En un reciente artículo, el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Princeton, Jan-Werner Mueller, replantea la vieja cuestión de la democracia militante, es decir, si una democracia puede valerse de métodos antidemocráticos para defenderse de los que quieren destruirla. Este es un tema fuertemente sensible en algunos países, por ejemplo, en Alemania, debido a su oscuro pasado nazi.

De hecho, la Ley Fundamental alemana contempla la posibilidad de que los tribunales priven de derechos políticos a un individuo o prohíban un partido si constituyen una seria amenaza para el sistema democrático. Mueller alude a dos casos concretos actuales, el de Donald Trump en Estados Unidos y el de Björn Höcke, líder en Turingia de Alternativa para Alemania, la formación de ultraderecha que encabeza las encuestas de cara a las próximas elecciones en este land.

 Los contrarios a este tipo de cautelas constitucionales argumentan que si los elementos antidemocráticos son minoría no representan un peligro y si alcanzan la mayoría, diga lo que diga el orden jurídico, es imposible pararlos. Los partidarios de la democracia militante afirman, en cambio, que, si existen mecanismos legales para neutralizar preventivamente a los totalitarios, éstos nunca llegarán a dominar la sociedad.

Es oportuno recordar la frase de Goebbels: “Siempre quedará como una de las mejores ironías de la democracia que dio a sus peores enemigos los medios para liquidarla”. Sin duda, sabía de lo que hablaba.

 Si hablamos de Trump, dos estados, Colorado y Maine, ya le han vetado como candidato a las presidenciales en base a la décimo cuarta enmienda de la constitución estadounidense y el asunto deberá ser resuelto en último término por el Tribunal Supremo. La ilegalización del partido republicano en un sistema bipartidista como el norteamericano es simplemente impensable.

En cuanto a Alternativa para Alemania, cuenta ya con un 20% de expectativa de voto a nivel nacional y su disolución crearía un terremoto social que haría el remedio peor que la enfermedad. Otra cosa sería declarar a Björn Höcke inelegible a título individual basándose en sus reiterados pronunciamientos públicos, indiferentes a cualquier advertencia, en favor de políticas incompatibles con el Derecho de la Unión Europea y con los principios democráticos básicos. Esta sí sería una actuación factible en el marco constitucional germano.

 Estas consideraciones sobre situaciones foráneas son oportunas a la luz del presente embrollo en España, donde un Gobierno irresponsable se ha aliado con opciones electorales que tienen como objetivo confeso el acabar con la Nación y el orden jurídico vigente. La ley de leyes de 1978 no configura una democracia militante porque en la Transición sus redactores quisieron mostrarse especialmente tolerantes y dejar patente su confianza en la sensatez de la ciudadanía y en el sentido de Estado y el patriotismo de la clase política futura.

Por desgracia, pecaron de un optimismo injustificado y quizá un conocimiento más profundo de nuestra historia de los siglos XIX y XX les habría hecho ser algo más precavidos. La ingenua idea de que dándoles a los nacionalistas catalanes y vascos un parlamento, un gobierno, una bandera, un himno, un día de la patria, una lengua cooficial, competencias exclusivas y amplios poderes legislativos en áreas determinantes de la gestión pública, entre ellas -error fatal- la educación, y bula para robar a mansalva, serían leales al proyecto común, la estamos pagando muy cara.

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 Lo que los constituyentes nunca pudieron imaginar es que el PSOE, uno de los dos pilares de la arquitectura institucional del país, cayera en manos de un ególatra carente de cualquier escrúpulo moral y dispuesto a poner en almoneda la Nación con tal de habitar en La Moncloa.

Hay que reconocer que la posibilidad de que los separatistas se salieran de madre quedaba neutralizada por su magro peso electoral a nivel nacional, pero si su rebelión coincidía con un Gobierno central presto a darles satisfacción en todas sus delirantes demandas a cambio de apoyo en el Congreso, como está sucediendo en estos días aciagos, entonces el desastre era imparable.

No se les puede reprochar demasiado a los prohombres que diseñaron nuestro sistema constitucional que no previeran que un individuo de las características de Pedro Sánchez llegase a la jefatura del Ejecutivo porque se trata de un ejemplar realmente singular en su maldad y en su narcisismo compulsivo. Sin embargo, lo más terrible, por improbable que parezca, puede llegar a ocurrir, ha ocurrido y estamos como estamos.

 Llegados a este punto, no sería descabellado empezar a considerar el recurso al artículo 102 de la Constitución. El Grupo Popular cuenta con escaños más que suficientes para activarlo y aunque la mayoría socialista-comunista-separatista-etarra impediría que prosperase, el efecto de concienciación y de alerta sobre un cuerpo electoral aletargado y sobre la opinión internacional es digno de ser valorado. A grandes males, grandes remedios.

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