas de Zapatero ni sobre si existen protocolos de control o supervisión. Tampoco aclara si el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Agencia Tributaria o el propio Consejo de Ministros han recibido informes relacionados con las actividades del exmandatario.

Fuentes parlamentarias interpretan este silencio como un blindaje político hacia una figura todavía influyente dentro del Partido Socialista. Zapatero, que gobernó entre 2004 y 2011, ha mantenido en los últimos años un papel activo en la escena internacional, especialmente como interlocutor con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y como mediador en diversos foros de la izquierda latinoamericana.

 Críticas de la oposición: “El Gobierno se protege a sí mismo”
Desde VOX, ha acusado al Ejecutivo de “ampararse en el respeto institucional para esconder la falta de rendición de cuentas”. A su juicio, “el Gobierno de Sánchez demuestra una vez más que no está dispuesto a someter a escrutinio público la actuación de quienes han ocupado responsabilidades políticas bajo las siglas del PSOE”.

El Partido Popular, aunque no fue promotor de las preguntas, también ha subrayado la necesidad de reforzar los mecanismos de control sobre los expresidentes que, tras dejar el cargo, se involucran en actividades privadas con posible repercusión internacional. “El respeto institucional no puede convertirse en un escudo de impunidad”, señalan fuentes populares.

 Zapatero, una figura de influencia internacional bajo el foco
José Luis Rodríguez Zapatero ha mantenido una agenda internacional constante desde que abandonó La Moncloa. Su relación con Venezuela ha sido particularmente controvertida: en varias ocasiones ha viajado a Caracas como mediador entre el régimen chavista y la oposición, lo que le ha granjeado críticas dentro y fuera de España.

A ello se suman sus contactos en América Latina, donde ha participado en foros y proyectos empresariales, y su papel en iniciativas relacionadas con la Internacional Socialista, de la que ha sido un activo promotor.

Sin embargo, el hecho de que su nombre aparezca tangencialmente vinculado a una trama de corrupción que afecta a figuras del entorno socialista ha reavivado las dudas sobre la falta de mecanismos de control en torno a la actividad posterior de los expresidentes. España carece de una regulación específica que limite o supervise las relaciones comerciales y diplomáticas de sus antiguos jefes de Gobierno una vez dejan el cargo.

 El debate sobre la transparencia institucional
El episodio reabre un debate recurrente en la política española: el equilibrio entre el respeto institucional y el derecho ciudadano a la transparencia. Mientras el Ejecutivo defiende su decisión como una práctica de cortesía institucional, la oposición interpreta la falta de respuestas como un intento deliberado de evadir la rendición de cuentas.

Expertos en ética pública consultados consideran que el Gobierno podría haber ofrecido una respuesta más sustantiva sin vulnerar el respeto institucional. “El silencio no es respeto; es opacidad. El respeto se demuestra explicando con claridad qué mecanismos existen para garantizar la integridad de las instituciones”, señalan fuentes académicas especializadas en derecho público.

 Un silencio que genera más preguntas
La negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a aclarar si conoce las actividades internacionales de José Luis Rodríguez Zapatero ha dejado en el aire más incógnitas de las que pretendía cerrar. Lejos de disipar las dudas, la escueta respuesta oficial ha alimentado la percepción de falta de transparencia y protección política interna dentro del PSOE.

Mientras tanto, la oposición insiste en que no se trata de cuestionar la figura de un expresidente por motivos partidistas, sino de garantizar que quienes han ostentado el máximo poder ejecutivo del país actúan con total independencia y sin aprovechar sus contactos políticos en beneficio propio o de terceros.

En un contexto marcado por escándalos de corrupción recientes, la sociedad española parece cada vez menos dispuesta a aceptar respuestas evasivas. El “respeto institucional”, esgrimido por el Gobierno como escudo, corre el riesgo de convertirse en sinónimo de mutismo político y déficit democrático.

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