El Gobierno abre el procedimiento para ilegalizar la Fundación Franco y se lo notifica a la entidad
El Gobierno de España ha iniciado el procedimiento formal para solicitar ante la Justicia la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). El Ministerio de Cultura ha notificado este viernes a la entidad la apertura del expediente y el inicio del periodo de alegaciones, en el marco de un proceso que comenzó en junio de 2024 con la recopilación de información y elementos de juicio necesarios para fundamentar la medida.
El procedimiento se desarrolla bajo la supervisión del Protectorado de Fundaciones, dependiente del departamento dirigido por Ernest Urtasun.
A partir de la notificación, la fundación dispone de diez días hábiles para presentar alegaciones y aportar documentación. Concluido ese trámite, se elaborará una propuesta de resolución y se solicitará un informe a la Abogacía General del Estado antes de que el ministro de Cultura firme la resolución definitiva con la que se instará judicialmente la extinción de la entidad ante los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil.
Fuentes del Ministerio estiman que el proceso podría prolongarse al menos nueve meses, aunque la duración dependerá de la estrategia de defensa de la fundación y de las pruebas que presente.
El expediente elaborado por Cultura incluye informes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, del Registro de Fundaciones de competencia estatal y de la Abogacía del Estado.
Este último documento sostiene que una fundación puede ser extinguida si no persigue fines de interés general o si realiza apología del franquismo, exaltando el golpe de Estado de 1936 y la dictadura, o si humilla a las víctimas de ese periodo. También considera causa de extinción la incitación directa o indirecta al odio o la violencia hacia esas víctimas.
La Abogacía del Estado argumenta que, pese a que la FNFF se presenta como una entidad de carácter cultural e histórico, sus actividades demuestran lo contrario. Según el informe, la fundación afirma conservar y garantizar el acceso público al archivo personal de Franco, aunque el Ministerio de Cultura sostiene que dicho acceso no es transparente. Además, la entidad declara entre sus objetivos mantener una biblioteca de más de 2.000 volúmenes, oponerse a la Ley de Memoria Histórica y promover una visión positiva de la figura del dictador y de su régimen.
La exaltación del franquismo
La investigación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática concluye que los fines estatutarios de la FNFF se centran en la exaltación del franquismo y en la difusión de una imagen favorable del dictador, lo que contraviene la Ley de Memoria Democrática de 2022 y la Ley de Fundaciones de 2002.
El expediente también incorpora un informe del catedrático emérito de Derecho Constitucional Javier García Fernández, un estudio sobre la presencia mediática de la fundación y testimonios de víctimas del franquismo que vinculan sus actividades con la apología del régimen.
Desde Cultura se subraya la importancia de que la fundación no continúe beneficiándose de incentivos fiscales ni de ventajas en la recepción de donaciones, al tratarse de una entidad amparada por la legislación sobre fundaciones. El ministerio prevé solicitar medidas cautelares para impedir que se altere el archivo histórico o se destruyan documentos mientras se resuelve el proceso.
Asimismo, estudia emprender acciones adicionales para garantizar la protección de los materiales de carácter público en poder de la FNFF, siguiendo precedentes como el del Pazo de Meirás en A Coruña.
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