José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por la Audiencia Nacional por los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos, se reunió hace tres días con un emisario del PSOE que le alertó de que iba a ser imputado y de que la Policía Nacional podía practicar registros en distintas ubicaciones.
El Debate publica hoy en exclusiva detalles de ese encuentro y una imagen de la llegada del expresidente a la reunión. Este episodio vuelve a hacer planear la sospecha de que Zapatero manejaba información privilegiada sobre las pesquisas judiciales y policiales abiertas en su contra.
Tal y como ha podido saber este periódico, la reunión se produjo el pasado sábado 16 de mayo al mediodía en un reservado del hotel Santo Mauro de Madrid. Zapatero llegó pasadas las once de la mañana a bordo de un Toyota todoterreno gris escoltado por un segundo vehículo Renault oscuro, ambos adscritos al Ministerio del Interior.
La cita se prolongó durante cerca de dos horas y, durante ese tiempo, el expresidente mantuvo varios encuentros diferenciados. Uno de ellos resultó especialmente delicado porque recibió información sobre acontecimientos judiciales y policiales que terminaron produciéndose tres días después.
Uno de los interlocutores que acudió a la reunión se presentó ante Zapatero como emisario del PSOE y trasladó al expresidente que existían «muchas posibilidades» de que la Audiencia Nacional acordara su imputación en cuestión de días. También le comunicó que podían producirse registros policiales relacionados con la investigación. Según las fuentes consultadas por este periódico, la reacción de Zapatero fue de visible tensión. Durante varios segundos permaneció en silencio y tartamudeó.
Las mismas fuentes sostienen que el hecho de que el aviso procediera de una persona vinculada a Ferraz resulta especialmente relevante, ya que demuestra que dentro del partido se manejaba información sensible sobre la evolución de la causa antes incluso de que se conociera públicamente la decisión judicial. Esa circunstancia contrasta con el mensaje de sorpresa y respaldo cerrado que distintos dirigentes socialistas trasladaron este martes tras conocerse la imputación.
Fuentes próximas al entorno del expresidente reconocen además que en las horas posteriores a aquella reunión existió una intensa actividad telefónica entre distintos miembros del PSOE y personas vinculadas a la causa. En paralelo, desde Moncloa comenzó a trasladarse internamente un mensaje de cierre de filas con Zapatero y de defensa de su legado político a pesar de la gravedad de los delitos que le atribuye el juez de la Audiencia Nacional.
Este episodio adquiere todavía más relevancia porque no es la primera vez que el entorno de Zapatero aparece vinculado a movimientos compatibles con un posible conocimiento anticipado de actuaciones policiales. El Debate publicó hace meses que el expresidente se reunió en una zona aislada de El Pardo con Julio Martínez Martínez apenas 72 horas antes de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuviera al empresario en el marco de la investigación sobre Plus Ultra.
Aquel encuentro se produjo en un monte sin cobertura telefónica, con fuertes medidas de seguridad y escoltas vigilando el perímetro. Los investigadores sospechaban entonces que Martínez ya era consciente de que estaba siendo investigado y quería evitar que trascendiera su vínculo con Zapatero antes de la operación policial.
La imputación acordada ahora por el juez José Luis Calama sitúa a Zapatero en el centro de una presunta estructura internacional dedicada al tráfico de influencias y a la canalización de fondos mediante sociedades instrumentales. El auto de la Audiencia Nacional sostiene que la organización presentaba «rasgos comunes» como «creación de documentación ficticia», «canalización de fondos a través de sociedades sin actividad real», «ocultación deliberada de documentación contable y fiscal» y «uso de administradores testaferros».
La resolución judicial añade además un elemento especialmente comprometedor para el expresidente: su «intervención directa (...) en operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petcoke, oro, compraventa de acciones y divisas».
El magistrado describe a Zapatero como el supuesto dirigente de una «trama organizada de ejercicio ilícito de influencias» que operaba tanto en España como en el extranjero. Según el auto, la red mantenía contactos con operadores económicos y autoridades de Venezuela, China y Emiratos Árabes Unidos con el objetivo de influir en decisiones administrativas y facilitar operaciones financieras de gran escala.
La resolución sostiene igualmente que la organización habría obtenido importantes beneficios económicos gracias a comisiones y pagos derivados del rescate de Plus Ultra y otras operaciones internacionales.
La investigación judicial también incorpora mensajes intervenidos por la Policía en los que integrantes de la trama hablaban abiertamente de la necesidad de «llegar a Zapatero y a Ábalos» para desbloquear ayudas públicas.
En otra conversación recogida por los investigadores, uno de los implicados asumía incluso el pago de comisiones para lograr los objetivos de la organización: «Vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín». El juez considera que esos mensajes reflejan el funcionamiento interno de una red que utilizaba contactos políticos, sociedades instrumentales y operadores internacionales para obtener beneficios económicos.
La resolución incorpora además referencias directas a los ingresos obtenidos presuntamente por el entorno familiar del expresidente. Según el auto, la «red ilícita» reportó cerca de 1,9 millones de euros a Zapatero y a sus hijas mediante pagos, sociedades vinculadas y comisiones derivadas de distintas operaciones investigadas. El magistrado sostiene que parte de esos fondos se movieron a través de estructuras opacas diseñadas para dificultar la trazabilidad del dinero y ocultar el origen real de los ingresos.
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