¿Subvenciones en el Ministerio de Igualdad? Sólo para afines al régimen
Desde StopAbolicion, una asociación que no recibe un céntimo de ninguna administración, queremos expresar nuestro estupor por la modificación del reglamento para recibir subvenciones del Ministerio de Igualdad aprobada el 16 de enero de 2026 (Orden IGD/239/2022).
Toda la lucha del PSOE y paradójicamente de un gobierno cuyo presidente es incapaz de negar haber sido financiado en sus primarias por su suegro Sabiniano, empresario de puticlubs, se ha basado desde 2022 en el engaño, la propaganda en su peor versión y el filibusterismo.
Filibusterismo porque la medida de prohibir la publicidad de la prostitución nace de una votación confusa dirigida por Carmen Calvo en 2022 donde los propios participantes reconocen a la salida la confusión vivida.
Cuando esas medidas han llegado a los tribunales el Ministerio de Consumo argumenta que Europa respalda medidas abolicionistas cuando eso es radicalmente falso. Retuercen con ese proposito la resolución -no vinculante- 2022/2139(INI) del Paralmento Europeo.
Pero en estos últimos años la lucha contra la legitimidad ha tenido muchos frentes: sobre todo Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que no tienen competencias para entrometerse en un derecho fundamental como lo es la sexualidad de los ciudadanos.
La mera tramitación desde decenas de ayuntamientos gobernados por el PSOE/PSV supone un engaño al sistema democrático y a la ciudadanía. Nuestras reclamaciones judiciales están a la espera de resolución.
El ciclo se completa. Tras ignorar las voces de todas las asociaciones que formamos parte del trabajo sexual en todos los intentos legislativos, el gobierno decide de nuevo saltarse el estado de derecho para atribuirse de un plumazo la capacidad de decidir que asociaciones merecen recibir fondos. Algo radicalmente contrario a la Ley 38/2003 General de Subvenciones y que nos retrotrae al régimen de Franco.
Aprovechamos para recordar que desde el portal de transparencia se niegan a contestar sobre los importes de las campañas de "desincentivación" que financian. Estas campañas, de objetivo absurdo e impacto irrisorio, recibieron del Plan Camino de Irene Montero nada menos que 40 millones de euros.
Las empresas que las ejecutan acaban cayendo en la mentira sistemática sobre la delictividad de nuestra actividad porque no encuentran otro argumento que de sentido a lo que hacen. También recordamos que desde Transparecnia no nos saben contestar cuántas condenas por explotación sexual se dictan en España cada año.
Poca porción de la población realmente se ve afectada directamente por estos atropellos totalitarios contra la prostitución. Sin embargo hemos de recordar que los derechos sexuales han sido y serán siempre el canario en la mina de las libertades.
Lo vivido estos últimos tres años alrededor de la prostitución ha batido todas las marcas de irracionalidad, fanatismo y manipulación. La democracia es otra cosa, señora Ministra.
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