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El gobierno de extrema izquierda de Canadá está tomando medidas para introducir nuevos poderes draconianos que permitan a las autoridades comenzar a encarcelar a ciudadanos que “podrían” cometer un delito.
El gabinete controlado por el Foro Económico Mundial del primer ministro Justin Trudeau está presionando para que se establezca una nueva autoridad “pre-crimen” que, según los funcionarios, ayudará a abordar los llamados “crímenes de odio”.
Los nuevos poderes están enterrados en el “Proyecto de ley sobre daños en línea” de Trudeau, que se espera que pronto se convierta en ley, informa el Daily Telegraph .
El “Proyecto de ley sobre daños en línea” está diseñado para reprimir cualquier oposición a la agenda del gobernante Partido Liberal de Trudeau.
Una de las medidas del proyecto de ley otorgaría a los jueces el poder de encarcelar a personas si creen que “podrían” cometer un delito en el futuro.
Para supuestamente detener un “crimen de odio”, los jueces podrán poner a los ciudadanos bajo arresto domiciliario y obligarlos a usar una etiqueta electrónica.
Aunque el proyecto de ley incluye medidas drásticas contra cuestiones como la pornografía infantil, gran parte de su lenguaje gira en torno a la lucha contra el llamado “discurso de odio”.
El ministro de Justicia canadiense, Arif Virani, declaró que la legislación podría desempeñar un papel “muy importante” a la hora de prevenir las críticas a las minorías.
“Si hay un miedo genuino a una escalada, entonces un individuo o grupo podría presentarse y buscar un vínculo de paz contra ellos y evitar que hagan ciertas cosas”, explicó Virani.
“Eso ayudaría a desradicalizar a las personas que aprenden cosas en línea y se comportan en el mundo real de manera violenta, a veces fatal.
“Lo que es realmente crítico es que le da al juez una maravillosa variedad de sentencias”, continuó.
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“Este no es un mínimo obligatorio de cadena perpetua, es simplemente un rango más amplio, que incluye lo que sería la sentencia máxima”.
Según las medidas propuestas en el proyecto de ley C-63, que se dio a conocer por primera vez el mes pasado, aquellos declarados culpables de tales delitos también podrían enfrentar cadena perpetua .
La legislación también implica la creación de una Comisión de Seguridad Digital.
La comisión tendrá la tarea de hacer cumplir las regulaciones y garantizar que las plataformas en línea cumplan con todas las reglas.
También establecerá el papel de un Defensor del Pueblo de Seguridad Digital.
El nuevo rol será responsable de “defender los intereses de los usuarios, ofrecer apoyo y emitir recomendaciones tanto a las plataformas de redes sociales como a los organismos gubernamentales”.
El mes pasado, el líder de la oposición canadiense Pierre Poilievre expresó su oposición al proyecto de ley.
Poilievre, líder del Partido Conservador, argumentó que el proyecto de ley equivale a censura.
En un comunicado, Poilievre dijo:
“Estos actos graves deberían ser criminalizados, investigados por la policía, juzgados y castigados con cárcel, no relegados a una nueva burocracia que no hace nada para prevenir los crímenes y no ofrece justicia a las víctimas”.
“Nosotros no creemos que el gobierno deba prohibir opiniones que contradicen la ideología radical del Primer Ministro”, añadió.
La noticia llega en medio de la controversia sobre otra nueva ley canadiense que busca criminalizar el cristianismo.
El gobierno canadiense está presionando para ampliar aún más sus llamadas leyes de “discurso de odio” para incluir también elementos clave de la fe cristiana.
La administración de Trudeau está planeando que la lectura de la Biblia y la oración se consideren “discurso de odio”, un “crimen” castigado con penas de prisión.
Bajo Trudeau, un joven líder mundial del FEM , el gobierno está introduciendo una enmienda al Código Penal.
La enmienda podría hacer que los creyentes enfrenten penas de cárcel por expresar enseñanzas cristianas históricas.
La legislación, Proyecto de Ley C-367, hará ilegal reiterar ciertas partes de la Biblia.
Al eliminar la defensa de la “buena fe”, el gobierno podrá procesar a los cristianos por lo que el Estado globalista considera “discurso de odio”.
Las prácticas cristianas tradicionales, como celebrar la Navidad o asistir a servicios religiosos, se considerarán delitos que conllevan penas severas.
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