El Supremo descarta suspender el voto a los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos'
El Tribunal Supremo no va a suspender el derecho a voto de los hijos de personas nacionalizadas por la "ley de nietos". La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha denegado las medidas cautelares solicitadas por Vox y por Iustitia Europa al considerar que no hay tiempo material de abordar este asunto ante la inminente celebración de los comicios generales del 29 de noviembre. La decisión cuenta con un voto particular y un voto concurrente de dos magistrados.
En su auto la Sala precisa que iniciar en estos momentos un proceso de revisión del CERA "resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral", como así lo ha planteado la Fiscalía y la Junta Electoral Central (JEC). Según indican, la valoración de los diferentes intereses en conflicto debe decantarse por denegar lo solicitado por los demandantes, toda vez que han planteado su pretensión a una semana de que comience la campaña electoral y a dos semanas de que puedan ejercer su derecho a voto los electores inscritos en el censo electoral de residentes que viven en el extranjero (CERA).
De conceder lo solicitado, dicen los magistrados, se podría producir una "perturbación grave de los intereses generales". De hecho, recuerdan que esta solicitud no puede equipararse a la ya adoptada relativa a la suspensión cautelar del derecho a voto de unas 163.000 personas que obtuvieron la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática de 2022. El alto tribunal explica que esta medida provisional (que implica que solo podrán votar los nacionalizados que puedan acreditar que sus ascendientes fueron exiliados políticos del franquismo) se acordó en septiembre; esto es, antes de que se conociera el anuncio del adelanto electoral y por tanto, con tiempo de antelación para abordar la cuestión.
Sin tiempo antes del 29N
Sin embargo, descarta ahora hacer extensiva esa medida cautelar a los hijos de los nacionalizados, en sintonía con lo defendido por la Abogacía General del Estado. De esta manera, protege el derecho a voto de 189.678 personas; esto es, de un colectivo incluso mayor al afectado por las medidas vigentes. Frente a la primera suspensión -que se acordó al entender que había riesgo de que se alterara el censo electoral ante una avalancha de nuevos inscritos en el CERA- en este caso la Sala "tiene serias dudas" sobre la ejecución de las medidas cautelares solicitadas.
Según explican, de acceder a la pretensión solicitada por las partes, no daría tiempo a efectuar los necesarios requerimientos a la Administración para identificar a los afectados, así como tampoco a dar traslado de las medidas acordadas al CERA o a emplazar a los interesados a que se personen a este procedimiento. "El periodo electoral restante es tan reducido que permite cuestionar la posibilidad de su ejecución en tiempo hábil, entre otros motivos porque depende de la actuación de múltiples administraciones y terceros, en términos que la Sala no puede predecir", concluye.
La decisión cuenta con el voto particular del magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero, que entiende que la suspensión del voto ahora solicitada por Iustitia Europa y por Vox sí guarda relación con el asunto troncal del procedimiento. "Resulta evidente que la sentencia futura tendrá que afrontar esa cuestión. Por tanto, si en el primer caso era necesaria la adopción de la medida cautelar para garantizar la sentencia futura, en el segundo es igualmente necesaria. Es más, es ineludible si quiere mantenerse una línea de actuación internamente cohesionada", expone el discrepante. Además, considera que esta nueva medida podía hacerse efectiva "en tiempo y en forma" y que la Administración hubiera podido llevar a cabo los trámites necesarios antes de los comicios del 29 de noviembre.
Los votos particulares
Por su parte, la magistrada María Alicia Millán expone en su voto particular concurrente que, aunque coincide con la valoración alcanzada por el resto de magistrados, es necesario enfatizar que no se puede modificar el objeto del procedimiento, que no es otro que la suspensión cautelar del derecho a voto de las personas que se nacionalizaron a través de la instrucción que dictó en octubre de 2022 Sofía Puente (entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Púbica). La misma permitió la nacionalización de familiares de ascendientes de españoles sin necesidad de acreditar el requisito del exilio político contemplado en la norma.
"No resulta, por ello, jurídicamente admisible que, una vez definida por las propias partes recurrentes la controversia litigiosa y delimitado el alcance subjetivo de las medidas solicitadas, se pretenda ahora extender sus efectos a colectivos distintos que permanecieron al margen tanto de la pretensión impugnatoria como de la cautelar. Admitir semejante ampliación supondría alterar ex post los términos objetivos y subjetivos del debate procesal y desbordar el marco sobre el que recayó el pronunciamiento cautelar, con manifiesta vulneración de los principios de contradicción, congruencia y seguridad jurídica que rigen el proceso contencioso-administrativo", reza la magistrada.
Desde Iustitia Europa defienden que el alto tribunal les reconoce la conexión de la petición con el objeto del recurso y la "relación directa" que hay entre las inscripciones de progenitores afectados por las cautelares y las de sus hijos. Al hilo, el partido que preside Luis María Pardo asegura que este asunto se tendrá que resolver en sentencia puesto que ahora no se desestima por falta de objeto, sino porque no hay tiempo material para pronunciarse.
Se mantiene la suspensión: "Ahora con mayor intensidad"
En dos autos separados, el alto tribunal desestima las alegaciones planteadas por varias asociaciones y particulares que pidieron revocar la suspensión ya acordada por el alto tribunal. "Ahora con mayor intensidad, después de conocer la relación nominal de las personas que aparecen afectadas por las medidas cautelares acordadas en nuestros autos anteriores, su considerable cifra y las presuntas irregularidades con que, aparentemente, han podido acceder al CERA", razonan.
Además, inciden en que la mera condición de nacional español "no habilita automáticamente al ejercicio del derecho al voto", sino que se deben cumplir los requisitos que marca la ley. "La conformación del censo electoral, limpio de toda sospecha o indicio fundado de irregularidad en su composición, constituye un pilar básico del sistema democrático. Lo hemos dicho con reiteración en los autos anteriores y ahora nos vemos nuevamente obligados a recordarlo.
El elector que acuda a una mesa de votación debe ser consciente de que, además de reunir él las condiciones y exigencias requeridas por el legislador para ejercer su derecho a voto, debe tener, también, la conciencia de que todos los demás concurrentes al proceso electoral se hallan en el mismo nivel de cumplimiento de las exigencias legales", exponen.
Por ello la Sala Tercera concluye que si se permite el ejercicio del voto a aquellas personas sobre las que existen sospechas fundadas de que no están en las mismas condiciones de igualdad que los otros electores, se estará afectando al valor fundamental para la vigencia de los principios democráticos como es el de la limpieza del proceso electoral", concluyen.
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