Impacto España Noticias
Un año después de la riada que arrasó Valencia, las secuelas todavía se notan en las calles abiertas, en los vecinos atrapados en sus casas y en las fachadas desconchadas de miles de edificios que siguen esperando reparación. La DANA del 29 de octubre de 2024 arrasó 78 municipios, sobre todo en la conocida como «zona cero», donde el agua permaneció estancada durante días.
Doce meses después, muchas de las consecuencias estructurales siguen sin resolverse. Casi 900 kilómetros de alcantarillado han quedado inservibles, convertidos en tubos inertes colapsados por el lodo endurecido, y la red hidráulica urbana sigue completamente paralizada.
En todos estos meses, la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido siempre la misma: lentitud, burocracia y abandono. La inversión necesaria, cifrada en 450 millones de euros, no llegó hasta casi once meses después de la tragedia. La Generalidad valenciana ha tenido que recurrir a subcontratas para no perder más tiempo, porque los trámites estatales para aprobar los proyectos presentados por los ayuntamientos se eternizaron.
La reparación del alcantarillado será larga y costosa. Se estima de forma oficial en cuatro años, pero en localidades como Catarroja o Paiporta, donde la red está completamente destruida, los trabajos se prolongarán hasta siete años. El lodo se ha petrificado dentro de las tuberías, formando un tapón que ni las mangueras de presión más potentes pueden desalojar. En muchos casos, las cañerías ya no se pueden limpiar: hay que arrancarlas por completo y sustituirlas.
Todo ello obliga a abrir las calles por fases, con obras lentas, ruidosas y continuas. Además, en buena parte del subsuelo ha habido hundimientos provocados por filtraciones, lo que exige estabilizar el terreno antes de iniciar cualquier renovación. Bajo el asfalto, además, pasan redes eléctricas, líneas de telecomunicaciones y gas, lo que complica aún más las intervenciones.
El resultado es que durante los próximos años, los vecinos deberán convivir con calles levantadas, zanjas, ruido de maquinaria y, sobre todo, con un problema de fondo que persiste: la falta de capacidad de drenaje. Hoy en día, con lluvias de apenas 20 o 30 litros por metro cuadrado, muchas calles vuelven a inundarse con hasta 20 centímetros de agua. Este octubre ya ha ocurrido dos veces, incluida la tormenta Alice, que volvió a anegar tramos urbanos. Hasta que la red no se renueve, la amenaza seguirá latente.
Tampoco se han resuelto otras urgencias humanas. Más de 7.500 ascensores quedaron inutilizados tras la riada. Aunque muchos ya han sido reparados, todavía quedan 750 fuera de servicio. Lo más grave: un centenar de esos ascensores están en edificios con personas mayores, dependientes o con movilidad reducida. Algunos vecinos llevan un año sin poder salir de casa. Otros sólo pueden salir si familiares o voluntarios los bajan por escaleras o mediante rampas improvisadas.
La situación en los edificios es otro frente abierto. Más de 11.000 inmuebles resultaron dañados por la riada. Al menos 370 deberán ser demolidos por completo y otros 300 de forma parcial. Medio millar más han sido apuntalados. Las inspecciones más urgentes se realizaron en los primeros meses tras la catástrofe, pero aún faltan revisiones estructurales más a fondo. En casi un centenar de edificios se están acometiendo refuerzos para evitar riesgos en los cimientos, garajes y sótanos, debilitados por la filtración constante de agua.
Sí se han recuperado infraestructuras esenciales como carreteras, trenes, colegios o centros de salud. Pero eso no borra la evidencia más clara: el día a día de decenas de miles de personas sigue condicionado por una administración central que ha dejado a su suerte a los afectados. Un año después de una de las peores riadas en la historia de la Comunidad Valenciana, el Gobierno de Pedro Sánchez aún no ha estado a la altura de sus víctimas. Las cloacas están rotas, los ascensores parados y los vecinos, solos.
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