Cuando varios funcionarios españoles atacaron gravemente a Javier Milei (al que calificaron desde drogadicto hasta fascista), el gobierno argentino actual no consideró al asunto relevante. Bajo ningún punto de vista la cuestión llegó hasta el orden diplomático y las relaciones entre estos países (que es algo mucho más importante que la de ambos gobiernos) siguió normalmente.
Sin embargo, cuando el mandatario libertario hizo una aparente referencia a lo que sucedió con Pedro Sánchez, que amagó a renunciar luego de un supuesto caso de tráfico de influencias en el seno de su familia, las autoridades españolas pusieron el grito en el cielo.
Hasta amenazan con retirar la representación diplomática en Buenos Aires si Milei no se retracta. Claro que pueden proceder, ya que eso no sucederá bajo ningún punto de vista.
Sin embargo, como pasa con los eventos coyunturales, más allá de los episodios concretos, siempre hay cosas de fondo para analizar de mayor relevancia. En este caso, una vez más, aparece la cuestión de la corrupción vinculada a los gobiernos estatistas, que concentran prerrogativas y privilegios en su burocracia, que tarde o temprano utilizan en favor propio.
No es casual que el kirchnerismo, que llevó al estatismo a niveles estratosféricos, haya sido un proceso absolutamente corrupto. El Estado pasó de ser una entidad que cometía delitos de corrupción para convertirse en una maquinaria que llegó a tener a la corrupción como un fin en sí mismo. Ya no se pedían solamente coimas a las empresas por favores políticos, sino que los más importantes empresarios eran los testaferros del poder central.
Más allá del caso concreto de la esposa de Sánchez, el funcionamiento de los incentivos naturales indica que los procesos políticos que concentran poder y arbitrariedad, desencadenan necesariamente en la corrupción y en el tráfico de influencias.
Aunque ocurrieron cosas mucho más graves durante la última gestión kirchnerista, la debacle del gobierno Alberto Fernández, socio internacional del presidente español, también tuvo que ver con un escándalo vinculado a las acciones de la primera dama de un mandatario completamente hipócrita.
La fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez durante el encierro de la cuarentena es el resultado de lo ineludible. Si se pudiera poner una lupa a todas las acciones que suceden alrededor de la pareja presidencial española, seguramente encontraremos varias cuestiones que generarían la indignación del electorado.
Claro que esto corre para todos los gobernantes que consideran que la burocracia debe tener prerrogativas que el resto de la ciudadanía no. Casi siempre los encontramos alrededor de la centroizquierda del espectro político.
Aunque la política tradicional, que cuida más las formas que el fondo de las cuestiones, se rasgue las vestiduras hablando de combatir la corrupción y los privilegios, el único modelo que fomenta la transparencia es el del Estado pequeño.
Justamente, el formato gubernamental con el que no quieren saber nada ni los Alberto Fernández ni los Pedro Sánchez.
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