Indra entrega al juez Peinado 38 correos entre empleados suyos y Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez
La empresa Indra, una de las que desarrolló el software para la cátedra universitaria de Begoña Gómez, ha entregado 38 correos intercambiados con la asesora de la mujer del presidente del Gobierno, Cristina Álvarez, al juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid e instructor de la causa que investiga a Gómez.
Peinado ha ordenado que los emails entregados por Indra sean analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en pos de conocer si se cometió un delito de malversación con la contratación de Cristina Álvarez como asesora, que realizó servicios en favor de los negocios privados de Begoña Gómez.
En el informe remitido a Peinado por Indra, se adjunta «como documento número uno los treinta y ocho (38) correos electrónicos localizados en los que, bien como emisora, bien como destinataria o en copia, consta Dña. Cristina Álvarez a través de las cuentas de correo electrónico xxxxxxx@presidencia.gob.es y/o xxxxxx@gmail.com».
Además, se expone que, «de acuerdo con la política de conservación de datos personales en sistemas y servicios corporativos de Indra, a fecha de la búsqueda efectuada como consecuencia de los Oficios de este Juzgado se siguen albergando en sus sistemas informáticos». Los documentos «se entregan en formato electrónico en un pendrive», tal y como se resalta en el dossier.
Indra fue una de las tres potentes empresas –las otras dos son Google y Telefónica– que desarrollaron el software para la Universidad Complutense. Sin embargo, la mujer del presidente del Gobierno registró a su nombre una marca comercial que ofrecía una plataforma prácticamente idéntica a la de la institución pública.
Por ello, el juez Peinado investiga si pudo cometer un delito de apropiación indebida y la consultora ha remitido una batería de 38 correos electrónicos que intercambió con la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, en el trasfondo de otro delito de malversación de fondos por el uso de una empleada de Presidencia del Gobierno para sus negocios privados.
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