Manos Limpias denuncia en fiscalía a Paco Salazar ante el ocultamiento del PSOE

La denuncia presentada el 5 de diciembre de 2025 por el secretario general del colectivo Manos Limpias, Miguel Bernad Remón, ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, ha reavivado una crisis interna en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y ha puesto bajo escrutinio la actuación institucional ante presuntos casos de acoso sexual y abuso de poder.

La denuncia se articula en torno a una serie de acusaciones de acoso sexual atribuidas al exsecretario de Análisis y Acción Electoral del PSOE y exalto cargo del Ministerio de Presidencia, Francisco José Salazar Rodríguez, conocido en el partido como Paco Salazar.

Las acusaciones, que ya habían sido recogidas por diversos medios desde mediados de 2025, conforman un retrato inquietante que mezcla presuntos comportamientos inapropiados, jerarquía laboral, miedo a represalias y supuestas irregularidades en la gestión interna de las denuncias dentro del partido. A día de hoy, ningún tribunal ha determinado responsabilidad penal alguna, y Salazar mantiene su presunción de inocencia. Sin embargo, el impacto político y mediático continúa creciendo.

 El origen mediático: testimonios publicados por elDiario.es
El 5 de julio de 2025, el medio digital elDiario.es publicó un extenso reportaje firmado por los periodistas José Enrique Monrosi y Esther Palomera. El artículo recogía los testimonios de varias mujeres del PSOE y del complejo de La Moncloa que atribuían a Salazar comportamientos calificados como “inadecuados”, “babosos” o directamente como “acoso sexual y abuso de poder”.

Una de las fuentes, identificada bajo el nombre ficticio de “Lidia” por temor a represalias, describía un clima laboral “intimidatorio y degradante”. Según su testimonio, el entonces alto cargo habría:

Realizado comentarios sobre su vestimenta y su cuerpo.
Enviado mensajes fuera de horario laboral con invitaciones a cenar a solas.
Sugerido quedarse a dormir en su casa si se hacía tarde.
Reaccionado con represalias profesionales ante sus negativas, según explica la denunciante: reducción de responsabilidades, aislamiento laboral o pérdida de oportunidades de promoción.

El reportaje también señalaba que estos comportamientos constituían, según miembros del partido citados por elDiario.es, un “secreto a voces” que se extendía “como una mancha de aceite” en determinadas estructuras internas del PSOE.

Tras la publicación, Salazar renunció a incorporarse a la nueva dirección socialista y solicitó la apertura de una investigación interna.

 Nuevas informaciones: denuncias internas, desaparición de expedientes y más testimonios
Meses después, otros medios ampliaron la información. Onda Cero y La Razón publicaron a inicios de diciembre de 2025 versiones coincidentes: al menos dos trabajadoras habrían presentado denuncias internas ante el protocolo antiacoso del partido, aunque según estas informaciones, los expedientes habrían “desaparecido” del sistema interno por supuestos fallos informáticos.

Una de las denunciantes relató, según estas fuentes:

Un ambiente laboral “irrespirable”.
Comentarios sexuales explícitos o insinuantes en espacios de trabajo.
Desplantes, gritos en público y exclusión de reuniones cuando establecía límites.
Un equipo compuesto mayoritariamente por mujeres jóvenes que recibían comentarios sobre su aspecto o su vida íntima.
Otro testimonio citado por los medios afirmaba que Salazar llegaba a acercarse a las empleadas con conductas que ellas describían como invasivas, comentarios hipersexualizados e insinuaciones impropias en entornos profesionales.

Ninguna de estas denuncias derivó en procedimientos internos concluyentes, según las informaciones difundidas.

 La controversia institucional: ¿falló el protocolo interno del PSOE?
La denuncia presentada por Manos Limpias subraya un punto especialmente sensible: la presunta inacción del PSOE y de la Presidencia del Gobierno en la gestión de las denuncias internas.

Según publica este medio (4 de diciembre de 2025), la dirección federal socialista no tendría previsto trasladar el asunto a la Fiscalía, argumentando que desconocen la identidad de las denunciantes y no cuentan con su autorización para hacerlo. Sin embargo, sectores del feminismo socialista discrepan, señalando que, ante indicios de un posible delito, el Ministerio Fiscal podría actuar de oficio.

En paralelo, voces críticas del partido sostienen que los protocolos antiacoso deberían haber funcionado con mayor diligencia, especialmente en un caso que implicaba a un dirigente con alto nivel de influencia política.

 El marco jurídico: acoso sexual y abuso de poder
El escrito de denuncia presentado ante la Fiscalía repasa el marco legal aplicable:

Ley Orgánica 3/2007: define el acoso sexual como cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que atente contra la dignidad de la persona o cree un entorno intimidatorio u ofensivo.

Código Penal, artículo 184: tipifica el acoso sexual en el ámbito laboral, especialmente cuando se produce desde una posición de superioridad jerárquica o con promesas o amenazas relativas a la estabilidad laboral.

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que remarcan que incluso un solo episodio grave puede constituir acoso sexual si genera un entorno hostil.

Normativa nacional y europea de prevención de riesgos laborales, que obliga a empresas y administraciones a garantizar espacios de trabajo seguros.

Este repaso jurídico, incluido en la denuncia, contextualiza las acusaciones en un marco en el que el acoso sexual constituye no solo una infracción ética o disciplinaria, sino un posible delito penal.

 La denuncia formal: acusaciones contra Salazar, el PSOE y Presidencia
El escrito remitido a la Fiscalía formula dos tipos de reproches:

1. Contra Francisco José Salazar Rodríguez
Se le atribuyen, en calidad de denunciado, los presuntos comportamientos descritos en los testimonios publicados por la prensa.

2. Contra el Partido Socialista Obrero Español y la Presidencia del Gobierno
Se les acusa no de cometer acoso, sino de omisión, al no aplicar protocolos de prevención y actuación ante el acoso sexual y supuestamente permitir que los hechos quedaran sin investigar o sin registro debido a la “desaparición” de las denuncias internas.

La Fiscalía deberá ahora valorar si existen indicios suficientes para abrir diligencias penales, una decisión que definirá el futuro del caso.

 Un caso con repercusiones políticas e institucionales
El “caso Salazar” abre varias líneas de debate:

Integridad en la gestión del acoso en estructuras políticas: ¿funcionan los protocolos internos con suficiente independencia?

La posición de las denunciantes: el temor a represalias, según sus testimonios, habría sido suficiente para frenar denuncias formales.

El papel de los medios: la investigación periodística ha sido el origen de todo el proceso.
El impacto político: el PSOE se enfrenta a la presión interna y externa de aclarar cómo gestionó las denuncias.
Independientemente del desenlace judicial o fiscal, el asunto pone sobre la mesa una cuestión central: la necesidad de garantizar entornos laborales seguros y procedimientos eficaces en partidos políticos y administraciones públicas, entidades que deben ser ejemplares en la protección de derechos y la igualdad.

 A la espera de que la Fiscalía determine si abre diligencias, el caso enfrenta al PSOE a uno de los episodios internos más delicados de los últimos años. Las acusaciones, aún no probadas en sede judicial, han impulsado un debate profundo sobre cultura organizativa, prevención del acoso y transparencia institucional.

Mientras tanto, Francisco José Salazar mantiene la presunción de inocencia que le reconoce el ordenamiento jurídico, y las denunciantes, cuya identidad permanece en buena parte protegida, reclaman que sus testimonios no queden en el olvido.

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