El juez desvela que Plus Ultra ocultó sus deudas para acceder al rescate de 53 millones del Gobierno
Cuando allá, por el mes de marzo de 2021 el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez aprobó la inyección de 53 millones de euros públicos a Plus Ultra Líneas Aéreas a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la SEPI, la operación se explicó como el salvavidas imprescindible para una empresa considerada «estratégica», en nuestro país, y en apuros económicos como resultado del confinamiento y de la consecuente parálisis económica que provocó la pandemia mundial de la Covid-19.
La empresa, sin embargo, conectaba Madrid con Caracas, en una única ruta y sólo tenía un avión en propiedad. Pero pese a ello, y de acuerdo con el relato institucional, merecía percibir un balón de oxígeno por valor de 53 millones de euros que, sin embargo, no se corresponde con los datos ofrecidos al respecto por el juez instructor de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, el magistrado José Luis Calama, y que ha supuesto la imputación formal del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
De acuerdo con el contenido de las páginas 24 a 26 del auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción Central número 4 de la AN, la compañía, vinculada a capital venezolano, diseñó un sistema para ocultar sus deudas previas al decreto de alarma y sortear los controles de solvencia objetiva que se exigían a todas las empresas.
Se diseñó un mecanismo para superar los requisitos de «solvencia» y «viabilidad» exigidos por el fondo de rescate (FASEE). La SEPI, por su parte, basó su decisión en los informes aportados por la propia empresa, sin una verificación externa independiente
Así las cosas, y como ya había avanzado un perito judicial, durante las pesquisas iniciadas sobre el asunto por la juez Esperanza Collazos, en los juzgados de Plaza Castilla, los directivos de Plus Ultra -con su presidente Julio Martínez Sola y el CEO Roberto Roselli, al frente- maniobraron para presentar una imagen financiera saneada ante la SEPI cuando la realidad era que la compañía estaba en «quiebra técnica» y, por lo tanto, ya era inviable, antes de la crisis del coronavirus.
La aerolínea arrastraba pérdidas estructurales incompatibles con la supervivencia económica y de ahí que, pese a los esfuerzos de sus cabecillas por acceder a varios préstamos ICO de la banca privada, necesarios como pasarela anterior al rescate, los resultados fuesen negativos.
Como consta en el auto, Plus Ultra llegó a enviar una carta al vicepresidente del banco Santander, por ejemplo, siguiendo «instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero», que no accedió a las pretensiones y rechazó conceder ningún crédito.
Ante tal escenario y bajo el lema de que «todo vale», los directivos de Plus Ultra orquestaron un entramado de documentación simulada, contratos ad hoc y maquillaje contable para ocultar sus deudas con las Administraciones Públicas, como la Seguridad Sociales, y que no estaban al corriente de sus obligaciones tributarias, por lo que en circunstancias normales y más allá de la influencia de Zapatero, por un lado, y del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, por otro, habrían hecho inviable la operación.
Así las cosas, el juez Calama desvela en su resolución cómo los responsables de Plus Ultra utilizaron «mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos», en especial a través de canales de influencia política para lograr un atajo a su solicitud y hacerlo, además, sin ser especialmente fiscalizados.
Para ello, se habría recurrido a sociedades instrumentales y estructuras offshore que permitieron a los directivos de la aerolínea triangular deudas, disfrazar pagos pendientes y presentar balances positivos que no reflejaban la verdadera carga financiera sin atender que pesaba sobre ella.
Es decir, en lugar de declarar sus compromisos de pago no atendidos con varios acreedores de origen venezolano -referidos a presuntos flujos de petcoke, oro u otros activos opacos-, los directivos de Plus Ultra optaron por una contabilidad paralela con la que se ocultó el volumen real del pasivo que permitió ensanchar los ingresos aparentes (hasta un crecimiento del 47% en 2019, el año inmediatamente anterior a la pandemia) y reducir las deudas.
Como consecuencia, el Gobierno de Pedro Sánchez, a través de su Consejo de Ministros, previa luz verde de la SEPI, autorizó la entrega de un total de 19 millones de euros, a través de un préstamo ordinario y 34 millones más, en participativo.
Un dinero público que, en realidad, y de acuerdo con las evidencias que obran en poder del juez Calama, se usaron no para asegurar la continuidad del negocio sino para atender la devolución de las deudas contraídas con varias entidades de la trama, a través de facturas de prestaciones de servicio ficticias.
«Podemos pedir ayuda a Zapatero», «vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín», «ZP nuestro pana interviene directamente mañana», «Zapa es nuestro contacto», etc.
Como consecuencia, Zapatero se embolsaría una 'mordida' principal de medio millón de euros que ascendería, en último término, hasta los dos si se suman los diferentes pagos percibidos tanto por él, como por sus dos hijas a través de la empresa de marketing digital y comunicación Whatdefav, canalizados a través de consultoras como Idella Consulenza Strategica, a su vez controlada por el empresario Julio Martínez Martínez, amigo y supuesto testaferro del expresidente
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